Le preguntaba a un amigo qué le parecía la noticia de que el ex Presidente catalán, Artur Mas, haya sido condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia al convocar la consulta del 9N pese a las advertencias del Tribunal Constitucional. Y este amigo me contestó con algo que parece que va a ser el tono de la justicia española y la condición de los que se someten a su juicio: ha sido condenadito, esto es un cachondeo.
Condenadito, como Iñaki Urdangarin, el yerno del Rey emérito y cuñado del Rey vigente y como Rodrigo Rato y Miguel Blesa, que no van a pisar, por ahora, la cárcel. Hay cosas, gentes, con las que la justicia no se atreve en España, y parece que nos ha nacido un nuevo caso.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), además de condenar a Artur Mas a dos años de inhabilitación para ocupar un cargo público le impone una multa de 36.500 euros. También condena a la ex vicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la ex consejera Irene Rigau a un año y seis meses de inhabilitación. Todos por desobediencia. El tribunal considera que los tres no cumplieron la suspensión del Tribunal Constitucional y permitieron la celebración de la consulta del 9N. Eso sí, el TSJC les ha absuelto del delito de prevaricación.
El tribunal destaca que «no se ha sometido a juicio ni la convocatoria del proceso participativo realizada por el presidente de la Generalitat el día 14 de octubre, ni tampoco la colocación de las urnas el día 9 de noviembre, sino exclusivamente la desobediencia a la orden de suspensión emanada de la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014».
Es decir, que ante la gravedad penal de unos hechos se le quita hierro al asunto dejando el tema en paja. Pero con una condena, para mantener cerradas las bocas que pedían justicia. Es como lo de la Infanta Cristina, que parece ser que recurrirá al Tribunal Supremo para salvar su honra, para que quede meridianamente claro que nunca debió ser juzgada, para inhabilitar al que ya está muerto, el sindicato Manos Limpias, que fue la parte acusadora que consiguió sentar a la realeza en el banquillo.
Veremos en qué acaba todo esto de las condenas ejemplarizantes, porque Pantoja hemos tenido una. Ninguna de las que estamos viendo servirán para afianzar nuestra fe en los jueces y su imparcialidad. Porque hemos escuchado muchas veces últimamente el canto de nos someten a muchas presiones en los casos más politizados, decía recientemente un juez apartado de la carrera. Ahí está la lista negra, en la que figuran Baltasar Garzón, Elpidio Silva, José Castro, Pablo Ruz, Santiago Vidal, Mercedes Alaya, Eloy Velasco. Estos nombres representan la realidad de que el Poder Judicial ya no está al servicio de la Justicia sino a merced de los políticos y las clases gobernantes.
Volvamos al ex president Artur Mas, que se queda en casa sin posibilidades de nada durante esos dos años. Ya puede recurrir y clamar al cielo, pero no podrá presentarte a ningún proceso electoral porque la Ley Electoral declara inelegibles a los condenados por sentencia, aunque no sea firme en los casos de delitos contra la Administración Pública. Y este es el caso. Lejos de mostrarse confundido, Mas salió sonriente a una rueda prensa en la que advirtió que no se quedará quieto y que llevará el caso más allá de nuestras fronteras, que por ahora son las suyas también: En realidad tenemos muy pocas esperanzas de que los tribunales de Madrid corrijan esta setencia. Por suerte, esto no se acaba en España, sino en el corazón de Europa: Estrasburgo. Y tampoco se muestra arrepentido, por supuesto: Volveríamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Somos demócratas porque escuchamos a la gente, ha dicho.
Mientras tanto, y en medio de una consideración general de todos los partidos de que la condena ha sido suave, Pablo Echenique, de Podemos, considera que no se puede condenar a nadie por poner urnas. Versión simplista de la causa. Habrá que escucharle si algún día llega al poder.
Y ya que hemos acuñado este término de condenaditos no me digan que no tienen ganas de saber en qué se va a convertir la familia Pujol cuando alguien se tome de verdad la molestia de hincarles el diente.
Ya lo dijo Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial: la Ley está pensada para el robagallinas.