El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 4.414 protestas durante el primer semestre de 2020, equivalente a un promedio de 25 diarias.
Según un informe emitido por la organización, más de la mitad de las protestas fue para exigir el derecho a los servicios básicos. En promedio se registraron 14 protestas diarias, para un total de 2.505 en seis meses. Las fallas eléctricas ocuparon el primer lugar de los reclamos, seguidas por las demandas de agua y gas.
Esta situación, que hace más vulnerable a la población frente al COVID-19, demuestra una vez más el colapso de los servicios a los que está sometida la familia venezolana, siendo el acceso al agua, electricidad y gas uno de los principales derechos que debería garantizar el Estado a todos sus ciudadanos, aún más cuando desde el poder se controlan estos servicios.
En el primer semestre de 2020 empeoró la escasez de combustible. Largas colas, que incluían varios días para poder surtirse y racionamiento de la venta según el terminal de la placa del vehículo, formaron parte del panorama en todo el territorio nacional. La agudización de la situación y la reducida actividad de la industria petrolera llevó a la importación de gasolina proveniente de Irán para abastecer el mercado y, a su vez, aplicar un aumento del precio, establecido en bolívares y dólares.
La supervivencia en condiciones extremas se ha convertido en un modo de vida en el país de las mayores reservas de crudo del mundo, dominado por un sistema político que ha llevado a sus ciudadanos a la pobreza y desigualdad social.
Los reclamos laborales se ubicaron en el segundo lugar del índice de conflictividad, al representar 21% del total de las protestas registradas hasta junio. En seis meses, se reportaron 943 protestas, equivalentes a cinco diarias.
En menor medida respecto al año pasado, que estuvo marcado por una agenda política de calle, este 2020 las manifestaciones por derechos políticos se han visto reducidas y durante el primer semestre ocuparon el tercer lugar de protestas con 648 acciones ciudadanas, de forma individual o combinada con otros derechos.
La región andina lidera los índices de conflictividad. Por entidad, Táchira ocupó el primer lugar con 488 protestas, seguido de Mérida con 454. Miranda (355), Distrito Capital (349) y Anzoátegui (304), siguieron el conteo de las principales entidades con mayor conflictividad.
Durante el primer semestre de 2020 fueron reprimidas 221 protestas por cuerpos de seguridad del Estado y Colectivos Paramilitares, 129 personas fueron detenidas, otras 62 heridas y dos asesinadas.
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