La ruta para acabar con la crisis institucional que existe en Bolivia, debido a la renuncia voluntaria de Evo Morales, se encuentra establecida en la Constitución y, es por ello, que el Parlamento es la única instancia competente para designar a un nuevo presidente interino, que tiene la obligación de convocar a unas nuevas elecciones presidenciales en los próximos 90 días.
Así lo manifestó el abogado constitucionalista boliviano, José Luis Santistevan, en entrevista exclusiva para HispanoPost, quien explicó que el mandato del Morales culminaba el 21 de enero de 2020 y por eso es que presenta su renuncia a las instituciones bolivianas, que deben aprobarla para posteriormente nombrar a un nuevo gobierno interino.
La renuncia de Evo Morales fue voluntaria, así lo dio a conocer él mismo a través de los medios de comunicación. Es evidente que fue promovida por una convulsión social que ha rechazado su conducta y su forma de gobierno, que no ha sido otra cosa que controlar los órganos públicos, a tal punto que en Bolivia lo que decía el Presidente se hacía y más en el ámbito de la justicia, precisó.
El jurista recordó que el conflicto político boliviano inició hace 2 años, cuando Morales no reconoció los resultados de un referéndum que tenía como objetivo modificar la Constitución, negando así una nueva reelección al cargo de Presidente de la República.
El referéndum estableció que la Constitución no se tocaba y que ninguna autoridad, no solamente el Presidente, podría ser reelecta más de dos veces. Morales logró un fallo judicial, se habilitó para postularse a un nuevo mandato y en las elecciones realizadas por un organismo electoral que él mismo nombró, se pudo comprobar un fraude gigantesco que fue revelado por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero que ya la gran mayoría de los bolivianos conocíamos, precisó.
Al ser consultado sobre los pasos para nombrar a un gobierno interino, precisó que constitucionalmente existe una línea de sucesión y debido a la renuncia de masiva de varios representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, debe asumir el cargo la segunda vicepresidenta del senado, Jeanine Añez.
En la Constitución se establece que, al renunciar el Presidente de la República, debe asumir el vicepresidente y la sucesión continua con el presidente de la Cámara de Diputados. El Presidente renunció, el vicepresidente también, la presidencia y la vicepresidencia de diputados pusieron sus cargos a la orden. Entonces corresponde a la segunda vicepresidencia del senado asumir el cargo. Es necesario que la renuncia de Morales llegue por escrito a la Asamblea Plurinacional de Bolivia y sea aprobada por la mayoría de los parlamentarios, para posteriormente realizar el nombramiento de Jeanine Añez, precisó.
Al momento de la redacción de esta entrevista, la renuncia de Evo Morales no había llegado a manos del Poder Legislativo, sin embargo, Santistevan aclaró que, de no presentarla, los diputados y senadores pueden declarar un abandono del cargo presidencial, ya que el poder Ejecutivo de ese país sufrió una renuncia masiva por parte de los miembros que lo conforman.
Ya Morales no está en ejercicio y está cometiendo en este momento el abandono de funciones y dentro de Bolivia esto es un delito penal. Si la Asamblea logra el quorum, debe nombrar a la presidencia del Senado en ejercicio. De no lograr el quorum, el Parlamento puede, según lo establecido en la Constitución, también declarar el abandono de funciones de algunos parlamentarios y en base a una mayoría simple, nombrar a un jefe interino del poder Ejecutivo, detalló.
Aclaró que esta semana se debe nombrar un gobierno interino en Bolivia, el cual tendrá la obligación de convocar a un proceso electoral nacional en los próximos 90 días, para elegir a los miembros tanto del poder legislativo como el ejecutivo.
La convulsión social sigue
Ante la evidente mayoría del Movimiento al Socialismo dentro del Parlamento boliviano, la cual podría negar la renuncia de Evo Morales, en caso de lograr el quorum, Santistevan advirtió que de presentarse este escenario la convulsión social se mantendría y el ahora expresidente podría ser procesado penalmente por otros delitos.
Ha habido más de 200 heridos por arma de fuego, ha habido 4 muertos y estas víctimas pertenecían a grupos que reclamaban la salida de Morales, es decir no han sido oficialistas, sino opositores. El paro en Bolivia se mantiene y la administración pública también se encuentra paralizada, todo el cuerpo diplomático de Morales renunció a sus cargos. Reiteramos que no existe Poder Ejecutivo y sería una catástrofe que el poder legislativo rechazara la renuncia, puntualizó.
Indicó que tanto la Fuerza Armada Nacional Boliviana como la Policía Nacional, se encuentran en el ejercicio pleno de sus funciones, porque así lo establecen las leyes especiales de cada cuerpo de seguridad, aprobadas por el parlamento.
No hubo golpe de Estado
Con respecto a los señalamientos de algunos gobiernos amigos de Evo Morales, los cuales aseguran que en Bolivia se perpetró un golpe de Estado, el abogado constitucionalista sostiene que hasta el momento no existe ningún indicio de deponer al gobierno por la fuerza.
No hay ningún indicio de golpe de Estado en Bolivia. El presidente Morales renunció voluntariamente, ha habido obviamente y existe convulsión social en las calles, y los militares y los policías no ha salido a la calle. Lo único que hizo fue respaldar el orden y hasta los momentos no han salido sus mandos ni a respaldar a Morales ni a la oposición. Es importante aclarar que el comando en jefe de las Fuerzas Armadas abandonó a Morales y con base en la Ley Especial de las Fuerzas Armadas, se puede solicitar la renuncia al Presidente de la República sin necesidad de incurrir en algún delito, indicó.
Señaló además que los golpes de Estado se caracterizan porque las Fuerzas Armadas utilicen la fuerza y sus armas para deponer al presidente de la República, y en Bolivia no se ha presentado este escenario.
Santistevan opinó que ve poco probable que se repita el mismo escenario de Hugo Chávez en 2002 en Venezuela, ya que los sectores sociales bolivianos informaron que el paro general de actividades se levantaría única y exclusivamente luego que fuese designado un gobierno interino que convoque a elecciones en los próximos 90 días.
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