La organización internacional Freedom House reveló en su más reciente informe denominado Freedom on the net, que actores partidistas y estatales emplearon propaganda y desinformación para distorsionar el panorama virtual durante comicios en por lo menos 24 países durante el año 2019.
El documento señala que gobiernos en todo el mundo incrementan su uso de las redes sociales para manipular las elecciones y vigilar a los ciudadanos, desviando la tecnología hacia el autoritarismo. Advierten que, como resultado de esta tendencia, la libertad mundial en Internet continúa disminuyendo. Se ha llegado a decir, de hecho, que el principal reto de la democracia es resistir Internet.
Resalta que la interferencia digital en las elecciones manchó el panorama virtual en 24 de los 30 países evaluados que celebraron elecciones nacionales o referéndums entre junio de 2018 y mayo de 2019, lapso de la investigación, aunque algunos eventos recientes también fueron incluidos.
Interferencia digital
Según el informe, la interferencia digital opera de tres formas distintas. La primera con base en medidas informativas, en las que las discusiones en línea se manipulan de manera continua a favor del gobierno o partidos particulares. En segundo lugar bajo medidas técnicas, que se utilizan para restringir el acceso a las fuentes de noticias, las herramientas de comunicación y, en algunos casos, a todo Internet; y finalmente a través de las medidas legales que las autoridades aplican para castigar a los opositores al régimen y enfriar la expresión política.
En los procesos de interferencia mencionados no solo figuran los Estados, también son protagonistas las empresas privadas.
La desinformación fue la táctica más utilizada en el último año, concluye Freedom House. Las autoridades en algunos países bloquearon páginas web o prohibieron el acceso a Internet en su intento de mantenerse en el poder.
Grupos virtuales, muchas veces en conjunto con personalidades de medios y magnates empresariales progubernamentales, transmitieron teorías conspirativas, opiniones incendiarias y memes engañosos desde cámaras de eco marginales hasta la corriente dominante de la política.
Muchos gobiernos han descubierto que la propaganda funciona mejor en las redes sociales que la censura, expresa el presidente de Freedom House, Mike Abramowitz. Los líderes autoritarios y populistas en todo el mundo se están aprovechando tanto de la naturaleza humana como de los algoritmos informáticos para conquistar el voto, ignorando las reglas que fueron diseñadas para garantizar elecciones libres y justas.
Algunos ejemplos: en México, un ataque derribó el sitio web del partido opositor PAN el mismo día que publicó documentos críticos contra López Obrador antes de la elección presidencial de julio de 2018. En Bangladesh, bloquearon Skype (por allí se comunicaban los opositores) y restringieron Internet móvil en todo el país el día de las elecciones. En Turquía, arrestaron a varias personas por insultar al presidente en las redes sociales durante la campaña.
Hoy en día las elecciones son un punto crítico para la censura en línea en gran parte del mundo, porque la mayoría de los líderes con ambiciones autoritarias continúan confiando en los votos para mantener la apariencia de legitimidad y reconocen que Internet sigue siendo un instrumento potente para desafiar el poder del Estado y afirmar las libertades fundamentales.
Medidas legales
El informe advierte que en 12 países, las autoridades emplearon medidas legales, como cargos penales, para controlar el discurso en línea durante los períodos electorales.
Uno de los cargos más comunes fue difamar a los funcionarios públicos. Por ejemplo, las autoridades de Malawi arrestaron a dos activistas de las redes sociales por publicaciones que se consideraron insultantes para el presidente y la primera dama en los meses previos a las elecciones de mayo de 2019. En Turquía, la policía arrestó a varias personas por insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan en las redes sociales antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias en junio de 2018. Antes de las elecciones en India, la policía detuvo a un periodista bajo la Ley de Seguridad Nacional por criticar al BJP y al primer ministro Modi en Facebook, y el jefe de redes sociales del opositor Congreso Nacional Indio enfrentó cargos de sedición por compartir un meme llamando a Modi ladrón, puntualiza.
Advierte que cuando las medidas legales existentes parecían insuficientes, los titulares introdujeron nuevas normas o leyes para ayudar a controlar el entorno en línea.
Unos meses antes de las elecciones generales de Bangladesh, el gobierno del primer ministro Sheikh Hasina aprobó una ley que prescribe sentencias de prisión para ciertos tipos de propaganda en línea. Esta llamada Ley de Seguridad Digital se utilizó posteriormente para arrestar al editor de Daily71.com, un medio de comunicación, por no cumplir con la línea del gobierno precisa el informe.
Del mismo modo, la Comisión Electoral de Tailandia emitió reglas vagas y restrictivas que regulan qué tipo de contenido pueden compartir los partidos y candidatos en las redes sociales, e impuso la responsabilidad penal por incumplimiento. Una candidata a la oposición del Partido Pheu Thai eligió autocensurarse y desactivar su cuenta de Facebook para evitar violar las reglas de la comisión. Si bien los partidos de oposición colectivamente ganaron la mayoría de los votos en las elecciones de marzo de 2019, el primero que se celebró desde un golpe militar de 2014, el jefe de la junta se mantuvo como primer ministro gracias a las disposiciones antidemocráticas de la nueva constitución respaldada por los militares.
Situación de Venezuela
Venezuela no forma parte de esta muestra, porque no hubo comicios durante el periodo seleccionado. Sin embargo, en el capítulo referente al acceso libre a Internet, Freedom House considera que el país no cuenta con un servicio de Internet libre, por lo tanto, advierte que es muy probable que se aplique la interferencia digital en procesos electorales futuros.
El índice de libertad en Internet Freedom House lo determina mediante un examen de tres categorías amplias:
A. Obstáculos para acceder: evalúa las barreras de infraestructura y económicas para el acceso; esfuerzos del gobierno para bloquear aplicaciones o tecnologías específicas; y legal, regulatorio, y control de propiedad sobre proveedores de acceso a internet y telefonía móvil.
B. Límites de Contenido: examina el filtrado y el bloqueo de sitios web; otras formas de censura y autocensura; manipulación de contenido; la diversidad de noticias en línea medios de comunicación; y uso de los medios digitales para el activismo social y político.
C. Violaciones de los Derechos del Usuario: mide las protecciones legales y las restricciones sobre actividad en línea; vigilancia; intimidad; y repercusiones para la actividad en línea, como legal enjuiciamiento, encarcelamiento, ataques físicos u otras formas de acoso.
Finalmente, el informe solicita a los países que aplican bloqueos a Internet, que respeten el derecho humano a la información, establecido por la ONU en su declaración universal.
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