El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en un momento político e históricamente complejo, ha anunciado la no renovación del mandato a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en septiembre de 2019.
Es indudable que, en el contexto histórico guatemalteco del segundo semestre del 2018, hay grandes protagonistas. De todos ellos, el de mayor exposición pública y política es la Cicig.
Sin embargo, y antes de pasar a los hechos, hay que comprender la razón por la cual la Cicig ha intervenido en el país de la manera que lo hace. La existencia de la Cicig es el mayor reconocimiento a la incapacidad de la sociedad guatemalteca para luchar contra las estructuras paralelas de poder que afectan al gobierno y a los intereses nacionales. Desde la perspectiva política, trabajar con la comisión implicó en sus primeros momentos un ejercicio de laboratorio para el país y, a lo largo de su existencia, en especial desde el 2015, un modelo que permite la intervención de la comunidad internacional desde una perspectiva mucho más institucional y abierta, apoyada por el marco legal del país, que acepta este modelo de respaldo. Todo esto observado desde una óptica fría y pragmática, que no incluye mis juicios de valor sobre si el trabajo ha sido correctamente desarrollado o si ha derivado en excesos donde se haya caído en la tentación de judicializar la política o politizar la justicia.
Lo ocurrido en Guatemala, con una convulsión social sin precedentes en el siglo XXI, y en diversos ámbitos ajenos a la Cicig, como en lo político, legal y diplomático me lleva a una interpretación arriesgada si se quiere, del papel de CICIG que, ha utilizado esas circunstancias para presentar un modelo profundamente actualizado y sólidamente planteado para desarrollar una nueva forma de intervencionismo, sin armas, pero con respaldo de la comunidad internacional, tanto es así que ningún otro gobierno ha aceptado firmar un acuerdo similar que le otorga a este tipo de para-organismo poderes prácticamente ilimitados.
Es evidente que hay una crítica creciente a Cicig que se debe a la flexibilidad que el sistema legal adopta para favorecer el trabajo de esta entidad, aun vulnerando preceptos procesales. Las críticas se alimentan con casos paradigmáticos que se conocen dentro de la comunidad de abogados, pero que no tienen eco a nivel social, porque son secretos a voces que pocos se atreven a sustentar en el ámbito público.
El juicio histórico a la Cicig no se puede hacer objetivamente en esta época. Hay justificaciones de diversos matices para el apoyo y crítica a la Comisión. Por un lado, se señala el cambio que trajo a la forma de vivir en Guatemala, pues hoy se ha demostrado que el poder no es más sinónimo de impunidad y eso es positivo, pero desde el otro extremo del análisis, se critica acremente la jurisprudencia que se ha establecido a partir de los errores de los tribunales ante el Código Procesal, todo en beneficio del trabajo de la Comisión. Incluso hay analistas dignos de todo crédito que le señalan serias violaciones al orden constitucional guatemalteco, lo cual no es y no será algo fácil de digerir y olvidar.
Las consecuencias de esta sacudida del sistema aún son incalculables. El país cayó en un bache profundo donde la espiral de la violencia, el desempleo y la desarticulación institucional han desplazado en el escenario mediático y en la mente de los ciudadanos al proceso de lucha contra la corrupción.
La Cicig ha puesto al descubierto un momento histórico difícil de comprender: vivimos ante el decaimiento de la autoestima nacional ante los problemas cotidianos. El guatemalteco se siente incapaz de resolver sus crisis y se siente a la deriva, sin más esperanza que lo casuístico.
El efecto que esto pueda tener en el futuro cercano es aún impredecible y será necesario evaluar, en el momento oportuno, si valió la pena ser una vez más el laboratorio social y político para un ensayo que está teniendo consecuencias, a corto y medio plazo, devastadoras para la sociedad y sus necesidades aún insatisfechas, que no se limitan a la sed de justicia, sino que tienen que ver con su realidad miserable, fomentada por la ignorancia, el hambre y la falta de oportunidades, en una agenda social desatendida por una dirigencia amplia no solo política, que es dueña de una mediocridad muy vergonzosa.
Termino a manera de reflexión con una afirmación y una pregunta formulada públicamente hace unas semanas por el médico guatemalteco Francisco Arredondo
De los 193 países miembros de la ONU, Guatemala no es el único donde existe la corrupción ni funcionan grupos clandestinos, pero si el único donde existe un ente interventor de su sistema de justicia como la Cicig.
¿Significa esto que en los otros 192 países no se tienen los medios para combatir la corrupción y los grupos clandestinos? ¿Cómo logran esas 192 naciones aplicar la ley sin una Cicig y por qué no han adoptado el modelo de intervención que representa Cicig?
Hasta la próxima.
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