Los sobornos entregados en Colombia por la constructora brasileña de obras civiles Odebrecht para adquirir contratos públicos leoninos un fenómeno viejo y cotidiano- han llegado como anillo al dedo para seguir tapando la responsabilidad del Estado en el exterminio de un pueblo indígena.
Entre el jueves y el viernes pasados (17 y 18 de marzo) alcancé la meta inicial de llevar a altas instancias de Washington la visión y las voces del genocidio por hambre más grande del mundo actual, cuya víctima es el pueblo indígena colombiano wayúu, con al menos siete mil niños muertos de inanición. Entidades como el Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos asombradas se percataron de esta tragedia con mayores consideraciones que las escurridizas autoridades colombianas, empeñadas en negarla o minimizarla.
Basta con hacer el ejercicio de buscar en la información colombiana cuánta está dedicada al escándalo de los sobornos de Odebrecht por lo cual no va a ocurrir nada especial y cuánta al exterminio de aquella etnia.
En compañía del líder indígena Javier Rojas Uriana, de la joven abogada Carolina Sáchica y de los senadores colombianos Sofía Gaviria y Alexander López presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso expusimos la realidad de una catástrofe que en dos pronunciamientos históricos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al gobierno de Colombia detener. Estas dos órdenes del Sistema Interamericano de Justicia, adicionalmente, han sido respaldadas por decenas de decisiones judiciales subsiguientes proferidas por la justicia interna y todas han sido desobedecidas de manera sistemática.
Mike Fitzpatrick (subsecretario Adjunto para el Hemisferio Occidental) mostró más interés, conocimiento y pesadumbre por el genocidio que cualquiera de los burócratas colombianos relacionados con el tema. En el despacho de este funcionario también se congregaron para oírnos Annie Pforzheimer, Directora de la Oficina de Asuntos Andinos, y Christian Russel, de la Oficina de Colombia. Fitzpatrick fue funcionario diplomático de su país en Colombia, donde estuvo encargado de atender asuntos de Derechos Humanos, y mostró particular interés por los hechos de corrupción que le expusimos como una de las causas del proceso de exterminio al que está sometido el pueblo indígena más grande de Colombia.
La senadora Gaviria mostró lo que ha debido hacer de manera solitaria y por su cuenta propia para llevar asistencia médica itinerante al desierto de La Guajira con el ánimo de tratar de mitigar la agonía de niños esqueléticos y mujeres gestantes y lactantes a quienes el gobierno de Colombia abandonó a su suerte mientras los recursos públicos que existen para ellos se los roban bandas de políticos, burócratas y contratistas, que hicieron de la mortandad un negocio redondo.
El líder wayúu Rojas Uriana, víctima de campañas de descrédito, persecuciones y amenazas de muerte, tuvo oportunidad de exponer completas las desgracias de su estirpe y de recibir voces de apoyo, solidaridad y compromiso.
En la oficina del congresista James McGovern encontramos que existen más conocimiento sobre el genocidio e interés por recibirnos que en cualquier instancia colombiana. Cindy Buhl, directora legislativa de ese despacho, nos explicó las posibilidades y la voluntad estadounidense de reclamar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas e imponerlo como requisito de cooperación entre los dos países.
El congresista del estado de Georgia Henry C. Hank Johnson Jr., no ocultó su estupor ante el desfallecimiento por hambre reconocido y condenado por la CIDH de un pueblo indígena cuya desaparición puede consolidarse en el transcurso de los próximos 30 años, de acuerdo con cálculos de especialistas. Este parlamentario se comprometió con su colega colombiano Alexander López a intentar lo antes posible una visita del congreso de Estados Unidos a La Guajira para certificar el proceso de exterminio de los wayúu.
Este primer periplo de denuncia en defensa de los wayúu por las altas instancias de Washington fue posible gracias a la cooperación de la organización Washington Office On Latin America (WOLA), principalmente a su ejecutiva Gimena Sánchez-Granzoli y a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), cuya oficina ya nos había acompañado a Carolina Sáchica, a Javier Rojas Uriana y a mí en un recorrido por puntos cardinales del exterminio por hambre que ocurre en el desierto de La Guajira.
Con el auspicio de WOLA y la asistencia de la productora ejecutiva Linithd Aparicio Blackburn presentamos en Washington mi documental El río que se robaron, que fue prueba judicial en el litigio ganado en la CIDH en busca de amparo para los niños y las mujeres wayúu, gracias a la causa que, contra todo pronóstico, ha llevado con éxito encomiable la abogada Carolina Sáchica.
En el transcurso de los distintos eventos, el senador Alexander López reveló un encausamiento por homicidio entre otros delitos que emprendió contra Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a quien acusa como responsable de la muerte una madre lactante wayúu paupérrima a la que se le negó atención hasta que expiró y dejó a tres niños huérfanos, uno de ellos de brazos.
López, además, anunció la preparación de un encausamiento en la Corte Penal Internacional contra el Presidente Juan Manuel Santos, a quien acusará como responsable sobresaliente del exterminio del que ha sido advertido desde diversas instancias y conminado infructuosamente por la CIDH para que lo detenga.
Santos será así el primer Premio Nobel de Paz encausado por genocidio.