El régimen de Nicolás Maduro se ha dedicado en la última semana a desestimar el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al afirmar que fue hecho sin un criterio metodológico Imparcial porque la información suministrada por el Estado no fue reflejada en el texto.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente fue un poco más duro en la arremetida contra el documento, el cual desnuda la clara violación de derechos humanos en Venezuela, al señalar que la alta comisionada, Michelle Bachelet, se alió con Estados Unidos para desprestigiar a la revolución bolivariana.
La situación en Venezuela con respecto a la violación de derechos fundamentales por parte de la administración de Maduro se mantiene inalterable. Mientras en los medios de comunicación del Estado se informa sobre la liberación de presos políticos, por otro lado, ONG como Foro Penal y Provea revelan el encarcelamiento de nuevos venezolanos por razones que no se ajustan a las leyes.
HispanoPost entrevistó a los defensores de derechos humanos Manuel Virgüez, del Movimiento Vinotinto, y Andrés Colmenares, de Funpaz, quienes coincidieron que el informe fue muy preciso y revelador. Sin embargo, aclaran que se necesitan otros mecanismos para frenar estos delitos que se vienen cometiendo en Venezuela.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos estamos trabajando para solicitar ante las instancias internacionales que se active una Comisión Internacional de Investigación de violaciones a Derechos Humanos en Venezuela, con el fin de seguir ejerciendo presión y buscar la verdad, la justicia, la garantía de no repetición y la reedición de la memoria histórica de lo que ha ocurrido en Venezuela sobre todo en el contexto de las manifestaciones políticas donde, a este punto, han fallecido más de 250 personas en lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro, indicó Virgüez.
Precisó que este tipo de instancias ya se han creado en algunos países de África y su principal objetivo es generar insumos para que la Corte Penal Internacional (CPI) acelere y de curso a las investigaciones, para posteriormente activar los juicios necesarios para castigar los crímenes de lesa humanidad.
Colmenares afirmó que, ante los delitos cometidos en Venezuela, es necesario que las víctimas sigan documentando, denunciando y difundiendo sus casos para lograr un impacto a futuro en los organismos internacionales de justicia.
La única herramienta visible, real, y efectiva que le queda la ciudadanía venezolana es la denuncia pública, asumiendo por supuesto los riesgos que eso conlleva. El fenómeno de puerta giratoria que ha denunciado el Foro Penal Venezolano no ha parado, vemos la medida que le dieron al periodista Braulio Jatar, que fue prácticamente secuestrado, criminalizado y enjuiciado por informar de una situación de hace dos años. Pero sigue habiendo persecución, sigue habiendo criminalización del oficio de los periodistas, sigue habiendo criminalización del oficio del médico que atiende a los heridos porque simplemente se pronuncia en contra de lo que está pasando en el país, condenó.
Un informe contundente
Los defensores de derechos humanos aclaran que el informe presentado el pasado 4 de julio no fue elaborado en su totalidad por Bachelet, ya que ella cuenta con un grupo de expertos en la materia que tienen muchos años recopilando información y que pudieron corroborar en marzo de 2019 cuando pudieron ingresar al país.
Hay que hacer énfasis en que el informe fue presentado por la Oficina del Alto Comisionado, porque si bien es cierto que Bachelet es la alta comisionada actualmente, ese informe se viene sustentando con documentos, pruebas y testimonios desde hace aproximadamente 3 años. Este es el tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, el último es el más contundente porque ya reconoce abiertamente que el gobierno de Nicolás comete crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Lo paradójico de este asunto es que la dama fuerte de la izquierda latinoamericana es quien tiene la tarea de desnudar al gobierno de Nicolás Maduro como un violador sistemático de los derechos humanos, explicó el representante de Funpaz, quien se vio obligado a emigrar del país por amenazas en su contra.
Virgüez también explicó que aunque el informe no es vinculante dentro de Venezuela, es decir que no obliga al Estado a cumplir alguna condición en materia de derechos humanos, sí tiene un impacto mundial porque confirmó, por ejemplo, que las personas necesitan más de 10 horas para buscar alimentos debido a las colas y la escasez de productos; en materia de salud hay entre 60% y 100% de escasez de algunos medicamentos·.
En Venezuela hay más de 700 presos políticos, también quedaron demostrados los casos de tortura y este año ya han muerto 6 personas que el gobierno mantenía en cautiverio, como consecuencia de los maltratos que han sufrido. La víctima más reciente es el capitán Acosta Arévalo. Los programas sociales también son condicionados, los despidos por razones políticas también fueron demostrados. Ese informe es por demás contundente y no puede ser minimizado, añadió.
Las dictaduras se burlan de la ONU
El representante del Movimiento Vinotinto explicó que los organismos adscritos a las Naciones Unidas utilizan mecanismos que solo pueden ser empleasos en países donde exista y se respete un verdadero Estado de Derecho.
Hemos visto, por ejemplo, el caso Siria, el caso Sudán en la década del 2000 y ahora el caso Venezuela, que hay países dispuestos a burlarse de los organismos multilaterales de la diplomacia internacional y de los órganos de cooperación, aclaró.
Colmenares aseguró que está plenamente convencido de que en un futuro Maduro y sus principales colaboradores dentro de Venezuela, tendrán que enfrentarse a los sistemas de justicia internacionales y pagarán por todos los delitos que han cometido en los últimos 20 años.
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