Denuncian que Maduro institucionalizó la tortura y la persecución

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Con la colaboración y participación de jueces, fiscales y la Defensoría del Pueblo, la administración de Nicolás Maduro ha incrementado la represión sobre la disidencia venezolana durante los primeros tres meses de 2019. Así lo consideran las organizaciones no gubernamentales Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y Movimiento Vinotinto.

Solo entre el 23 de enero y el 20 de marzo las fuerzas de seguridad del Estado han detenido a unas 2.300 personas, de acuerdo con cifras ofrecidas por la abogada Ana Leonor Acosta, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

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“La situación de los presos políticos en Venezuela es inédita. La represión ha llegado a unas características que hacen enemigo del gobierno a cualquier persona común. No solo aquellos que protestan y piensan diferente, sino hasta los que son incómodos por representar a cualquier otro sector, como es el caso de un periodista, un médico o un ingeniero”, apunta.

Señala Acosta que en el interior del país la situación es más aguda, pues se acosa a quienes piensan diferente o protestan para exigir servicios. “Tenemos tres eventos importantes como son el 23 de enero, cuando detuvieron a más de 1.000 personas; el 23 de febrero, donde se detuvieron unas 400 personas; y las detenciones que se han dado por el apagón que han llegado a unas 300, más 600 relacionadas con el saqueo de inmuebles”.

Torturas por el mega apagón

Casi 9 de cada 10 ciudadanos detenidos en el contexto del mega apagón registrado el pasado 7 de marzo, habrían sido víctimas de tratos inhumanos o degradantes, denuncia Manuel Virgüez, director de la organización no gubernamental Movimiento Vinotinto.

“Más de 85% fueron sujetos y víctimas de torturas o de tratos crueles; y eso es un lugar común en los cuerpos de seguridad venezolanos, eso no solamente ocurre en el contexto político. A veces en el contexto político se eleva mucho más por las características, los rasgos que tiene el régimen imperante en Venezuela pero también se encuentra un patrón general en los temas de seguridad ciudadana”, expresa Virgüez.

En este tema, coincide Ana Leonor Acosta: “Si bien se han dictado medidas cautelares, justamente todos los detenidos han señalado tratos crueles y en algunos casos tortura con respecto al momento de su detención”.

Torturas para amedrentar

Ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos cifran a los militares presos en 188. Advierten que la tortura y los tratos crueles e inhumanos también se han incrementado contra los efectivos detenidos entre enero y febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Les han sido fracturadas piernas, brazos, manos, costillas… Presentan golpes en sus cuerpos, en la cara, han sido sometidos a descargas eléctricas, incluso algunos de ellos han relatado que han sido objeto de violación sexual. También relatan que les inyectan sustancias de origen desconocido”, detalla Acosta.

Para Virgüez, esa situación revela la ausencia del Estado de derecho en Venezuela y afirma que esta conducta en los órganos de inteligencia del gobierno busca amedrentar a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional. “Hacemos un reclamo contundente sobre la violación de todos los derechos humanos, en todas sus aristas, en todas sus formas”.

Una amenaza para la región

Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y Movimiento Vinotinto indican que el informe presentado este miércoles 20 de marzo por la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, resalta la magnitud y gravedad de lo que ocurre en nuestro país.

“Trata el tema de la crisis humanitaria y la declara como vasta. Otra de las cosas resaltantes del informe es que dice que esto es una amenaza para la región y es un grito a los demás países para que tomen las acciones necesarias para detener esta tragedia”, subraya Acosta.

Para Virgüez, el documento coincide con las pruebas registradas, recopiladas y entregadas a la comisión de la ONU que se encuentra en Venezuela. “Desde la sociedad civil nos genera esperanza y decimos que no es en vano el trabajo que hacemos. A pesar del escepticismo que habíamos tenido, en sus términos, consideramos que está ajustado a lo que nosotros hemos venido diciendo”.

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