En la sesión del martes 3 de diciembre, la Asamblea Nacional decidió diferir el punto para aprobar la Ley de asistencia financiera a la emergencia eléctrica humanitaria, debido a la falta de consenso entre factores de la oposición en el parlamento, según el diputado Enrique Márquez quien propuso el aplazamiento.
En una nota de la agencia Associated Press (AP), del periodista Joshua Goodman, señalan que la propuesta, que incluye la ayuda y supervisión de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Pnud, está resultando ser una papa caliente política para los opositores de Nicolás Maduro.
Los promotores del proyecto acusan a los intransigentes de la oposición de jugar a la política con la crisis humanitaria de Venezuela mientras ignoran la difícil situación de millones de venezolanos que exigen soluciones urgentes a las dificultades cotidianas a medida que la lucha para eliminar a Maduro se prolonga, detalla el escrito de Goodman.
«No podemos condenar a millones de venezolanos a la vida sin poder mientras esperamos que Maduro renuncie al poder», dijo Oscar Rondero, legislador opositor del estado de Nueva Esparta, uno de los más afectados por los apagones.
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El acuerdo de préstamo propuesto con la CAF, cuenta con el respaldo de Maduro, pero aún requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. El financiamiento se utilizaría para volver a conectar 1.206 megavatios de energía, aproximadamente la mitad de su producción actual de instalaciones que funcionan con diesel y gas, en cuatro áreas afectadas y generadores de respaldo para hospitales en todo el país.
La propuesta pone a la oposición, que considera que la administración de Maduro es corrupta e ilegítima, en una situación difícil, dijo el experto David Smile, consultado por AP.
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La falta de consenso pone al descubierto las divisiones en la oposición, que se han profundizado al no conseguir los objetivos propuestos en enero para sacar a Maduro de Miraflores con el apoyo de Estados Unidos.
«Apoyarlo requeriría un reconocimiento tácito del gobierno de Maduro», dijo Smilde a la AP, quien también es miembro de la Oficina de Washington para América Latina. «Pero oponerse significaría negar a los venezolanos una oportunidad significativa para mejorar las terribles condiciones en las que viven».
Para abordar esas inquietudes, la agencia de desarrollo de la ONU sería responsable de administrar el financiamiento en conjunto con una junta independiente compuesta por representantes de Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó. No se proporcionarían fondos directamente a la empresa estatal Corpoelec, que es administrada por los leales de Maduro y a la que se culpa ampliamente por el colapso de la red.
Si se aprueba, Smilde dice que podría ayudar a fomentar una cooperación más estrecha entre las dos partes enemistadas para detener una crisis que ha llevado a más de 4,6 millones de venezolanos a huir del país, incluido el apoyo a un acuerdo de «petróleo por alimentos» que los legisladores están promoviendo cada vez más. y analistas, explica el reporte de Goodman.
Destaca que aún así, para algunos en la oposición, cualquier intento de cooperación con Maduro para abordar la crisis humanitaria del país, aunque sea modesto, huele a traición.
La propuesta de préstamo data de marzo, cuando legisladores de la oposición se reunieron con parlamentarios del chavismo en un foro del Grupo de Boston.
Guaidó, quien lidera el Congreso y es reconocido como el presidente legítimo de Venezuela por más de 50 países, incluido Estados Unidos, aún no ha comentado públicamente sobre el debate.
Pero Rondero dijo que los miembros de su partido de Voluntad Popular han expresado sus dudas, mientras que el Primero Justicia, que controla el bloque más grande en el hemiciclo, se opone abiertamente al proyecto de ley.
Al eliminar un debate programado sobre el acuerdo de préstamo de la sesión legislativa del martes, el legislador Enrique Márquez dijo que se necesitaba más tiempo para llegar a un consenso.