En horas de la tarde de este lunes, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, informó que ha registrado un total de 227 protestas y 56 detenciones arbitrarias en varios estados del país, por la falta de servicios públicos, y en general, por la crítica situación que atraviesan los venezolanos.
Hemos podido constatar que entre el 21 y el 27 de septiembre se han registrado 227 protestas en todo el país. El 86% de ellas tuvieron como motivo principal, el reclamo por la falla de servicios, es decir, por la falta de agua, por falta de luz, por falta de gasolina, por falta de servicios públicos en general. Las protestas que destacan con mayor represión, en primer término tenemos que referirnos al estado Yaracuy, que tuvo 31 detenciones arbitrarias y hasta el día de hoy se ratificó la medida privativa de libertad contra 6 yaracuyanos, explicó la diputada Delsa Solórzano, miembro de la referida comisión legislativa.
Igualmente informó que 25 personas también fueron detenidas en el estado Nueva Esparta, y varios pescadores en el estado Sucre, fueron heridos por presuntos funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado.
En el estado Nueva Esparta tenemos 25 detenidos arbitrariamente. 3 detenidos por cacerolazos en San Sebastián de Los Reyes en el estado Aragua; y es qué acaso existe el porte ilícito de cacerolas, desde cuándo eso es un delito, pero también hemos registrado que funcionarios de los cuerpos de seguridad portan armas de fuego en las manifestaciones, cuando está totalmente prohibido y ante esta irregularidad no pasa nada, detalló la parlamentaria.
Indicó que estos hechos ratifican lo señalado por la Organización de Naciones Unidas a través de la misión de determinación de la Oficina del Alta Comisionada de Derechos Humanos, quienes concluyeron que el régimen de Nicolás Maduro es un violador de DDHH.
Estamos viendo como en el estado Lara, específicamente en Barquisimeto y Carora en estos momentos se encuentran totalmente militarizados, así como los estados Portuguesa y Anzoátegui, Santa María de Ipire en el estado Guárico, hubo una brutal represión con bombas lacrimógenas y quiero recordar que el artículo 68 constitucional prohíbe la utilización de gases tóxicos en control de manifestaciones. El estado Carabobo militarizado y en el estado Zulia otra aberración más, reprimen a la gente con el ejército, denunció.
Solórzano señaló que ya el pueblo venezolano se cansó de tanto maltrato a su calidad de vida y por eso exige al régimen de Nicolás Maduro, que cese de manera de inmediata la persecución y garantice el derecho constitucional a la protesta pacífica.
Venezuela se mantiene en pie de lucha exigiendo el cumplimiento de sus derechos, exigiendo lo que no puede garantizar el régimen de Nicolás Maduro, porque la gran mayoría de los venezolanos es consciente que mientras la usurpación esté en el ejercicio del poder, ellos no son capaces de garantizar derechos humanos y por el contrario responden con la militarización de las ciudades y con represión, dijo.
Más de 15 estados en la calle
Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Interior del parlamento, Freddy Valera, aseguró que se han presentado protestas en más de 15 estados en el país.
Tenemos un país donde la gente está pasando trabajo, necesidad y hasta hambre. Hemos visto como en más de 15 estado del país decidieron alzar su voz de protesta contra el régimen usurpador y la respuesta ha sido la represión a través de la fuerza pública, explicó.
Asegura que el régimen de Nicolás Maduro no tiene la capacidad de resolver los problemas que padecen los venezolanos y aclara que la mejor opción para el país es la activación inmediata de un gobierno de emergencia nacional.
Tenemos que activar de manera inmediata un gobierno de emergencia nacional, como lo ha propuesto nuestro presidente interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es la única opción que tenemos los venezolanos para salir de esta crisis, dijo.
Expresó que la constitución de la República garantiza el derecho a la protesta, por lo que exigió el cese de la represión y las detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional.
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