Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela reaccionaron al anuncio de Tarek William Saab sobre cambios en las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad en el país.
Es el momento de una reestructuración no solo de las FAES y la PNB, sino de varios cuerpos policiales, dijo el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Es importante para la propia salud pública que cíclicamente se hagan este tipo de reestructuraciones para mejorar, agregó.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, acota que la alta comisionada Michelle Bachelet ha planteado la disolución de las FAES y nosotros como organización ratificamos esa solicitud. La reestructuración es como maquillar un grave problema que hay. Corresponde más a una estrategia orientada a aparentar que se quieren atender las violaciones a los derechos humanos, pero no se quiere ir al fondo del asunto, sostiene.
Explica que para que haya un proceso positivo de reestructuración, lo primero que tienen que hacer es garantizar la transparencia. Aclarar al público quiénes son los directivos de las FAES porque es un organismo prácticamente clandestino, no se sabe cuáles son sus planes operativos. La principal reestructuración es que ese organismo no debe ser usado en operativos de seguridad normales porque es un cuerpo élite, precisa.
En el mismo informe que ellos (el gobierno) presentaron se dice que el Ministerio Público ha abierto más de 4 mil investigaciones solo a las FAES, lo cual te demuestra lo arbitrario que es este organismo policial. Esa es la denuncia del Ministerio Público, pero eso es un subregistro porque la gente está intimidada para que no denuncie y, además la gente desconfía de las instituciones, puntualiza Alvarado.
Ana Leonor Acosta, abogada directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, señala que la reestructuración sin justicia no es suficiente. Más allá de ir a una reestructuración, que sería la parte administrativa, acá lo importante también es abrir las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de los funcionarios que han actuado violando los derechos humanos y, además, en este caso estamos hablando de víctimas, de unas 2 mil ejecuciones extrajudiciales, según el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, refiere.
Afirma que lo dicho por Tarek William Saab responde a una reacción a las denuncias que se han ido realizando y que se encuentran recogidas en el informe de la alta comisionada. Califica como alarmante tanto lo del informe de la misión de determinación como los diferentes informes y actualizaciones de la alta comisionada.
Lo peor es que los venezolanos no tienen instituciones a las cuales acudir, ya que estas instituciones, como es el caso del Ministerio Público, el fiscal ni siquiera está legítimamente designado, critica Acosta. El Ministerio Público no cumple con sus funciones de garantizar los derechos de los venezolanos y se haga justicia en Venezuela. Vemos un Ministerio Público parcializado con el gobierno de Nicolás Maduro y con sus políticas represoras y violadoras de derechos humanos, sostiene.
Al ser consultada sobre la necesidad de disolver las FAES, tal como lo solicita Bachelet en su informe, Acosta explica que la disolución traería como consecuencia la creación de otras policías. En realidad estamos hablando de figuras administrativas. Cuando la alta comisionada se refiere a disolución habla más de las políticas, hemos visto en el tiempo como de Disip pasas a Sebin, de PTJ a Cicpc. Tú puedes cambiarlo administrativamente. Cuando hablas de disolver también se refiere al origen y al fondo para el cual fueron creados.
Recordó que en el caso específico de las FAES no se encuentra establecida en la ley, es una división que se creó con fines específicos que pareciera tener como objetivo atemorizar a la población, sobre todo a los más marginados en la sociedad y con una función de exterminio que es la que estamos viendo por ahora.