La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos establece censura previa. A través de prohibiciones relacionadas con la seguridad de la nación y la estabilidad emocional de sus habitantes, silencia la realidad y obliga a los medios a dejar de transmitir los hechos que son noticias.
Fue sancionada en 2004 y luego reformada en 2009. Se trata de una ley que inhibe el debate plural y público y que obliga a los prestadores de servicio a transmitir sin interrupción y de manera gratuita los mensajes del gobierno.
Los delitos que establece la norma, y que serían imputados a las televisoras y estaciones de radio, no está claramente definidos, con lo que la deja a la libre interpretación de fiscales y jueces.
Otro de los elementos contrarios a la Constitución venezolana y a los estándares internacionales tiene que ver con el debido proceso. La Ley faculta a los funcionarios públicos a ordenar el cierre de un medio o el cese de una determinada publicación.
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