Desde que el gobierno de Nicolás Maduro desconoció a la Asamblea Nacional (AN), derogó sus funciones y aumentó la represión contra la población civil, la administración de Donald Trump cambió la política de tolerancia con Venezuela que había mantenido Estados Unidos durante la gestión de Barack Obama.
El 5 de mayo de 2017, tres años después de que se iniciara la mayor crisis económica, política y social de la historia moderna del país, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó por primera vez y de manera individual, a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por usurpar las funciones de la AN y otorgar a Maduro la posibilidad de gobernar con poder ilimitado a través de un decreto de emergencia económica, que de acuerdo con la Constitución de Venezuela, debía tener una duración máxima de 120 días y que ya suma 1.155 días desde su promulgación.
En ese momento fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos , OFAC por su siglas en inglés, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, y los siete miembros principales de la Sala Constitucional de ese organismo: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suarez y Calixto Ortega.
Un mes y medio después, el 31 de julio de 2017, el Departamento del Tesoro sancionó directamente a Maduro por la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, según expresó la Oficina de Control de Activos, pretendía de manera ilegítima usurpar a la AN elegida democráticamente, rescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario.
Tipos de sanciones
El internacionalista Félix Arellano explica que hasta ahora Estados Unidos ha aplicado tres tipos de sanciones en el país: las individuales, que involucran con nombre y apellido a personajes del alto gobierno venezolano; las grupales, generalmente aplicadas contra instituciones involucradas en la violación a los derechos humanos; y las financieras contra empresas del Estado.
Estas últimas limitan mercado, accesos y puentes de financiamiento. Son medidas más duras cuyo efecto no se verá inmediatamente y pueden tener mayor repercusión nacional. Todas las medidas que se adoptan son para ejercer presión y en la medida de que el gobierno diera señales de cambio, de negociación, esas medidas podrían revertirse, indicó.
Arellano considera que el incremento en la severidad de las sanciones que se ha observado durante los últimos dos años es consecuencia lógica de la agudización de la crisis interna. La violación de los derechos humanos ha sido más sistemática, más violenta y la destrucción de la democracia se agrava con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Daniel Varnagy, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Simón Bolívar, señaló que las sanciones tienen como objeto frustrar el movimiento de capitales y personas que sostienen el sistema que encabeza Maduro.
Desde el mismo momento en que el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el poder por primera vez, convirtió a Venezuela en un foco de preocupación por su directa admiración por los dictadores de la época: Gadafi, Sadam Hussein, Fidel Castro. Por ese motivo Venezuela se hizo objeto de estudio de sus movimientos de capitales, sostuvo.
Sancionados
A los magistrados, se sumaron el 9 de agosto de 2017 ocho funcionarios más relacionados con la ANC: Francisco Ameliach, exgobernador de Carabobo; Adán Chávez, exgobernador de Barinas; Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas; Carmen Meléndez, gobernadora de Lara; Darío Vivas, constituyente por Vargas; Hermann Escarrá, constituyente por Miranda; Tania DAmelio rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Bladimir Lugo, comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo de la Guardia Nacional Bolivariana.
El 25 de agosto de ese mismo año, el Departamento del Tesoro sancionó por primera vez a una persona jurídica del Estado venezolano: Citgo. En esa oportunidad prohibió durante 30 días las transacciones comerciales, importación y exportación de petróleo. Luego de esta fecha y hasta mayo de 2018, la OFAC aplicó sanciones a 15 funcionarios más del gobierno chavista, incluyendo al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.
En esa lista se encontraban las rectoras del CNE Sandra Oblitas, Socorro Hernández y el rector suplente Carlos Quintero Cuevas; Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la ANC; Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia; Ernesto Villegas, ministro de Cultura; Jorge Márquez Monsalve, exdirector de Conatel; Manuel Fernández, presidente de Cantv y Movilnet; Carlos Osorio, presidente de Misión Transporte; Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana; Américo Mata, director suplente en la junta directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat; William Contreras jefe de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos; Reinaldo Lepaje, Tesorero Nacional Auxiliar; y Carlos Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Las sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) llegaron el 19 de julio de 2018 con una restricción en las transacciones comerciales a los Bonos Pdvsa 2020. Dos meses después, alcanzaron al círculo cercano de Maduro: Cilia Flores, primera dama; Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva; Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; y Rafael Sarría Díaz y su red de testaferros.
Washington también ha revocado las visas a más de 600 personas relacionadas con la administración de Nicolás Maduro desde el año 2018. Según informó el jueves 14 de marzo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, en ese número se encuentran incluidos 107 exdiplomáticos y familiares de funcionarios, a quienes se señala de socavar la democracia de Venezuela.