Las recientes protestas en Chile sucedieron en parte para exigir un incremento de las pensiones, las cuales fueron elevadas a 154 dólares mensuales. Esta suma contrasta con Venezuela donde ese derecho de la seguridad social equivale a menos de 5 dólares mensuales.
Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la inmensa mayoría de los jubilados del sector público y privado devengan pensiones equivalentes a un salario mínimo (150.000 bolívares al mes), alertó el dirigente social, Edgar Silva.
El coordinador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad deploró el doble discurso de la administración de Nicolás Maduro que defiende, por un lado, el reclamo de los chilenos, pero por el otro mantiene para los venezolanos pensiones de hambre.
Según los parámetros del Banco Mundial, las personas con un ingreso de 1,96 dólares diarios entran en el rango de extrema pobreza, en Venezuela es de 0,2 dólares por día. Silva destacó que incluso la pensión en Cuba, que está en 10 dólares mensuales, es superior a la de Venezuela.
LEA TAMBIÉN: Incorporar la milicia al sistema eléctrico no mejorará el servicio
La Constitución establece el pago de una pensión que cubra el costo de la canasta básica, que en octubre alcanzó 7,5 millones de bolívares. En una reunión , que se realizó la semana pasada con representantes de la Asamblea Nacional, el Comité planteó aprobar el proyecto de ley de pensiones engavetado desde 2005 para que se reactive el fondo nacional de pensiones auto sustentable y eliminar así la discrecionalidad de Maduro de fijar montos en esta materia.
Otro problema es la mora de 50 meses en el pago de las pensiones a 11.700 beneficiarios del Seguro Social que viven en los países donde Venezuela mantiene convenios (España, Ecuador, Italia, Portugal, Chile y Uruguay). El argumento del IVSS es que no hay dinero para cumplir con esa obligación.
Pensionados del exterior que solicitaron guardar sus nombres en reserva alertaron que la situación es muy delicada. Hasta finales de 2015 recibía puntualmente la pensión. Si no fuera porque vivo con mi hija ya me hubiera muerto de necesidad, contó una afectada de 65 años de edad residenciada en España.
Y es que muchos pensionados dependen de ese ingreso por lo que se ven forzados a acudir a organizaciones no gubernamentales para subsistir, pues en los países hay la prohibición de contratar laboralmente a adultos mayores.