La sigla Reficar (acrónimo de la empresa pública Refinería de Cartagena) tiene un penoso significado real para los colombianos. Lo defino así: Manejo ilícito para conseguir un fin y especialmente para lucrarse impunemente. También es un verbo consolidado al que le calza esta descripción: Tomar o retener bienes públicos sin permiso legal, mediante trampas contractuales y amparos políticos y judiciales previamente convenidos.
De un tiempo para acá, a los desfalcos de fondos públicos se los suele llamar reficares.
Así mismo, el Estado Colombiano (dueño y señor de Reficar), tiene también un solo significado verdadero. Lo determino de esta forma: Conjunto de maleantes que, unidos en una especie de sociedad, comete todo tipo de crímenes que, con ínfimas excepciones, nunca son castigados.
Reficar es una planta industrial fundada en 2009, ocupa un área de 140 hectáreas en la zona cartagenera de Mamonal y procesa derivados del petróleo, principalmente para el consumo nacional. Su mayor distintivo, sin embargo, es que constituye el hecho consumado de corrupción pública más costoso e impune de la historia de Colombia. El dinero robado allí mediante el método de sobrecostos durante los ocho años que tardó su construcción (prevista para durar cinco), supera los seis mil millones de dólares. Esa cantidad terminó en los bolsillos de un manojo de ministros de Minas y Energía, de los últimos presidentes de la estatal empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol, altos directivos de la refinería, contratistas varios, constructores y un cartel de abogados criminales de cuello y corbata que suele enquistarse en todos los grandes negociados públicos y privados del país. Se especializa en darle trazas de licitud a lo que no lo es y a regar dinero por debajo de las mesas para que las autoridades competentes miren para otro lado.
Para tener una medida de la cantidad de dinero robado en la construcción de Reficar, ofrezco estos datos comparativos: 1) USD$ 1.000 millones más que el edificio más alto del mundo, la torre Buj Khaalifa, de Dubái, con una altura de 828 metros y un costo de USD$ 5.000 millones. 2) Más de USD$ 1.000 millones que el segundo canal de Panamá, construido a un costo de USD$ 5.000 millones de dólares. 3) USD$ 3.500 millones más que la misión Curiosity de la Nasa a Marte. 4) USD$ 5.000 millones menos que el costo total del cruce monumental de los Alpes Suizos mediante una obra de dos túneles de uso ferroviario que suman 151,84 kilómetros. Los más largos del mundo.
El costo total de Reficar incluidos los chanchullos fue estimado por la Contraloría General de Colombia en USD $ 8.016, de los cuales un poco más de USD$ 6.000 fueron robados y hasta el sol de hoy no existe un sólo ladrón preso y mucho menos condenado.
Durante el tiempo en que fue cometido este delito, solamente en la península de La Guajira norte de Colombia murieron de hambre no menos de cinco mil niños indígenas de la etnia wayúu, por lo cual tampoco hay un solo preso.
La construcción de la refinería fue decidida en 2004 por el supremo Consejo Nacional de Política Económica y Social -CANPES- con el requisito, sine qua non, de tener un socio estratégico privado poderoso, para lo cual fue escogida la minera multinacional suiza Glencore International A.G., a la que le correspondió el 51 por ciento de las acciones, a pesar de carecer por completo de experiencia en la construcción y manejo de refinerías. Glencore, por su parte, contrató para construir las obras de ingeniería a la compañía Chicago Bridge and Iron (CB&I), también inexperta absoluta en ese tipo de trabajos.
Dos años después, Glencore sumaba innumerables retrasos, fallas en los aportes financieros que le correspondían y mediocridad evidente en el personal de expertos contratados para construir la refinería. En esas circunstancias apeló a un secreto derecho de retiro del negocio, inscrito en el contrato en su favor desde el comienzo, y Ecopetrol poseedor del 49 por ciento no solamente se lo permitió, sino que le reembolsó la totalidad de cuanto sostenía valían sus aportes y mejoras y no le cobró un sólo centavo por las demoras, daños y fallas causados al proyecto.
Reficar, entonces, pasó a ser enteramente propiedad de Colombia y asumió el contrato leonino con CB&I, empresa a la cual le sufragó multimillonarios sobrecostos y otros pagos por conceptos tales como fiestas, masajes, cuentas de restaurantes, obsequios personales y viajes de placer, completamente ajenos a la construcción de la refinería. Aun así, CB&I enjuició a Colombia y se estima que en 2019 se producirá el fallo de un tribunal de arbitramento internacional con el que seguramente se elevará en varios miles de millones de dólares más el valor de la pérdida nacional.
Los organismos de control, como la Contraloría, la Procuraduría y Fiscalía, no intervinieron nunca mientras se estaban robando más de USD$ 6,000 en la construcción de Reficar y solamente ahora han emprendido investigaciones para tratar de valorar el tamaño del daño ya causado.
Ninguno de los peces gordos involucrados ha sido tocado.
La modalidad principal utilizada para este hurto monumental ya dije fue la de sobrecostos. Consiste en tasar la obra en un valor real inicial y comenzar a causar demoras y confusiones para que el erario subsane cada impedimento con entregas de dineros pactadas en los contratos de manera indeterminada y desembolsadas sin ningún tipo de control.
Un dicho muy colombiano indica: Hecha la ley, hecha la trampa. Hoy, empero, el país ha evolucionado hacia algo más eficaz y desvergonzado: las leyes de contratación más modernas llevan implícita la opción de la trampa.
La lentitud y la lenidad de la justica llegó a un punto final de comedia: Orlando Cabrales, el Presidente de Reficar virtualmente más ladrón de todos y propiciador principal de los mayores desfalcos, acudió a la primera audiencia judicial con una excusa definitiva y ya aceptada: se le olvidó absolutamente todo. De un momento para otro, un repentino ataque de Alzheimer le borró la memoria.
La impunidad está garantizada.
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