La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
presentó este jueves su informe anual en el cual aseguran que en Venezuela
persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de los ciudadanos
y que ha derivado en una grave crisis política, económica y social.
En este sentido, sostienen que la agudización de esta crítica
situación ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho, lo que deja desamparados
a los ciudadanos que hacen vida dentro del país.
El
desarrollo de las elecciones presidenciales y la prórroga del estado de
emergencia agravaron aún más la ya de por sí crítica situación institucional,
signada por la falta de una efectiva separación, independencia y equilibrio de
los poderes estatales, y que reconoce en la falta de una justicia independiente
e imparcial una de sus principales causas, precisan.
Igualmente denuncian
el incremento de la persecución política a dirigentes opositores, disidentes,
periodistas y defensores de derechos humanos.
Se
continúan registrando muertes en contexto de protesta sociales; detenciones
arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su
disenso con el gobierno; represión y restricciones indebidas a la protesta; despidos
y amenazas a empleados públicos como castigo por su disenso; campañas de
estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores
políticos, defensores y defensoras de derechos humanos y ciudadanos en general;
el uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el
trabajo de opositores políticos y prensa crítica; así como la obstaculización
al ejercicio del derecho de acceso a la información. Son particularmente graves
los ataques, persecución y encarcelamiento de miembros de la Asamblea Nacional.
A su vez, el número de partidos políticos disidentes continúa reduciéndose a
raíz de decisiones en materia electoral que imponen nuevos requisitos para su
participación en los comicios, sostiene el informe.
Revelan
además que la grave crisis económica y social por la que atraviesa Venezuela,
caracterizada por el desabastecimiento y la escasez, afecta directamente el
acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), particularmente
de los grupos más vulnerables, y ha provocado el desplazamiento masivo de
migrantes y refugiados del país.
Ejecuciones extrajudiciales
El informe
de la CIDH explica que como consecuencia
de la militarización de la seguridad ciudadana, se siguen registrando
ejecuciones extrajudiciales que se efectúan en operativos de las fuerzas de seguridad
caracterizadas por un uso excesivo de la fuerza, como así también
allanamientos sin orden judicial y ataques contra viviendas particulares, provocando
severas afectaciones a la vida, la integridad personal, los bienes y el derecho
al debido proceso de la población, lo cual resulta especialmente grave en
contexto de protestas contra el Estado.
Crisis humanitaria
El
organismo internacional asegura que actualmente Venezuela atraviesa por una
crisis humanitaria, lo que ha traído como consecuencia una migración estimada
en 2.3 millones de ciudadanos.
Ante este
escenario de crisis, la Comisión sigue monitoreando con preocupación las
afectaciones específicas a los derechos de personas, grupos y colectivos en
situación de discriminación y exclusión históricas, tales como niñas, niños y
adolescentes (NNA); personas mayores; personas con discapacidad; defensores y
defensoras de derechos humanos; personas privadas de libertad; migrantes,
refugiados y personas en situacio?n de protección internacional; entre otros,
indican.
La CIDH
aclara que ha basado su análisis en el monitoreo de la situación general de
derechos humanos que realizó a lo largo de 2018 a través de la información
recabada durante sus audiencias, las que contaron con la activa participación
del Estado.
Recomendaciones
Entre las
principales recomendaciones, la comisión exhorta a que en Venezuela se restablezca
de inmediato el orden constitucional, garantizando la independencia de poderes
y la participación política de toda la población sin ningún tipo de
discriminación.
También que
se administre una justicia garantizando el debido proceso y se garantice el
pleno ejercicio de los derechos políticos a todas las personas,
independientemente de su posición frente a las políticas del Gobierno.
En cuanto a
la Libertad de Expresión, piden que se otorgue a los periodistas el máximo
grado de garantías para que no sean detenidos, agredidos o amenazados en el ejercicio
de su profesión, especialmente en el marco de las manifestaciones públicas.
Además, invitan
a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen
a defensoras y defensores de derechos humanos o a utilizar los medios estatales
para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra estas
personas.
Con
respecto a la salud de los venezolanos, hacen hincapié en que Venezuela debe, adoptar
nuevas medidas para garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de
salud, asegurando que los establecimientos cuenten con la cantidad de
medicamentos y equipo médico apropiado.
Finalmente, piden al actual régimen que reconsidere su
salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y permita una visita a la
brevedad posible de la comisión.
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