Un fiscal colombiano se encargó durante décadas de extraviar, encubrir y engavetar los expedientes de decenas de homicidios y otros crímenes cometidos por un político, narcotraficante y ladrón. Gracias a ello, este último fue ganando elecciones cada vez más importantes y cosechando reconocimientos de mayor dignidad.
En virtud de innumerables denuncias que he hecho en escritos periodísticos y judiciales, los expedientes reaparecieron para poder seguir su curso legal y el fiscal fue llevado preso al mismo patio de la cárcel donde está el gobernador, desde donde, dicho sea de paso, continúa delinquiendo a sus anchas y manejando su organización criminal (Ver foto).
Hoy, el fiscal está en juicio, sentado en el banco de los acusados, pero aun así encontró la manera de que un tribunal de apelaciones tan corrupto como él mismo lo reintegrara a su cargo oficial. Así, en este momento es, a un mismo tiempo, juez y reo.
El político que llegó a gobernador- se llama Juan Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko. El fiscal es Alcides Pimienta. El tribunal es el del departamento de La Guajira, en donde ambos Gómez y Pimienta han delinquido con completa libertad y por décadas en una región totalmente gobernada por el hampa y con más de siete mil niños indígenas muertos por inanición.
Entre los centenares de expedientes que engavetó Alcides Pimienta se encontraba el del asesinato del concejal del municipio de Barrancas Luis Gregorio López Peralta, cometido el 22 de febrero de 1997. Por efecto de mis persistentes denuncias, el caso pasó a Bogotá, Kiko Gómez fue apresado, llevado a juicio y condenado hace pocos meses a 55 años de cárcel, con una tardanza de dos décadas.
Diana López Zuleta periodista de 30 años de edad fue la única pariente de su padre, la única de los ocho hijos y los muchos hermanos de él, que se atrevió a desafiar las amenazas y la angustia para acreditarse formalmente en el juicio como víctima. Asistió a todas las audiencias a las que entraba y salía soportando actos y palabras amedrentadores e hizo aportes personales concluyentes, como es el caso de su famosa investigación, expuesta en la ya célebre y brillante crónica A mi papá lo mataron dos veces (ver aquí).
Dos meses después de haber asesinado al padre de Diana, la Cámara de Representantes de Colombia le otorgó a Kiko Gómez el Gran Premio a la Democracia considerando que era en ese momento el mejor alcalde del país y años más tarde la universidad pública de la Guajira dominada por el hampa regional y la corrupción le otorgó un doctorado honoris causa, cuando para ese momento la cantidad de homicidios cometidos por él superaba el centenar. Ella, en su lucha personal y llena de riesgos mortales por honrar la memoria de su padre, ha solicitado formalmente el retiro de los dos grandes reconocimientos otorgados a un asesino casi analfabeto, cuyos desfalcos a los fondos públicos del departamento, además, son una de las causas del genocidio por hambre de la etnia wayúu, la más grande de Colombia. Ninguno de los dos pedidos de Diana ha sido ni siquiera contestado en ningún sentido.
Simultáneamente, Diana desenmascaró en las redes sociales la treta corrompida mediante la cual el fiscal de marras logró quedar en libertad y recuperar la posición judicial que tuvo mientras es al mismo tiempo reo en juicio penal por haber usado en beneficio de la delincuencia ese cargo judicial que tiene de nuevo en las manos.
Además de haber sufrido el asesinato de su papá cuando tenía 10 años de edad y crecido agobiada por el miedo y la frustración, Diana es objeto de seguimientos, amenazas y componendas homicidas de la organización criminal de Kiko Gómez, a las que se han agregado otras del propio fiscal Pimienta, quien le acaba de enviar una foto de su revólver y una botella de güisqui Old Parr que ilustra esta nota. Ambos elementos son característicos de Pimienta, como lo indica una tercera foto en la que él exhibe un frasco de ese, su alcohol preferido. Son claras y cobardes señales de lo que se prepara en contra de ella, cuya valentía y coraje, por desgracia, ahora le están causando dificultades cardíacas.
La justicia es la única esperanza civilizada de regeneración para cualquier sociedad cercada por la corrupción y el crimen. No obstante, si aquella también está depravada y de manera profunda, como la colombiana, no hay cómo despertar las ilusiones de conservar un orden social igualitario, decente y equitativo.
¿Qué va a suceder con Diana?
La justicia colombiana en todos sus niveles cada vez está menos al servicio de dilucidar entre el bien y el mal cualquier asunto o materia que la sociedad tenga en duda o controversia con el objeto de dar a cada uno en estricto derecho lo que le corresponde o pertenece.
El derecho, la ética, la honradez y la razón dejaron de ser los guías generales de la justicia colombiana. Las reglas a seguir están impuestas tácitamente por el dinero y el poder. Los magistrados de las más altas cortes obran bajo los códigos del crimen, como la ley del más fuerte, la ley del silencio, la ley del odio o la ley del talión. Desaparecieron de la vista las diferencias que existieron entre el poder judicial y el de la delincuencia. Ambas instituciones son una sola y defienden los mismos intereses. Un juez honorable, al servicio ciego y equitativo del bien común, ya no constituye la regla general sino la excepción.
En su célebre crónica, Diana escribió: El despiadado sentimiento de frustración que cargo desde la infancia me hizo formarme como periodista para tratar de combatirlo. Cuando era niña escribí sobre esto, a manera de cuento, y me cuestionaba: ¿Por qué querrían matar a mi padre? ¿Por qué la vida ha sido tan cruel? Dieciocho años después, el tiempo y la vida me han dado todas las respuestas sin matices a esas dos preguntas que me hice y que fueron publicadas en un libro del colegio.
Pero ahora, los mismos asesinos y mafiosos a los que enfrentó y desenmascaró completamente sola, quieren matarla a ella. No obstante, algo juega en su favor:
Ya no tengo miedo, escribió.