A pocos meses de haber asumido su mandato en el año 2013, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un plan de seguridad que denominó Movimiento por la Paz y la Vida. El programa del gobierno bolivariano pretendía disminuir el elevado índice delictivo y de violencia que sufre ese país latinoamericano, para ello, se crearon extraoficialmente zonas de distensión en las áreas más peligrosas del estado Miranda: Barlovento y Valles del Tuy.
De acuerdo al convenio, los organismos de seguridad no podían ingresar ni aprehender a criminales en esos lugares mientras se negociaba la entrega de armas y la transición hacia una vida alejada del vicio. Sin embargo, las llamadas Zonas de Paz tuvieron el efecto contrario al objetivo que se habían planteado: se multiplicaron por el territorio y con ellas, crecieron los delitos y el crimen organizado.
Aunque no existe una postura oficial sobre ese tema, la administración del presidente Maduro destituyó a todos los jefes policiales que ordenaron operativos en las zonas de paz.
Dos años después de la implementación de esa política, llegó la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), un plan que cuenta ya con serios cuestionamientos por sus presuntas violaciones a los derechos humanos.
