En medio de la peor crisis económica política y social que hayamos registrado en nuestra historia, la dirigencia política debe mantener siempre como norte que la construcción de una salida pacífica, democrática y constitucional tiene como fin la celebración de unas elecciones libres.
La velocidad con la que hemos perdido calidad y condiciones de vida son alarmantes, no sólo para la comunidad internacional que observa con espanto la crisis humanitaria que vivimos los venezolanos, sino para cada uno de los ciudadanos y sus familias que ven como Maduro nos ha condenado a sufrir hasta en los niveles más básicos de la existencia humana, con falta de agua, luz, comunicaciones y los servicios más básicos que necesitamos para vivir.
Desde la Asamblea Nacional tenemos muy clara la urgencia de dar respuestas inmediatas a la crisis venezolana, y para esto tenemos planteado un conjunto de acciones políticas que aligeran la carga de la crisis, a través de la coordinación de la ayuda humanitaria, a través de la protección de activos de la República para que no sean saqueados por este régimen, y en la construcción de propuestas para la construcción de una sociedad con la propuesta del Plan País, y la consideración de medidas humanitarias para la amnistía y perdón de todos los presos políticos.
Sabemos además que estas medidas son acciones de corto plazo, y que la crisis solo puede solucionarse con la estrategia política planteada desde la Junta Directiva: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Como parte de esta estrategia, nuestro parlamento avanza en la creación de condiciones electorales que nos brinden las garantías suficientes con que asistir a un proceso electoral transparente, con la participación de todos los sectores de la sociedad, que sea reconocido por toda la comunidad internacional a través de un proceso de observación con criterios universales y que, finalmente, permita la creación de una propuesta política de cambio para el país.
Las actividades que tenemos planteadas pasan por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que responda a la verdadera composición de nuestra sociedad, y que no responda solo a un partido político. También incluye, como tarea legislativa, la adecuación de las leyes electorales para que el sistema electoral venezolano vuelva a tener los criterios de transparencia, equilibrio, imparcialidad y justicia que todo sistema democrático debe tener.
Nuestra responsabilidad, entre muchas otras, es la de crear las condiciones para que millones de venezolanos, que hoy en día están excluidos del registro electoral, puedan votar. Nuestra tarea pasa por atender a esa comunidad de jóvenes que no han podido ingresar al Registro electoral, así como aquellos en el exterior que se vieron forzados a migrar en busca de un futuro mejor, y permitirles participar en la decisión de un futuro mejor para Venezuela.
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