La ONG Espacio Público, informó que el octavo mes del año cerró con 57 violaciones a la libertad de expresión, que corresponden a 23 casos, entre los que destacan la intimidación, la censura y el hostigamiento. Los principales afectados siguen siendo los periodistas, medios y ciudadanos quienes constantemente son afectados por funcionarios, cuerpos de seguridad y las instituciones.
A través de su informe mensual la organización defensora de derechos humanos, precisó que con las cifras de agosto suman 845 violaciones en el transcurso del año, intensificando los niveles de abuso según el contexto informativo y los intereses del poder para silenciar la expresión de los venezolanos.
Resalta en agosto el caso del actor cómico Emilio Lovera, quien denunció la noche del sábado 17 de agosto a través de su cuenta en Instagram que funcionarios del Seniat suspendieron las presentaciones que el comediante tendría ese fin de semana en el anfiteatro de El Hatillo. Lovera informó que los funcionarios señalaron como «sospechoso» que el actor ni su compañía hayan declarado el último año, a lo que el actor indicó que «deben saber que pertenecemos a una selecta élite de contribuyentes especiales. Incluso yo, como persona natural, que nos acosan fiscalmente como sistemática). El caso es que no se puede declarar lo que no se ha ganado nada en el último año porque prácticamente no he trabajado, porque en junio del año pasado fui diagnosticado con cáncer de colon y debido a la naturaleza de la enfermedad y a las complicaciones del tratamiento, tuve que retirarme de los escenarios para curarme», expresó el comediante, explica el informe.
Precisan además que otra de las víctimas de la censura este mes, fue el periodista Walter Martínez, conductor y productor del programa Dossier, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV). Martínez denunció que por órdenes de la directiva no podía entrevistar al dirigente del partido Organización Renovadora Auténtica (ORA), Luis Reyes, en su programa, por lo que se vio en la obligación de suspender la emisión.
A través de la red social Twitter, el periodista informó que el presidente de VTV, Freddy Ñáñez, le comunicó que, por orden del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el invitado que tenía pautado entrevistar no podía salir al aire.
Espacio Público señala además que las amenazas no son solo durante la cobertura, ni van dirigidas solo a periodistas.
El pasado martes 13 de agosto, la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció a través de la red social Twitter que ella y su esposo fueron amenazados vía telefónica, la tarde de ese día. Informó que recibieron llamadas de parte de un hombre no identificado, que la llamó por su nombre y les advirtió tener información de que ella y su esposo eran el objetivo, indican.
Cabe destacar que Rocío San Miguel es una reconocida activista de la sociedad civil venezolana, cuya labor en favor de la defensa de los derechos humanos puede incomodar a un sector del poder, pues ha denunciado la politización de la Fuerza Armada Nacional, así como la proliferación de grupos armados al margen de la ley con anuencia del Estado venezolano.
En cuanto a la actuación de las instituciones del Estado, la ONG precisa que por intimidación y amenazas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en la Isla de Margarita, el programa Bajo La Lupa fue retirado de la parrilla del canal regional Unicable Tv.
El espacio de opinión que también era transmitido a través de la emisora Encuentro 88.7 FM, lo conducían Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, en el que los distintos actores de la vida pública del estado Nueva Esparta podían debatir acerca de la situación del estado. Dos días después también el programa radial también fue obligado a salir de la frecuencia radioeléctrica.
En entrevista a Espacio Público, Jonás Jiménez, indicó que el presidente de Unicable TV recibió una llamada del gerente de Conatel para pedir que el programa fuese sacado del aire o de lo contrario el canal tendría problemas jurídicos.
Finalmente, Espacio Público explica que entre las consecuencias de estas violaciones está el arraigo del temor a la denuncia, sumado a que los principales agresores son emprendidos por figuras de poder del Estado. Estas prácticas nos hacen retroceder en materia de libertad de expresión y las consecuencias reales se evidencian en la censura, la autocensura y la ausencia de espacios de intercambio libre, abierto y plural de ideas o información esenciales en las sociedades democráticas.
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