Maduro lleva cuatro años intentando acabar con la Asamblea

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El mayor triunfo de la oposición es cada vez más atacado. Desde las elecciones de diciembre de 2015, cuando se alzó con la mayoría calificada en la Asamblea Nacional -de los 167 escaños, conquistó 112- Nicolás Maduro y otros dirigentes del oficialismo han buscado desmantelarla.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli detalla que la escalada se debe a que la “Asamblea Nacional es el poder democrático más representativo de la República y al cual está subordinado el presidente”.

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Liliana Hernández, quien fue diputada por varios periodos, afirma que debido a que el Legislativo “posee el reconocimiento internacional, el régimen sabe que tiene que atacarla para acabar con todo”.

El 26% de los diputados opositores del Parlamento, cuyo periodo culmina en 2021, han sido atacados por Maduro: a 24 parlamentarios principales y siete suplentes les han allanado su inmunidad y ahora están en el exilio, refugiados en embajadas o son presos políticos.

“Desde su inicio ni siquiera dejaron que la Asamblea se instalara. Tan pronto culminó el proceso electoral comenzó todo. Desproclamaron a los diputados de Amazonas y el desacato inició por esto. Dijeron que la Sala Electoral repetiría las elecciones y a casi tres años no ha dicho cuándo hay que repetirlas”, expresa Hernández.

La más reciente detención fue la de primer vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, en la noche del miércoles. Rafalli afirma que “ni siquiera en las peores dictaduras se han llevado preso a un diputado como se llevaron preso a Zambrano”.

“Cuando se le allana la inmunidad parlamentaria como se ha venido haciendo, ellos ya no son diputados, son perseguidos políticos”, añade. Sostiene que la importancia de la inmunidad parlamentaria es que “está justamente prevista para situaciones como esta, en que un diputado de oposición, que quiera hacer denuncias o llevar a cabo una investigación, no sea perturbado en su función”.

El debido proceso para allanar la inmunidad parlamentaria ha sido violado de dos maneras, explica Rafalli. La primera, al dictar que los delitos en flagrancia no deben ser conocidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sino por jueces ordinarios y sin antejuicio de mérito; y la segunda, al usar a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para autorizar la medida, cuando el Parlamento es el competente. “Han puesto un ente que no es legítimo y aunque lo fuese no está en sus capacidades”, dice.

Maduro, en su discurso posterior a las elecciones a la ANC, realizado el 31 de julio de 2017, admitió que la idea de la Constituyente surgió con la derrota en las elecciones parlamentarias. “Recuerdan aquellos días de derrota, 9 de diciembre de 2015, ese día nació en mi la idea de buscar el tiempo para convocar un nuevo proceso popular constituyente y fue lo que hice el 1 de mayo de este año”.

Rafalli afirma que “la vía que utilizaron para suplantar a la Asamblea Nacional, por un parlamento que ellos dominaran, fue a través de la Constituyente, manipulada porque no tenía el respaldo popular”.

Sin embargo, el allanamiento masivo a la inmunidad parlamentaria de diez diputados se realizó en menos de dos días y una semana después del levantamiento militar en contra de Maduro. También en el mismo año en que el Legislativo declaró formalmente la usurpación del poder por parte de Maduro.

Según Hernández, se trata de una escalada de “violaciones flagrantes a la Constitución, por cierto la de Hugo Chávez Frías”.

Explica que “hasta ahora lo que se ve es el ejercicio de la fuerza para mantenerse en el poder” y “como no la puedo cerrar (a la Asamblea), la rebano de distintas maneras”.

Las agresiones a los parlamentarios no se limitan a estos allanamientos. Los diputados del interior del país han tenido que sortear obstáculos para viajar a Caracas y asistir a las sesiones para mantener la integridad del Parlamento. “Los diputados tienen una marca puesta por el régimen”, señala Hernández.

Hernández plantea que “ahora se tiene que ir a la defensa máxima del Parlamento”, y cree que “la convocatoria de Juan Guaidó es positiva debido a que no es un llamado a defender las instituciones, sino a defender el voto”.

Considera “urgente que se sesione y seguir en la calle porque el gobierno busca que se pierda la coordinación y el pronunciamiento unitario, nuestra mayor fuerza”. A lo que Rafalli añade: “La protesta a lo interno, el apoyo internacional a lo externo es lo que pueden hacer los diputados, porque es impensable que el TSJ les vaya a dar la razón en una medida”.

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