El pasado lunes 5 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva contra el régimen de Nicolás Maduro, en la que ordena el congelamiento todos los activos en territorio estadounidense. Sin embargo, 16 organizaciones a favor de la defensa de los derechos humanos, con sede en Venezuela, Colombia, Brasil, Perú y Estados Unidos, afirman que las nuevas sanciones corren el riesgo de empeorar el sufrimiento de los venezolanos.
El pronunciamiento conjunto de las organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresa que las sanciones financieras y petroleras están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria.
Las ONG afirman que el anuncio por el gobierno de Trump se basa en la idea de que imponer sanciones económicas amplias obligará a un cambio de régimen en el corto plazo. Desafortunadamente, como lo demuestran los casos de Irán, Corea del Norte, Cuba y Siria, tales sanciones a menudo fortalecen a líderes autoritarios proporcionándoles un chivo expiatorio al cual culpar por los graves efectos de sus políticas represivas, puntualizan.
Sigal Mandelker, subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del gobierno de Estados Unidos, el martes 6 de agosto defendió las sanciones y afirmó que no afectarán a los venezolanos. El Departamento del Tesoro tiene el compromiso de asegurar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria al pueblo venezolano que continúa sufriendo como resultado de los malos manejos y la corrupción del exrégimen ilegítimo de Maduro. Es imperativo que la comunidad internacional continúe utilizando completamente todas las excepciones por razones humanitarias para garantizar que los alimentos y otros suministros lleguen a los venezolanos, dijo.
El economista Francisco Rodríguez tiene otra posición. Explica que la orden ejecutiva tiene dos efectos que repercuten en los venezolanos. Primero, al sancionar al gobierno aumenta el proceso de toxificación financiera, en el que los bancos deciden tener menos transacciones con el sector privado de ese país a pesar de que ese sector no haya sido sancionado.
El segundo y el más importante, según Rodríguez, es el relacionado con las sanciones secundarias, que no es otra cosa que sancionar a los países que hagan negocios con Venezuela debido a que el gobierno de Trump no puede prohibirle a los otros países hacer negocios pero sí puede negarles hacerlos en Estados Unidos.
Especifica que de imponerse las sanciones secundarias, las exportaciones de petróleo de Venezuela caerían significativamente y estarían en peligro las exportaciones a la India, que representan entre 40% y 50% de las importaciones petroleras del país en este momento.
Rodríguez añade lo que se vería reflejado en el aumento del desabastecimiento porque si actualmente Venezuela no está importando lo suficiente para alimentar al país, con el efecto de las sanciones secundarias va a ser peor aún. Advierte que los precios de los productos aumentarán aún más y van a ser menos accesibles para el venezolano.
El consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca de Estados Unidos, John Bolton, aclaró que ante la medida se emitieron 21 excepciones, o licencias, que permiten bienes humanitarios, remesas personales, telecomunicaciones y correo, telecomunicaciones, acceso a Internet, servicios médicos y actividades desarrolladas por organizaciones internacionales o no gubernamentales.
Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien están entre los que suscribieron el comunicado de las ONG, afirma que son necesarios cambios inmediatos en el país, no más sanciones.
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