La ONU expresó este viernes su preocupación por la situación de violencia contra los defensores de derechos humanos en Colombia, en donde en 2016 observó 389 ataques de los cuales 59 fueron homicidios.
Asimismo instó al Gobierno y a la guerrilla de las FARC a reconocer plenamente sus responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario para generar procesos de reparación en consenso con las víctimas.
Así consta en el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que fue presentado en Bogotá, que además hace 15 recomendaciones sobre este asunto.
«Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad, incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores», dijo el representante en Colombia de esa Oficina, Todd Howland.
Agregó que entre los 59 asesinados estaban cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un dirigente afrocolombiano y dos juveniles.
El informe profundiza que los departamentos con mayor número de asesinatos verificados de defensores de derechos humanos fueron Cauca (14), Antioquia (7), Norte de Santander (6) y Córdoba (4).
El documento atribuye cuatro a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno al Ejército Popular de Liberación (EPL), dos a milicianos de las FARC, uno a disidentes de esa guerrilla, seis a particulares y uno a la Policía durante una protesta social.
Detalla además que 43 de los asesinados desarrollaban su labor en zonas rurales y que 25 de estos casos ocurrieron en zonas con presencia histórica de las FARC.
«Es notable el aumento de asesinatos en las áreas rurales frente al 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas. Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las FARC; la escasa o débil presencia del Estado», dice el informe de la ONU.
Howland explicó que «el control territorial no llega de la simple presencia de la fuerza pública. Las FARC tenían una influencia en la economía, en la política, en lo social, y para cambiar la situación en estos territorios el Gobierno tiene que tener una aproximación integral».
Con respecto al acuerdo de paz firmado, el documento señala que está bien concebido, pero alerta que «las partes del acuerdo relacionadas con la inclusión política, social, tienen que dinamizarlas mucho antes de que otros grupos entren a estas zonas en donde estaban las FARC y en donde hay economías ilícitas».
