Colectivos, ELN y FARC se repartieron la frontera colombo-venezolana

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Los grupos de civiles armados que dispararon contra la población venezolana e impidieron el paso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, extorsionan, secuestran y roban en la frontera de Zulia y Táchira de manera articulada con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  El presidente de la subcomisión de Frontera de la Asamblea Nacional de Venezuela, Franklyn Duarte, afirma que esta superestructura delincuencial, controla también los pasos fronterizos.

“Se dividieron el terreno: el ELN agarra las trochas del barrio Libertador en el Llano de Jorge y los colectivos tienen el control de las trochas que están cerca de la aduana de San Antonio del Táchira. Por supuesto los dos grupos a la vista de la Fuerza Armada Nacional, que debería resguardar la seguridad de nuestro país. Desde que José Gregorio Vielma Mora perdió la gobernación la nómina de colectivos pasó a la guerrilla colombiana que está operando desde territorio venezolano”, indica.

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El diputado enfatiza que estos grupos delictivos actúan con el consentimiento de los cuerpos de seguridad del Estado, que incluso prestan sus instalaciones para soporte logístico.

“Los grupos guerrilleros guardan el armamento, motos y vehículos en el destacamento 212 de la Guardia Nacional. Los guardias han denunciado que les quitaron las armas y se las dieron a los colectivos y solamente quedaron para portar equipo antimotín. Los efectivos no pueden hacer nada sino obedecer órdenes superiores que provienen de Nicolás Maduro y Padrino López y que ejecuta directamente Freddy Bernal”, resalta.

La organización no gubernamental Fundación Redes coincide con la denuncia del diputado Duarte en su boletín número nueve, publicado el 26 de noviembre de 2018. En el documento explica que durante los últimos meses se ha registrado en los municipios fronterizos de Zulia, Táchira y Apure una nueva fuerza de combate que opera bajo el nombre de “Colectivo de Seguridad Fronteriza” o “Colectivo Armado del Pueblo”, y coexiste con otras organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Frente Bolivariano de Liberación (FBL), además de células paramilitares.

“Hacen un híbrido, un solo grupo de actuación perversa y vienen operando deliberadamente en territorio fronterizo. Este nuevo grupo actúa públicamente y sus miembros exhiben armas largas para realizar actividades delictivas como extorsión a productores agropecuarios y comerciantes, amedrentamiento a la población, desaparición forzada de personas, enfrentamientos con otras bandas por el control del territorio, contrabando de combustible y alimentos”, explica Javier Tarazona, director de esa ONG.

Explica que los habitantes y trabajadores de esas zonas limítrofes aseguran que son extorsionados, intimidados y sometidos por tres grupos: guerrilla, paramilitares y colectivos armados, además de sufrir abusos de miembros de la Fuerza Armada Nacional.

“Todos los comerciantes de la frontera son extorsionados por los grupos irregulares. Desde la más informal actividad que desarrolla un mototaxista, hasta el gran comercio. Ciertamente esto ha generado cierre de los negocios, esto ha generado que las empresas indudablemente por miedo terminen movilizándose hacia otros lugares”, detalla el también presidente del Colegio de Profesores de Venezuela.

La frontera del estado Táchira fue hasta hace diez años la de mayor movimiento económico en Latinoamérica. De acuerdo con cifras de la Asamblea Nacional, desde que comenzaron a operar los grupos irregulares en esa zona 90% del comercio formal cerró sus puertas. 

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