Para quienes creemos en la democracia como un mecanismo donde el pueblo participa y toma decisiones, el proceso electoral que se aproxima en Guatemala a mediados de año plantea serias dudas. A simple vista, ese proceso no es sino una triste paradoja de lo que se puede hacer cuando el temor impera en la sociedad.
El proceso, undécimo de la era iniciada en 1986 con el primer gobierno civil encabezado por Vinicio Cerezo, tuvo siempre como expectativa el aumento de la participación popular. Era desde el inicio una fiesta popular, en la cual después de un largo período de democracia formal militarizada, se tomaría en cuenta la voluntad de la ciudadanos. Era, sin duda, un logro que alcanzaba una sociedad cuyo liderazgo fue inhibido al fragor de una guerra intestina de 36 años. Los ciudadanos tomaron valor y, alentados por el gobierno fuerte del general Oscar Mejía, salieron a votar y votaron por Vinicio Cerezo para iniciar una era donde se esperaba fortalecer el sentimiento cívico y civilista en el pueblo.
Los años pasaron y a ese, siguieron otros procesos. El fantasma del fraude apareció algunas veces en el contexto pero siempre existió la libertad, en la era democrática, para señalar y denunciar.
Era una forma de fortalecer la incipiente democracia, que con todo y sus imperfecciones y errores, debía transitar hacia mejores momentos.
Irónicamente, ha sido con la llegada de un organismo auspiciado por la comunidad internacional como ese ejercicio de alimentar y fortalecer el árbol de la democracia, entra en una etapa de shock. Los que eran pilares para fomentar la participación mediante el conocimiento de candidatos, organizaciones y planes, están a poco de convertirse en elementos proscritos. La CICIG tiene mucho que ver con esto, porque pensando en limitar los vicios electorales que el país padecía, La comisión impulsó una serie de regulaciones que impiden el surgimiento de nuevos candidatos, porque en la práctica, éstas regulaciones prohíben que se les de a conocer más allá de lo que la autoridad electoral permite. Es sin dudarlo el ejercicio electoral mas anti democrático de nuestra joven historia electoral.
La regulación de propaganda y de la comunicación por medios periodísticos, reduce el conocimiento de los votantes a casi ninguno de los candidatos salvo los que ya han participado con anterioridad. La prensa está en permanente riesgo de ser señalada por el Tribunal Supremo Electoral, de estar no solo informando sino promocionando a los candidatos. Y al condicionar la cantidad de medios de comunicación que pueda difundir anuncios proselitistas, simplemente limita el acceso del mensaje político al 4% de la población total. De que democracia estamos hablando, estamos ante una mueca un chiste mal gusto, donde nuestro sistema de elección se parece mas al sistema cerrado de un régimen totalitario.
Las nuevas limitaciones al apoyo de donantes hacia sus candidatos tiene mucho por aportar a un proceso cuyos resultados tengan menos compromisos, pero junto a las limitaciones que ya se impusieron a la comunicación mediática, se ha limitado a 12 semanas el tiempo de campaña. Es decir, el mensaje de la autoridad electoral es este: usted guatemalteco, no le permitiré conocer a todos los candidatos, lo induciré a votar por el que nosotros queremos, no opine por que podemos sancionarlo y si se opone a nuestra nueva legislación electoral usted pasa automáticamente a ser parte del pacto de corruptos.
En mi opinión la combinación de esas medidas tendrá consecuencias graves: Guatemala entrará a un proceso con el mínimo de información sobre los aspirantes y sus planes. Será una elección a partir de figuras, con lo cual los planes de gobierno y la capacidad de los aspirantes pasan a segundo plano.
El daño al sistema de libertades y nuestra imperfecta democracia ya ha sido efectuado y con ello las consecuencias que pueda tener en el mediano plazo, será una grave responsabilidad del imperial camino impuesto por CICIG en representación de una amorfa comunidad internacional.
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