Durante todos estos años, la columna vertebral del debate político del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo ha constituido la naturaleza de su relación con los Estados Unidos. Puerto Rico parece vivir en una especie de tránsito perpetuo que no se concreta. Se expresa en la confrontación existente entre el autonomismo y la estadidad. Aún con los logros económicos obtenidos durante décadas, hoy, como país, Puerto Rico cursa un largo y paradójico proceso de decadencia económica y crisis de identidad.
Ricardo Roselló, del Partido Nuevo Progresista, -organización que promueva la incorporación plena de la isla a los Estados Unidos- acaba de obtener la gobernación de la isla, el mismo día en el cual Donald Trump ha quedado investido como presidente de los Estados Unidos. Aunque los puertorriqueños, que son ciudadanos americanos, pueden votar en las elecciones de Washington si viven en otros estados, Puerto Rico no participa como entidad en la consulta federal.
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue fundado en 1952. Con su creación, su arquitecto, promotor y primer gobernador, Luis Muñoz Marín, creyó haber zanjado para siempre el eterno dilema local: si convertirse en la más pequeña e indefensa de las repúblicas latinoamericanas, o en el último y más extraño estado de la unión americana.
Colonia española hasta 1898, momento en el cual consolidó un primer estatuto de autonomía, Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos luego de la Guerra Hispanoamericana. En 1917, se les otorgó la ciudadanía estadounidense.
Al promulgar su nuevo estatus político, Puerto Rico redactó su primera Constitución, en la cual se invoca la lealtad a los Estados Unidos, y se organizaron sus primeras elecciones. El país obtenía los beneficios de la ciudadanía americana en medio de un amplio margen de autogobierno que les permitió prosperar.
El Partido Popular Democrático, de Luis Muñoz Marín, es originalmente heredero de un caudaloso movimiento independentista, muy popular en el Puerto Rico de comienzos del siglo XX. Muñoz Marín propone a su pueblo la creación de una especie de pacto bilateral, en el cual, teóricamente, Puerto Rico cede algunos derechos de su fuero nacional natural en el marco de un acuerdo de unión permanente con Estados Unidos.
Puerto Rico tiene una identidad nacional muy poderosa, si bien ésta no ha tenido expresión política viable desde en años. Perseguido por las autoridades federales en los años de la Guerra Fría, vinculado de forma innecesaria al castrismo, el independentismo en Puerto Rico tiene años, décadas, siendo un movimiento muy minoritario, si bien su postura y sus intervenciones suelen ser escuchadas en el debate local. El Partido Independentista Puertorriqueño, su causahabiente natural, no sobrepasa el 5 por ciento de los votos totales las consultas electorales del país.
Como fundadores y tributarios del estatus actual, los populares del PPD obtuvieron un amplio respaldo para consolidar el perfil del Puerto Rico contemporáneo, y ganaron el favor popular en casi todas las elecciones para los gobernación y el poder legislativo en los primeros años. El Estado Libre Asociado tenía limitada la moneda, la defensa nacional y las relaciones exteriores, pero tenía autonomía fiscal y libraba de impuestos a muchas compañías interesadas en invertir en la isla. La tesis de lo mejor de los dos mundos dio una enorme prosperidad a los boricuas hacia los años 70, 80 y 90.
Con el paso del tiempo, la corriente del anexionismo a Estados Unidos, expresada en el Partido Nuevo Progresista, comenzó a obtener oxígeno y poderío electoral en Puerto Rico, para alternarse el poder de forma rutinaria con los autonomistas del Partido Popular Democrático.
Aunque se trata de un movimiento sin dudas muy poderoso, la estadidad en Puerto Rico jamás ha logrado concretar una mayoría suficiente como para consolidar un estado de opinión que incline la balanza hacia la incorporación a Estados Unidos. Todos los intentos anexionistas han fracasado durante las consultas sobre el estatus político del país de los últimos setenta años. Los defensores de la estadidad, como los de la independencia, suelen argumentar que Puerto Rico tiene un estatus colonial. Los anexionistas puertorriqueños opinan que esa circunstancia sólo se resuelve incorporando plenamente al país a Estados Unidos, con el objeto de otorgarle a los locales los derechos universales del resto de los ciudadanos americanos.
Aún conservando una pequeña pero consolidada mayoría del arco político local, los defensores del Estado Libre Asociado parecen plenamente conscientes de que el proyecto autonomista puertorriqueño tiene hoy una grave crisis de identidad y contenido. Una crisis que le hace un enorme juego a la parálisis económica actual.
Desde los años 50, los defensores del ELA promovieron la idea de que la soberanía puertorriqueña había sido plenamente ejercida dentro del pacto bilateral de gobierno con los Estados Unidos, refrendado bajo el irrefutable espaldarazo del voto popular. Hace poco, sin embargo, un tribunal federal estadounidense emitió una sentencia de carácter histórico, que ha dejado congelada la postura de los populares puertorriqueños, según la cual Puerto Rico es un territorio que pertenece a Estados Unidos, aunque no forme parte de él, y que en consecuencia está sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso de Estados Unidos. Es decir: contrariamente a lo prometido, la soberanía de los boricuas nunca ha residido en el pueblo de la isla, sino en el Congreso de Estados Unidos. El carácter colonial del ELA, tantas veces negado, quedó retratado de cuerpo entero.
La sentencia federal llega tiempo después de un prolongado debate en el seno del Partido Popular Democrático en torno a los verdaderos alcances del estatuto de esta isla latinoamericana. Dentro del PPD había nacido ya una corriente poderosa que cuestionaba los cimientos del Estado Libre Asociado: el proyecto del denominado ELA soberano. La tesis política del ELA soberano, que ha dividido a los populares puertorriqueños, plantea que no se ha celebrado un auténtico pacto bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico, y que para que este tenga lugar, Puerto Rico debe afirmar primero su identidad primaria. La soberanía de Puerto Rico, afirman, no reside en el Congreso de los Estados Unidos, sino en el pueblo de Puerto Rico, que debe ejercerla de forma cabal y republicana para ver luego bajo qué términos se asocia con los Estados Unidos. Los defensores del ELA soberano -en los años 90 defendían la llamada República Asociada– , cuestionan la cláusula territorial que domina la soberanía puertorriqueña y demandan más competencias y autonomía. Camen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, ha sido una de sus figuras más conocidas.
La división del electorado popular en torno al diseño del ELA le abrió paso a los defensores de la estadidad. En la último referendo nacional de estatus de 2011, de carácter no vinculante, los anexionistas triunfaron por primera vez, ya que el voto autonomista, dividido en torno al diseño del ELA, se partió en dos, y casi la mitad de su caudal electoral no concurrió a votar.
Hoy Puerto Rico enfrenta una recesión que lleva varios años; tiene una visible crisis de empleo y una diáspora vigorosa de su caudal profesional. La crisis del modelo político actual no transita, necesariamente, la solución de la estadidad, una plataforma que no termina de ser mayoritaria, y que ni siquiera el mismo Donald Trump podría estar especialmente interesado en asumir.