La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en teoría una ficha del chavismo dentro de su mapa de dominio de los espacios de poder, acaba de denunciar, públicamente, la existencia de un Golpe de Estado en Venezuela. Habló, literalmente, de una ruptura del hilo constitucional.
Alude Ortega Díaz a la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de este país, que faculta a Maduro para tomar decisiones discrecionales en materia represiva, y decide asumir, por cuenta propia, la facultad para formular y promulgar leyes, inhabilitando en términos funcionales al Poder Legislativo, recién electo, y de conocida mayoría opositora.
Por supuesto que el golpe de estado en ejecución en Venezuela no comenzó esta semana. Ha sido un proceso lento, discutido y planificado por partes, dentro del sigilo y el complot, una vez que no hubo más remedio que atenerse a los resultados de los escaños parlamentarios. Se trata de una compleja operación política en la cual han concurrido los factores de poder más sórdidos y comprometidos del chavismo: políticos, judiciales, militares e institucionales.
El proceso rupturista adelantado por el chavismo tuvo un capitulo especial el pasado 20 de octubre de 2016, día en el cual el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la convocatoria al Revocatorio y retardó hasta lo inconcebible la elección de Gobernadores. Termina de cristalizar esta semana con el fraude a la Asamblea Nacional. Está destinado disolver las implicaciones políticas, totalmente legítimas, de la derrota electoral del diciembre de 2015. No es la primera vez que esto ocurre: ya pasó en 2008, momento en el cual el chavismo tomó por asalto la Alcaldía Metropolitana de Caracas luego de haber sido derrotados en la capital en aquellas elecciones.
El mundo lo ha presenciado: el Poder Electoral retarda los plazos nominales de futuras consultas, y desconoce la iniciativa ciudadana del Referéndum Revocatorio; la Asamblea Nacional queda inutilizada invocando un fraude electoral inexistente, y los militares chavistas imponen las decisiones unilaterales del alto gobierno, utilizando la represión selectiva y el uso diferenciado de la fuerza, cuando no procesos represivos abiertos.
En este momento en Venezuela hay más de 100 presos políticos. Parte importante de la plana mayor de la MUD tiene prohibición expresa de salir del país y procesos judiciales en desarrollo.
Es proceso golpista en curso ha sido planificado y aprobado por la élite gobernante en Venezuela. Busca salvaguardar sus privilegios, ocultar sus escándalos y desconocer las consecuencias del voto. Secuestrar la esperanza nacional y conculcarle el futuro a los venezolanos.
El pronunciamiento de la Fiscal General, sin embargo, habla de las fuertes tensiones que se viven dentro de las esferas del poder. Cuando Ortega terminó de denunciar el madurazo, fue aplaudida por el público presente, en un acto transmitido por la televisión estatal. Es harto probable que expresen otras zanjas, en otros sectores del estado venezolano, y que estos incluyan a las Fuerzas Armadas.
La Oposición democrática debe procurar un acuerdo para llevar al país a una consulta electoral. Evitar escenarios incruentos sin dejar de imponer la voluntad los intereses de las mayorías. El Papa Francisco, el Vaticano, Rodríguez Zapatero, y otros sectores inconcebiblemente indulgentes con la dictadura madurista, deberían haber quedado aleccionados en todo este pasaje. Desactivar el sórdido complot de la clase política chavista, que ha metido a Venezuela en la crisis más grave de su histórica en al menos 100 años, debe ser el objetivo. Procurar la costa electoral, el mecanismo menos traumático.