La consulta popular aprobada por la Asamblea Nacional a instancias del gobierno interino se convierte en un sustituto imperfecto y a destiempo ante la ausencia de validación electoral de prorrogar el mandato del parlamento electo de 2015 más allá del 5 de enero de 2021 y por ende, prorrogar el mandato del gobierno interino de Juan Guaidó.
El análisis llega ante las dudas de que si la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al presentar esta consulta, a pesar de que está sustentada en el artículo 71 de la constitución desde un punto de vista metodológico, especialmente porque la redacción de las dos preguntas que se van a presentar engloban cinco interrogantes diferentes que no se desarrollan en el texto y pueden ser contradictorias entre sí.
Hoy podemos decir que hay excesivas dudas sobre la consulta popular, tanto del punto de vista legal, metodológico y técnico, dudas que aun no se han aclarado y en todo caso parece que está más pensada hacia la comunidad internacional, para tratar de blindar o darle legitimidad a la estrategia del gobierno interino en 2021.
Nos acercamos a una fecha clave como el 5 de enero y entramos en una etapa en la que si no se hace un cambio importante en la política del país vamos a transitar buena parte del año 2021 con un debate legal de legitimidad en torno a dos proyectos de país que en realidad ninguno de los dos termina siendo constitucionalmente designado para esto y lamentablemente terminaremos teniendo un país sin ningún poder público legítimamente constituido.
Las exigencias que se le hacen al Consejo Nacional Electoral para garantizar elecciones libres, justas y transparentes no pueden ser menos a las que se le hagan a la comisión de garantes de la consulta popular.
