El director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, Alí Daniels, hizo un balance con respecto a la actualización del informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, sobre la grave crisis que atraviesa Venezuela, que presentó hoy 9 de septiembre en la sesión Nº 42 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Rescatamos que se mantengan las denuncias de las ejecuciones extrajudiciales por parte del FAES, haciendo énfasis en que se disuelva ese cuerpo policial. Las cifras señalan que las FAES han continuado operando y sus acciones se han recrudecido aún más con el apoyo que le ha dado el Gobierno, dijo Daniels.
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Destacó que Bachelet haya señalado con mucha claridad lo que sucedió en el caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Bachelet señaló la falta de contundencia del Gobierno para castigar a los autores del asesinato de Acosta Arévalo al imputar homicidio y no imputar por tortura que tiene pena mucho más grave. La actualización del informe fue contundente con respecto a ese caso, añadió.
Daniels también aplaudió que la alta comisionada siga resaltando la grave situación económica con un sueldo mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos con una hiperinflación que sigue presente. Subrayó además que Bachelet haya alertado acerca de las pretensiones de la administración de Maduro de violar la autonomía universitaria con las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenan a las casas de estudio efectuar elecciones de sus autoridades en un plazo no mayor a seis meses.
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El director de Acceso a la Justicia calificó como la parte negativa de la actualización del informe, que Bachelet hablara de una cooperación con Maduro y sus funcionarios, situación que ve como oportunista para el régimen porque se permite la visita a algunas cárceles, pero hace unos meses se les negó el ingreso a parte del equipo de la ONU. Agregó que no es viable mantener relaciones cuando no hay convenios de seguridad jurídica.
No es positivo que Bachelet no haya hablado de la Comisión de Investigación, por lo que no la respalda. Nosotros apoyamos esa propuesta de la comunidad internacional para conformar esta comisión puesto que el gobierno no es un interlocutor confiable ni actúa de buena fe, dijo Daniels.
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El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, también realizó una serie de consideraciones con respecto a la actualización del informe.
Considero que el ACNUDH está haciendo el trabajo que le corresponde, en el tono que le debe ser propio. A los venezolanos nos toca apoyar sus iniciativas, que no colidan con las que nosotros necesariamente debemos impulsar, indicó. La actualización es positiva para continuar el trabajo de presión internacional para lograr mejoras en situaciones concretas en DDHH, acotó.
A diferencia de Daniels, quien calificó la cooperación con Maduro como negativa, Uzcátegui señala: Según las evidencias, el alto comisionado espera seguir teniendo un nivel de interlocución con las autoridades para lograr implementación de medidas concretas y la presencia de sus oficiales dentro del país, lo que es absolutamente positivo.
El director de Provea resalta que la atención de esta instancia sobre Venezuela ha sido un triunfo de la sociedad democrática del país, que luego de mucho tiempo de incidencia logró que a partir del año 2017 fuéramos foco de atención del ente de mayor prestigio.