El cierre del colegio Inmaculada Concepción, en la Urbanización La Florida de Caracas, se suma a las preocupaciones de los representantes de estos estudiantes, pues en medio de esta pandemia no pueden buscarles cupos escolares a sus hijos. Son 416 los estudiantes afectados por esa medida.
«El 28 de abril nos informaron que habían decidido no renovar la matrícula escolar para el año que viene por alta morosidad, además nos condicionan a que paguemos un monto que eran dos millones doscientos con retroactivo desde enero y teníamos hasta el 25 de mayo para cancelar los meses desde enero hasta agosto o sino nos daban los documentos de los niños», dijo María Alejandra Herazo, representante.
Anteriormente, la matrícula era de 600.000 bolívares, monto que fue acordado junto a los representantes por medio de una asamblea. Los padres insisten en que el incumplimiento de las mensualidades no estuvo sujeto a falta de dinero, sino a exigencias en la calidad de la educación.
«Hay quienes nos dicen que no nos van a dar cupos en otros colegios porque somos unos mala paga, porque somos pichirres. El tema no es por el dinero, es que este director (José Antonio Fuentes) es nuevo y cuando él agarra la administración este año comenzó a botar a los profesores y va quitando las cátedras sin previo aviso. Nosotros aprobamos pagar 600.000 bolívares, pero en vista de la baja calidad de educación tomamos como medida de presión el pago, no es que nos hayamos negado a pagar», explicó Herazo.
Dentro de las materias que salieron del horario escolar de los alumnos está computación, inglés ajedrez, religión y educación física. Herazo puntualizó que nada más veían lengua, matemática y ciencia de la naturaleza.
Más tarde, a raíz de una denuncia en el Consejo Municipal de Derecho, el director del plantel se comprometió a dar los documentos de cada alumno y a aceptar el monto de 600.000 bolívares por cada mensualidad, cifra que sí había sido aprobada en una Asamblea con los representantes.
Para conseguir una solución al problema, un grupo de representantes solicitó una cita con la viceministra de Educación para la semana pasada, pero al momento que asistieron los atendió la jefa de la Zona Educativa, Graciela Amarius Rapisarda, quien confirmó que el director de la institución solicitó la no renovación de la matrícula para el año escolar 2020-21.
Nos dijeron que no hay un procedimiento con la sentencia del Tribunal y que si él quería (el director), podía abrir un colegio nuevo. Quedamos en el aire, cosa que nos molesta mucho porque la respuesta no fue nada agradable», manifestó Herazo.
Una de las representantes que se desempeña como abogada y que se está encargando del caso, pidió un amparo constitucional ante el Ministerio Educación. «También están violando las leyes de ellos, porque la notificación del cierre se debía hacer en enero de manera que a todos nos diera chante de buscar cupo y ese proceso de cierre debió iniciar desde el año pasado».
Antonio Medina, padre de tres estudiantes, expresó: «Estoy desesperado porque tengo una niña de 16 que entra a quito año para graduarse en 2021. Imagínese cómo estoy porque ella quiere estar con sus compañeros que conoció desde preescolar».
Son 416 alumnos los que quedarán a la deriva, 375 familias que resultarán afectadas cuando finalice este año escolar en el mes de julio, fecha que específico Aristóbulo Isturiz, ministro de Educación.
«La ley dice que el colegio que cierra debe buscarles cupos a sus estudiantes, cosa que ellos no han hecho», resaltó Medina, quien agregó que «si un colegio cierra por quiebra, tiene que haber una sentencia emitida por un tribunal y eso tampoco lo han demostrado».
A través de un censo realizado por los padres, donde juntaron los recibos de pago, constataron que alrededor de 70% de los representantes habían cancelado las mensualidades, por lo que insisten en que el cierre del plantel es injustificado.
«En Caracas para conseguir cupo en un colegio eso es mentira que se logra de un mes para otro, a veces se necesita hasta un año de anticipación. Es fuerte, es una situación que es frustrante y en medio de tantos problemas, la movilidad, la comida, la pandemia», dijo Herazo.
Por último, los representantes exigen que el Ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, se exprese al respecto y les dé una solución, aunque hay padres que aseguran que desde la Zona Educativa se realizan gestiones para la reubicación de los 416 alumnos.
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