El cuestionable proceso electoral que se gesta en Guatemala sufrió esta semana un nuevo embate. Los tribunales de justicia ordenaron la captura de la exfiscal general y aspirante a la presidencia, Thelma Aldana, bajo acusaciones vinculadas a crímenes de orden común. Casi 24 horas después de que las fuerzas de seguridad recibieron esa instrucción, el Tribunal Electoral autorizó su inscripción como candidata a la primera magistratura de la nación.
El proceso judicial contra la señora Aldana comenzó antes de que la beneficiara la inmunidad que el proceso electoral otorga a los candidatos. Por tanto, la confusión y cuestionamientos a la candidatura en cuestión es uno más de los puntos que está atentando contra el endeble proceso electoral guatemalteco.
Desde hace varias semanas se veía venir algo extraño en torno a la candidatura de la señora Aldana. Ella gestionó con aparente éxito ante los tribunales la suspensión de las investigaciones que comenzaron hace varios meses en su contra por delitos comunes similares a los que le sirvieron para procesar a empresarios y figuras públicas que podían competir con su candidatura. Esta acción para inhibir a la justicia fue duramente criticada en las redes sociales, las cuales a falta de objetividad en los medios masivos tradicionales, se han convertido en una fuente que con sus bemoles, está nutriendo de detalles a los electores y analistas guatemaltecos. Se criticaba entonces que ella, así como otras personas, pretendían evadir los procesos judiciales invocando argumentos que les concedían privilegios ilegítimos e ilegales.
Llama a reflexión la intencionalidad de esta ex funcionaria que, a sabiendas que hay procesos judiciales por delitos comunes no vinculados con lo político, busca desesperadamente la inmunidad que un proceso electoral concede los ciudadanos que pretenden servir al pueblo desde cargos de elección popular.
La argucia de alegar persecución política se convierte en el eje central de análisis en caso de la señora Aldana, por que es claro que no hay tal persecución. Sobre ella pesan contrataciones ilegales que hizo de asesores para garantizarse impunidad en Washington. Violó ella las normas internas de la fiscalía de la nación asumiendo que jamás debería rendir cuentas sobre este vergonzoso incidente que es investigado en lo penal. Algo similar ocurre con la aparente compra sobrevalorada de un edificio en la capital guatemalteca y que se entiende está aun en proceso de investigación. Otros temas que no han salido a la luz pública llaman a la reflexión sobre las intenciones reales que tendría esta ex funcionaria para entrar a la carrera presidencial aun y cuando en múltiples ocasiones negó públicamente esa aspiración.
La culpabilidad o inocencia de la señora Aldana no es un tema político. Debe ventilarse dentro del sistema judicial del país dentro de los mismos parámetros con que otros cientos de ciudadanos han sido encausados. Durante su administración se dieron por válidos los testimonios de delincuentes confesos para procesar a ciudadanos apolíticos y empresarios. En ese mismo período se violó consistentemente la presunción de inocencia y se recurrió al linchamiento público en el preámbulo de capturas que, a la fecha, han aportado poco o nada a la administración de la justicia y al mejoramiento del país.
Guatemala merece un mejor juego democrático. Es repugnante la forma en que se pretende utilizar como sombrilla de delincuentes un evento crítico como las elecciones generales, porque queda al descubierto que en política lo que menos cuenta es la idoneidad y trasfondo de algunos candidatos que quieren escapar de la ley escondidos detrás de aspiraciones que ellos convierten en ilegítimas.
Ojalá la justicia funcione correctamente. Lo triste es que a estas alturas, lo que debería ser una fiesta cívica se ha convertido en un desagradable y denigrante espectáculo donde salen a lucir las graves carencias de un sistema que ahoga las esperanzas de todo un país.
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