A través de un exhaustivo análisis del proceso de votación, el Observatorio Electoral Venezolano, precisó que fueron 5 las irregularidades que desmoronaron la elección presidencial en Bolivia, donde habría sido reelecto Evo Morales.
Destacan que el papel de la observación electoral ha sido clave en el país latinoamericano. Después de que el 10 de noviembre fuera divulgado el informe preliminar de la Misión de observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), que cuestionaba la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre, Evo Morales tuvo que convocar a nuevos comicios, sin fecha. Una decisión, al parecer, insuficiente. Presionado por las Fuerzas Armadas y la Policía, renunció al poder ese mismo domingo, luego de casi 14 años en ejercicio de la Presidencia.
Al analizar cuatro elementos (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas), la auditoría de la MOE-OEA encontró irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, si bien les resulta posible que Morales haya quedado en primer lugar y Carlos Mesa en segundo, concluyeron que es improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta.
Sistemas de Transmisión
Sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), como se llama al conteo rápido: no es posible dar certeza de los resultados.
El flujo de datos de la transcripción de los resultados fue interrumpido sin motivo la noche electoral. La auditoría determinó que el TREP fue redirigido a otro servidor que no pertenecía a los previstos. No era controlado por la empresa auditora, ni por funcionarios del Servicio de Registro Cívico, ni por técnicos electorales, sino por alguien externo.
El responsable técnico de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información le reconoció a la MOE-OEA saber de la existencia de ese otro servidor.
No existe un documento con el ciclo de vida del incidente de interrupción del TREP, que describa lo ocurrido y establezca la causa raíz. Igualmente, se recibieron actas de votación con fechas que no estaban dentro del ciclo de vida del TREP.
Computo oficial
Sobre el Cómputo Oficial, como se llama al resultado definitivo: no es posible garantizar la integridad de los datos.
La auditoría determinó que este proceso estuvo reñido con las buenas prácticas y que no se respetaron los estándares de seguridad. La empresa auditora del proceso le reconoció a la MOE-OEA las vulnerabilidades e irregularidades.
No hubo pruebas formales al software, la autenticación (control de seguridad para acceder al sistema) era débil y permitía a alguien tomar control con roles de administración.
El ambiente digital estéril para el inicio del proceso no fue contemplado: en los computadores de La Paz observaron la existencia de datos de prueba previos al 20-O (por ejemplo, actas) que no habían sido borrados, mezcladas con actas del día de la elección.
Como explica el Observatorio en el Boletín OEV 29, uno es el proceso del TREP y otro el del Cómputo Oficial. No debía haber transferencia directa de datos entre uno y otro, porque la finalidad era cotejar luego la consistencia de datos entre ambos. Pero la auditoría encontró 1.575 actas del TREP ingresadas indebidamente al Cómputo Oficial.
Lo anterior corresponde a un aproximado de 350.000 votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40.000. Por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado.
Por otra parte, se accedió durante el proceso directamente a modificar datos de la Base de Datos (mediante sentencias SQL, que permiten cambiar datos sin utilizar la aplicación del TREP). Esto es algo inaceptable en un proceso electoral y pone en riesgo la integridad de los datos. Una de las razones por las que accedieron de esta forma, fue la necesidad de desanular actas (según sus palabras), dice la MOE-OEA.
Falsificación de firmas y alteración de actas
Los técnicos de la OEA realizaron un análisis pericial caligráfico de 333 actas cuestionadas. Seleccionaron mesas en las que el MAS, partido de Morales, obtuvo el 99% de los votos y las mesas consecutivas, es decir, las del mismo centro de votación.
Concluyeron que 78 actas (23% de la muestra) presentaban irregularidades. En algunos casos, verificaron que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona. En ocasiones, constataron que esa persona era el representante del partido MAS acreditado como delegado en el centro. Se encontraron, asimismo, varias actas en las que el partido oficialista obtenía el 100% de los votos.
Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible. Detectaron mesas en las que las firmas del acta original no correspondían con las firmas de las copias. Cotejaron las firmas de los jurados que figuraban en las actas y las de las hojas de trabajo, lo que permitió detectar casos en los que las firmas en actas de trabajo de los seis jurados, habían sido falsificadas.
De 176 actas de una muestra estadística que habían sido escrutadas en Argentina, el 38,07% presentaba inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron: las actas reflejaban un número mayor de votos que el total en las listas de electores.
Cadena de custodia: deficiente
Según el OEV la auditoría determinó que no existen los controles necesarios de cadena de custodia del material electoral sensible. El hecho de que hayan existido actas electorales quemadas evidencia la falta de resguardo, de previsiones adecuadas y poca coordinación de los Tribunales Electorales Departamentales con las fuerzas de seguridad.
Dado que en Bolivia no existe la posibilidad de recuento de votos, el resguardo de las actas electorales es un aspecto crítico para dar garantías al proceso electoral. La autoridad electoral no llevó registros que permitieran la trazabilidad de los documentos, en los varios casos de traslado de material.
Tendencia improbable
La auditoría analizó tanto los datos del TREP como los del Cómputo Oficial y determinó dos momentos de especial interés: 1) El momento en que el procesamiento de actas alcanza el 81%, minutos antes de que el árbitro electoral dejara de reportar avances en el conteo. Este es el momento en que se carga un número anormal de actas al sistema TREP provenientes de un servidor desconocido. 2) Cuando el procesamiento de actas del TREP alcanza el 95%; claramente, el último 5% de la votación acumulada fue a favor del MAS.
En el último 5% del cómputo fueron contabilizados 290.402 votos. De estos, Morales ganó 175.670 (60.5%), mientras Mesa obtuvo 69.199 votos (23,8%). En otras palabras, en el último 5% de votación, Morales incrementa el promedio de votación en un 15% comparado con el 95% anterior, mientras Mesa cae en una proporción prácticamente igual. Este comportamiento es muy inusual, señala la MOE-OEA.
¿Cómo hicieron la auditoría?
El 30 de octubre la OEA y el Gobierno de Bolivia acordaron una auditoría vinculante a las cuestionadas elecciones del 20 de octubre: se conformó un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, quienes comenzaron sus actividades el 1 de noviembre y todavía no las terminan, puesto que el informe del 10 de noviembre es parcial. El equipo ha recibido más de 250 denuncias sobre el proceso.
El análisis de integridad electoral tuvo por objetivo conocer en detalle el funcionamiento de los procesos involucrados en el conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, el cómputo oficial y la cadena de custodia de material electoral, para -a partir de ello- verificar la integridad y confiabilidad de los resultados electorales.
Los técnicos de la OEA contaron con la necesaria información y accesos para poder realizar su trabajo.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral y otros 35 funcionarios están detenidos. Antes de consumar su asilo político en México, ya Evo Morales había anunciado la destitución de las autoridades electorales. Al margen de las denuncias de fraude, el ahora expresidente insiste en la tesis de un golpe cívico, político y policial.
La segunda vicepresidente del senado, Jeanine Áñez, reconocida como presidenta interina por el mismo Tribunal Constitucional que antes le permitió a Morales volver a presentarse como candidato a pesar del No del referéndum, tiene 90 días para convocar una nueva elección.
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