La lucha contra el flagelo social de la corrupción, es sin duda un punto de agenda global que ha venido para quedarse y que hoy es aproximado como un problema grave para la sociedad en distintos países del orbe. El fenómeno no es nuevo, más bien es muy antiguo, pero es notable su avance imparable desde hace décadas por razones diversas que van desde la falta de oportunidades para el desarrollo personal y social, hasta las desigualdades ante el poder del Estado. Por eso he dicho que combatir la corrupción era, es y será un punto impostergable en la agenda de muchas naciones al menos en las próximas tres décadas.
En Guatemala, el único país del mundo intervenido a su solicitud por un para-organismo asimilado a Naciones Unidas, se ha desarrollado una agresiva campaña anti corrupción que en tres años ha llevado a prisión preventiva a dos ex Presidentes y a muchos ex ministros de Estado, es innegable que los daños colaterales ocasionados al país son inmensos., porque mientras se define quienes pueden estar vinculados con la corrupción la inversión se ha paralizado notablemente.
¿Cuál es la razón para que, tratando de sanear el entorno nacional, se detenga la economía en este país centroamericano? Sin duda, lo que siendo embajador en los EEUU compartí con mis contrapartes, si Guatemala y su sistema de justicia eran rigurosos y tenían la habilidad de procurar justicia pronta y efectiva en base a pruebas, sería un éxito de gran resonancia mundial, pero si sucedía lo que ha sucedió la incertidumbre que se generaría por el actuar de los entes investigadores y acusadores provocaría una crisis de gobernabilidad mayor a la que existía y se producirá un derrumbe de la economía de proporciones imprevisibles.
Ante la percepción de que había muchos sectores participando de la corrupción, se asumió una hoja de ruta para investigar y denunciar ante los tribunales a medio país. Lo nefasto ocurrió cuando las investigaciones comenzaron a señalar a un sector más o menos definido ideológicamente a partir de un mediocre respaldo probatorio, más bien, simplemente testimonial. Comenzaron las capturas, se dañaron reputaciones y se mediatizó el escenario de justicia, de tal manera que se jugó con el terror porque no se sabía quienes serían los próximos señalados y encarcelados de la semana. Ya no era un ente respetado y respetable como se esperaba, no, se convirtieron en una especie de policía política que genero un ecosistema de terror, un pánico silencioso en la sociedad, que prevalece hasta hoy día y con ello un elevadísimo nivel de incertidumbre que mantiene alejada la inversión nacional e internacional.
Trabajar en base a miedo es muy eficaz. El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que la sociedad no siga adelante, desgraciadamente el miedo es mas fuerte que la misma verdad y ese miedo se lo han estado dando en sobre dosis a la sociedad guatemalteca los últimos 900 días.
Definir quienes son culpables no es simple en un país donde la justicia siempre ha tenido serias limitaciones en cuanto a recursos. La tarea recae en un sistema judicial que tiene millones de casos estancados por saturación; los recursos para investigar, procesar y notificar, por citar solo unos cuantos momentos jurídicos procesales, no están a la altura de las necesidades. Entonces hay justicia que no tiene cómo demostrar culpabilidades y que tampoco puede procesar con la agilidad necesaria. Pero eso sí: se preparó sistemáticamente a la opinión pública, al más burdo estilo robesperiano, para que antes de llegar a tribunales, los imputados ya habían sido condenados ante el pueblo. No digo que no hubiera o no haya corruptos, los hay y muchos sin duda, solo digo que el proceso lejos de lograr sus objetivos técnicos, se dedico a lograr objetivos políticos.
Hay que entender que un proceso de limpieza como el que emprendió la Cicig con Iván Velásquez, requería no solo de un esfuerzo desde las fiscalías sino de una importante preparación técnica y presupuestaria en el Organismo Judicial guatemalteco. Era necesario crear o asignar tribunales especializados prestos a proveer de justicia pronta y efectiva a todos los casos que les serían presentados. Y eso no ocurrió. A cambio, las evidencias demuestran que ante la urgencia de procesar y sentenciar, se han violado las normas legales más elementales, al extremo de obviar la presunción de inocencia y detener indefinidamente a los acusados. Qué decir del enorme valor probatorio que se le quiere asignar a los testigos, minusvaluando la prueba científica y documental.
La incertidumbre jurídica que campea en Guatemala hace que pocos se arriesguen a invertir. Por eso la economía lo resiente. Hay despidos masivos en bancos, fábricas y medios de comunicación. No hay inversión del Estado porque los procesos de asignación de gasto se han paralizado por temor a acusaciones infundadas contra los funcionarios de hoy, en el futuro.
Así llegamos a una premisa amarga pero real: Fácil es destruir una economía; difícil, recuperarla.
La torpeza y la ambición de poder ya pasó su factura al país. Es impostergable corregir la corrupción y deberá estar en todos los planes a futuro durante unos 30 años. Pero hay que hacerlo con seriedad, previendo cuánto daño se causa a quienes sin estar en la cadena de corrupción, están pagando con hambre y desesperanza el precio de este viejo pecado que hoy es el nuevo jinete apocalíptico del mundo contemporáneo.
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