El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), emitió la licencia general No. 5A, en la que prohíbe el financiamiento y otros negocios relacionados con el bono Pdvsa 2020 hasta el 22 de enero de 2020.
Para el 28 de octubre de este año, Venezuela debía pagar más de 900 millones de dólares a los tenedores de bonos. Con esta medida, se le otorga un período de 90 días al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que pueda negociar con los acreedores y evitar que se pierda Citgo.
La filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos fue utilizada como respaldo en la última emisión del bono Pdvsa 2020 de la administración de Nicolás Maduro.
Hasta la fecha el gobierno de Donald Trump se ha negado a emitir una orden ejecutiva para proteger los activos de Venezuela en ese país.
Esta licencia general es para evitar que los acreedores tomarán posesión de las acciones de Citgo Holding, lo que hubiera pasado el lunes si no se producía el pago. El Departamento del Tesoro lo que busca es que las partes lleguen a un acuerdo voluntario, afirmó el economista Francisco Rodríguez.
Otra fuente, que solicitó mantener su nombre en la reserva, aseguró que hasta la fecha Guaidó no ha hecho una propuesta a los acreedores, quienes desde hace varios meses han estado tratando de comunicarse con él y su equipo para mandarle una propuesta.
Afirmó que Citgo dispone del dinero para pagar, pero se encuentra en cuentas que están bloqueadas en Estados Unidos.
La fuente aseguró que si bien la Casa Blanca estaba dispuesta a emitir una orden ejecutiva que protegiera a Citgo, el Departamento de Tesoro no consideraba hacerlo por la experiencia negativa que tuvo hace unos años en Irak y porque era necesario defender los intereses de los acreedores.
Otra fuente consultada, que también prefirió mantenerse en la reserva, señaló que la propuesta del procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, para proteger a Citgo era declararla en bancarrota. Sin embargo, las leyes estadounidenses protegen a los acreedores cuando una empresa se declara en bancarrota.