En el porteño barrio de La Boca quedan huecos vacíos donde antes se erigían asentamientos de chapa y madera. Fueron calcinados por numerosos incendios que, según apuntan las asociaciones vecinales, forman parte de un plan urbanístico de la industria inmobiliaria para expulsar a la población más pobre.
«Desalojar al sujeto social no deseado». Así define Lito Borello, coordinador nacional de la organización Los Pibes, lo que los sociólogos entienden por «gentrificación»: un proceso planificado de remodelación urbanística por el que la población más pobre de un barrio es desplazada por otra de un poder adquisitivo más alto.
Según Borello, el grupo constructor que se encargó de remodelar la zona de Puerto Madero comenzó desde la llegada del actual presidente argentino, Mauricio Macri, al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un proceso de reurbanización de La Boca, de tradición obrera y con gran parte de su población sumida en la miseria.
El líder de esta organización, gestada en el corazón del antiguo barrio portuario, explica que a los desalojos forzosos que en 2008 y 2009 sacaron a decenas de familias de sus «conventillos» -asentamientos precarios- se sumaron numerosos incendios que ennegrecieron el futuro de una gran parte de los vecinos.
«Nadie averigua cómo empiezan. Las familias quedan en la calle y a la intemperie. Es un secreto a voces que en el barrio los incendios han aparecido tan rápido como la apetencia del sector inmobiliario viniéndose a instalar en el barrio», protesta Borello. Sólo en este enero, tres incendios han reducido a cenizas este tipo de viviendas, según datos de la asociación.
Los «conventillos» colorean las calles menos turísticas del barrio, bañados con la pintura sintética sobrante de los barcos que llegan al puerto de Buenos Aires. El derrumbe y los incendios de estas estructuras, de escasa estabilidad, han provocado el crecimiento de una pequeña villa a las afueras de la zona.
Cerca de allí, un imponente edificio blanco, de cuatro alturas, destaca por encima del resto de asentamientos. Se trata de un proyecto que nace de la Cooperativa de Vivienda, asociada a Los Pibes: hasta 33 amplios departamentos construidos con trabajo autogestionado para realojar a los vecinos desahuciados.
Después de siete años de lucha, la colaboración del arquitecto Jaime Sorín y un crédito que partió del programa de fondos que contempla la ley 341, redactada para proveer de liquidez a hogares en situación de emergencia habitacional, el sueño de una vivienda construida por la organización se hizo realidad el pasado marzo.
Aunque el presupuesto de la ley, que nació al calor de la protesta social, fue recortado con los años, la asociación pudo tener acceso a un crédito de interés muy bajo y con un plazo de devolución de 30 años. Muchos de los vecinos de La Boca se aferran a este texto para no quedarse en la calle.
Luciano Álvarez fue uno de los primeros en instalarse en una de las viviendas del edificio de la cooperativa, cuyo precio ronda los 1.500 pesos por mes (unos 107 dólares). Detalla que 22 de las 33 familias que viven en los nuevos apartamentos provienen de «conventillos» o de viviendas ocupadas del barrio.
El cambio de vida para ellos es inexplicable con palabras. Desde el balconcito de la casa de Luciano se puede ver en el horizonte el curso del río de la Plata. Es un paisaje troceado de contrastes: el agua, las grúas del puerto o las edificaciones de la villa miseria a unos cincuenta metros. «Dentro de las villas donde vivían muchos de ellos no existía el hábito de despertarse con la luz del sol, porque no llegaba a sus casas insertadas dentro de un galpón. El ver la luz del sol salir en el horizonte supuso un cambio hasta cultural para las familias», relata.
Para Luciano, la vida anterior de sus ahora vecinos es una muestra más de las injusticias de los poderosos: «Nos acostumbran a vivir en formas casi inhumanas». Frente a ello, propone la lucha asociada. «Con la cooperativa hemos demostrado que se puede construir en plena trama urbana con instalaciones de máxima calidad reduciendo un 40 % el coste
