Debido a la falta de independencia de algunos Poderes Públicos en Venezuela, en especial el judicial, que de manera sostenida ha dictado sentencias políticas y no ajustadas al marco jurídico vigente, los trabajadores agrupados en las distintas centrales sindicales del país y gremios profesionales entregaron a la Asamblea Nacional el proyecto de «ley de garantías para los ciudadanos y sectores sociales que participen en la defensa de la Constitución y el restablecimiento de la democracia.
En su exposición de motivos, el texto jurídico explica que desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se vienen cometiendo atropellos contra la población venezolana, en vista de que dicho organismo desconoce abiertamente la voluntad de millones de venezolanos que eligieron un Poder Legislativo imparcial durante el año 2015. Sostiene que es por ello que se debe proteger a todo aquel ciudadano que levante su voz contra estas arbitrariedades, en especial a la fuerza laboral del país.
El proyecto de ley tiene como objetivo fundamental la protección de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de los venezolanos que decidan abiertamente desconocer a la administración liderada por Nicolás Maduro y todos aquellos Poderes Públicos que no se ajusten a sus competencias constitucionales.
Esta Ley tiene por objeto proteger los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de los venezolanos que decidan manifestar contra el régimen de Nicolás Maduro; indemnizar a las personas que sufran daños con ocasión de su participación en tales actividades; resarcir los daños por el deterioro o destrucción de sus bienes, por haberlos puesto a disposición de las acciones de protesta; garantizar la estabilidad e inamovilidad laboral, así como la inalterabilidad de las condiciones de trabajo de los funcionarios y trabajadores de los órganos y entes del Estado, y del sector privado, que puedan ser perseguidos o perjudicados por declararse en desobediencia civil y contribuir al restablecimiento del orden constitucional, precisa el artículo número 1 del texto legal.
También exige que ningún trabajador público o del sector privado pueda ser despedido o removido de su cargo por manifestar su descontento contra la gestión de Maduro, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no garantiza los derechos laborales de los venezolanos.
En cuanto al derecho constitucional a la protesta, los trabajadores piden al Parlamento que suspendan las zonas de seguridad impuestas en las empresas básicas.
El artículo 4 señala que: A los efectos de la aplicación de la presente ley y con miras a garantizar el derecho a la protesta pacífica de los trabajadores de las empresas básicas, quedan suspendidas todas las zonas de seguridad constituidas en las áreas que circundan a las empresas básicas y, en consecuencia, no podrá aplicarse a sus trabajadores que ejerzan el derecho a la protesta, lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Defensa de la Nación.
La legislación, en caso de ser aprobada por el Poder Legislativo nacional, garantizaría los puestos de trabajo y los salarios de todo aquel personal que se una a una huelga o paro cívico, destinadas a restablecer el orden constitucional.
Protección para entidades de trabajo
El articulado también busca dar garantías a todas aquellas entidades de trabajo que sean perjudicadas por las acciones de la administración de Maduro.
Los propietarios de fincas, empresas y comercios, así como los productores agrícolas que sean expropiados, confiscados, ocupados o saqueados; o que sufran daños o pérdidas en sus instalaciones, maquinarias y medios de transporte por la acción del régimen de Nicolás Maduro o sus grupos civiles armados, tendrán derecho a la restitución plena de su propiedad, incluyendo los inventarios de productos y materia prima y lucro cesante, debidamente comprobado. La Asamblea Nacional garantizará los recursos que sean necesarios a tal fin, puntualiza el artículo 9.
También se garantizaría a los medios de comunicación social su normal funcionamiento y no podrán revocarse las concesiones o permisos otorgados a medios que divulguen información vinculada con actos de represión, protestas y violación de los derechos humanos en Venezuela.
Los prestadores de servicios de transporte público están amparados en este proyecto de ley. Se garantizaría el resarcimiento de todas aquellas unidades que sufran daños totales o parciales como resultado de su participación en las convocatorias a paros de transporte y otras acciones de protesta.
Castigo para responsables
Pidieron que se castigue a todas aquellas autoridades jerárquicas que discrimen, hostiguen o amenacen a los trabajadores y funcionarios que participen u organicen actividades de protesta para restablecer el hilo constitucional con una pena de 5 a 10 años de prisión.
Finalmente, el artículo 13 establece que las máximas autoridades jerárquicas y demás niveles directivos y gerenciales de los órganos y entes del Estado que condicionen el acceso a los programas alimentarios o asistenciales a la no participación en las actividades de protesta encaminadas al restablecimiento del hilo constitucional; o al respaldo de actividades con fines políticos del gobierno nacional, serán penados con prisión de 6 a 12 años.
No olvide ver nuestros reportajes en: www.hispanopost.com
TAGS: #Ley #AN #Trabajadores #Legislación #Proyecto #Democracia