Mientras los venezolanos intentan cumplir la medida de cuarentena en hogares donde la falta de servicios básicos, alimentos e ingresos tocan su puerta cada día, 44 organizaciones no gubernamentales confirman que desde marzo se agudizaron las violaciones de derechos humanos en el país, al aumentar el control por parte de la administración de Nicolás Maduro con organismos que incrementan el riesgo y sin instituciones que protejan a la población.
Las restricciones a la movilidad por la cuarentena, en el contexto de una sociedad abatida por la caída y el colapso de las capacidades del país para garantizar los derechos a la salud, alimentación, educación y a los servicios de agua, electricidad, combustible y telecomunicaciones, crean un escenario de extrema dificultad para el funcionamiento de las organizaciones que defienden derechos humanos, a lo que se agrega una mayor concentración de poder en las instancias centrales de gobierno y los cuerpos de seguridad que multiplican los riesgos de la población y comunidades a violaciones de los derechos humanos, sin instituciones que garanticen su protección, expresan las ONG en su informe.
El documento conjunto Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela fue elaborado por 44 organizaciones de la sociedad civil venezolana en 15 estados del país. En los meses de confinamiento por COVID-19 no ha sido posible ejercer la labor de defensa legal debido a la inactividad de los tribunales y la paralización de casi todos los procesos judiciales, acción que el 12 de julio el Tribunal Supremo de Justicia alargó hasta el 12 de agosto de 2020 mediante la resolución N°005-2020.
En la cuarentena se ha incrementado el número de personas detenidas arbitrariamente que circulan por la calle, al pasar de tres detenciones por semana, en los meses de enero y febrero, a 40, entre los meses de marzo y mayo, exponen las instituciones en su investigación, y añaden que en cada caso el Estado alegó desacato al decreto de Estado de Alarma.
Con respecto al derecho a la salud durante la COVID-19, el personal médico y de enfermería ha sido vigilado y amenazado por publicar o circular información. En muchos sectores populares las comunidades son vigiladas y coaccionadas con represalias si cuestionan las políticas de gobierno, indica el informe. Agrega que las medidas de control para reducir los niveles de contagio y los casos de COVID-19 se aplican de manera arbitraria por las autoridades locales y los cuerpos militares y policiales.
Violaciones de DD HH por regiones
El estudio afirma que en Distrito Capital existe muy poca información acerca de la prevención, propagación y control de la COVID-19 y las personas simplemente deben acatar las normas de confinamiento, distanciamiento o restricción de circulación a los horarios establecidos, si no quieren ser expuestas al escarnio público o al acoso policial de no cumplirlas. Estas comunidades sufren de extrema pobreza, al carecer de los bienes y servicios más básicos, puestos de trabajo que han mermado y vivir al día con un acceso a los servicios que se discrimina por razones políticas con el uso del carnet de la patria.
Las protestas por falta de agua, luz o gas registradas con mayor frecuencia desde marzo, ahora son inmediatamente reprimidas y se amenaza a los habitantes con represalias de hacer denuncias o reclamos por la situación de los servicios, establece el informe.
Mientras en parte de la ciudad de Caracas ocurre esta realidad, en el estado Amazonas, pese a las medidas de cuarentena, los grupos armados y mineros han conseguido salvoconductos con el apoyo de autoridades para continuar con sus actividades sin normas de bioseguridad adecuadas, acción que eleva los riesgos de propagación hacia las comunidades indígenas, las cuales no cuentan con medios para la atención a la salud ni para la movilización de personas que puedan enfermar, evidencian las organizaciones en el documento.
En Aragua, existe el sistema de control social que ejercen activistas del partido de gobierno, denominados delegados de calle, quienes vigilan diariamente a sus vecinos y denuncian ante las autoridades cualquier evento que se considere adverso a las políticas del gobierno. Ellos reportan a centros de salud cercanos si se acerca alguna persona ajena a la comunidad para que sea sometido a pruebas e incluso informan posibles casos sospechosos de COVID-19 a un jefe de escuadra quien a su vez rinde cuentas a las autoridades. Este mecanismo ha funcionado como medio de coacción en las comunidades por razones políticas, señala el informe.
En este estado del centro-norte del país, según la información de estas organizaciones, la mayoría de los ciudadanos no puede cumplir el confinamiento porque debe salir a abastecerse de agua, para lo cual dedican alrededor de seis horas diarias, al igual que para conseguir gas doméstico y alimentos, sin condiciones mínimas de prevención.
En Carabobo, los trabajadores de la salud son frecuentemente amenazados o coaccionados para que no informen sobre la situación de manera pública. El personal ha tenido que poner en práctica medidas rudimentarias de tapabocas artesanales, que no proporcionan suficiente protección contra el contagio o usar sus propios ingresos para la compra de estos materiales, a pesar de los bajos salarios. Tampoco se cuenta con batas, lentes o pantallas faciales o gorros para atender los casos sospechosos, detalla el documento.
Entre marzo y junio, en Lara los decretos de Estado de Alarma a nivel nacional y estadal aumentaron las restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos, y dieron pie a la represión y los castigos ejemplarizantes para controlar la movilidad de personas y vehículos dentro del estado, ya limitado por la aguda escasez de gasolina y la falta de transporte público.
En estos meses las fuerzas policiales y militares atacaron urbanismos e hicieron detenciones de vecinos al cacerolear en protesta por la carencia de servicios públicos en las ciudades de Barquisimeto, Carora y El Tocuyo. Como resultado, fueron detenidas 25 personas, sufrieron tratos crueles y degradantes durante la detención que en la mayoría de los casos se alargó por 45 días, señala.
En Táchira, las ONG registran que, hasta junio de este año, 71 mil personas retornaron a través de este estado. Los venezolanos que vuelven desde Ecuador, Perú y Colombia, por las dificultades de la COVID-19 en estos países, son aislados en alojamientos temporales, sin cocina, duchas, camas, servicio de agua ni de higiene adecuados. Allí han estado hasta 600 personas hacinadas durante 15 días para su traslado posterior a los estados de destino.
Mientras esto ocurre, en Zulia todas las carencias se agudizaron con la medida de cuarentena. La suspensión del suministro de gasolina a los particulares, las dificultades de algunos sectores esenciales para obtener salvoconductos y la restricción de circulación al transporte particular y públicos se sumaron a los apagones de electricidad intensificados y al racionamiento eléctrico. Lo mismo sucede con el agua potable y los servicios de comunicaciones fallan frecuentemente, y en consecuencia la población está sin señal y desinformada.
La mayoría de los hogares, del estado con el mayor foco de contagios, el cual se encuentra en el mercado Las Pulgas, permanece semanas sin suministro de fluido por tuberías, lo que fuerza a muchos a salir de sus casas para buscar camiones cisternas, que también escasean por la falta de gasolina, o botellones de agua en los mercados, lo que implica mayor exposición a contraer el virus, puntualiza el documento.
Las 44 ONG recomiendan que en los esfuerzos para detener la propagación de la COVID-19 y garantizar la salud de la población, se adopten las recomendaciones de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la aplicación de medidas extraordinarias que garanticen todos los derechos humanos, y la consulta y contribución de la sociedad civil.
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