Los estados fronterizos del país se han convertido en un territorio hostil con asesinatos, desaparecidos y actuación impune de grupos irregulares que se disputan el control de actividades ilícitas como el tráfico de oro, minerales y drogas.
Así lo denunció el director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien reveló los datos de dos estudios: uno denominado La curva de la violencia, y otro entregado a la misión internacional de la Organización de Naciones Unidas designada por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, para supervisar el caso venezolano.
Detalló que con los estudios y documentación buscan visibilizar a las más de mil víctimas de la violencia producto de la actuación de grupos al margen de la ley.
Sobre el informe de La curva de la violencia, correspondiente al primer trimestre de 2020, Tarazona explicó que nos permite reconocer la frontera como un contexto opresivo, el porcentaje de violencia aumentó 73%. Señaló que el primer estado con más índices de violencia es Bolívar, el segundo Zulia y tercero Táchira.
La curva de la violencia recoge tres unidades: homicidios, enfrentamientos armados y desaparecidos. Vemos con mucha preocupación como la cultura de la muerte se impone en los estados fronterizos, teniendo como variable la confrontación entre grupos armados, bandas criminales y cuerpos policiales por el control de actividades ilícitas, dijo.
En el caso de las zonas limítrofes con Colombia y Brasil por la extracción de minerales, el tráfico de oro, tráfico de drogas. Son, de una u otra manera, las actividades más frecuentes que hacen de común denominador la cultura de la muerte, acotó.
Reveló que grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, Los Rastrojos, el FVL, Los Surabeños, Las Águilas Negras, los colectivos de seguridad fronteriza, colectivos del pueblo, colectivo Che Gueveara y Ezequiel Zamora, actúan de manera impune en la frontera.
Otro aspecto que genera preocupación en Fundaredes corresponde a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES y el Cicpc. Lamentamos y deploramos que el Estado venezolano haya hecho caso omiso al llamado a disolver las FAES por parte de Michelle Bachelet en su informe sobre Venezuela. Las FAES actúan bajo acciones perversas contra la dignidad humana y los derechos humanos.
Al ser consultado sobre la respuesta que han obtenido desde el Estado venezolano por sus denuncias, dijo: La dilación por parte del Estado y la criminalización de la acción de defensa de los derechos humanos. Tenemos a defensores que han sido perseguidos y procesados por denunciar, esa es la respuesta, un Estado que actúa criminalmente contra la dignidad humana, un Estado que guarda silencio ante la vulneración de los derechos humanos.
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