El gobierno venezolano, en los últimos 20 años, ha contraído una deuda externa significativa, que en un primer momento y debido al boom petrolero, se podía manejar, ya que representaba, según algunos economistas, aproximadamente 30% del producto interno bruto para 2010. Este año, y dada la crisis económica en que se encuentra sumida Venezuela, esta deuda representa más de 100% del PIB.
Ante esta realidad el Observatorio del Gasto Público de Cedice, realizó el estudio La monstruosa deuda venezolana, que fue llevado a cabo por los investigadores Ramón Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk y Mariana Campos Villalba.
El propósito de este estudio es destacar los aspectos más importantes acerca de las diferentes categorías de deuda pública externa venezolana, así como de los daños y perjuicios causados a la nación por la política de endeudamiento, las expropiaciones y las violaciones de derechos fundamentales de los últimos veinte años, señala la investigación.
Lo que se debe en bonos
El estudio revela que, actualmente, Venezuela tiene una deuda externa derivada de bonos emitidos por la República, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Elecar (C.A. Electricidad de Caracas) por los montos aproximados de 58.822.622.900 de dólares de capital, más 12.105.441.332,50 millardos de intereses acumulados a junio de 2020 y no pagados, lo cual totaliza la cantidad de 70.928.064.232,50 de dólares.
Esta cifra representa casi la mitad de la deuda pública externa de Venezuela y se irá incrementando semestre a semestre con la acumulación de nuevos intereses no pagados, advierten los investigadores.
Detallan que se trata de 25 emisiones de bonos realizadas entre los años 1997 y 2016, los cuales se encuentran en default. En el caso de cinco bonos [Elecar 2018, Venezuela 2018 (US922646AT10), Venezuela 2018 (US922646BE32), Venezuela 2018 (USP97475AD26) y Venezuela 2019], el default se debe a la falta del pago del capital luego de la fecha de vencimiento; en cuanto al resto de los bonos, se debe a la falta de pago de intereses desde finales del año 2017.
Como consecuencia del default, los investigadores explican que en teoría todos los tenedores de bonos podrían demandar ante los tribunales a Venezuela, Pdvsa o Elecar.
Hasta la fecha de culminación de esta investigación solo tenemos conocimiento de la existencia de tres juicios ante los tribunales de Nueva York y un juicio ante los tribunales de Londres iniciados por tenedores de bonos. Dichos juicios totalizan un monto demandado de USD 1,58 millardos. La razón de la poca litigiosidad por el momento se debe a alguna o varias de las siguientes razones, dependiendo del caso: los elevados costos de demandar y llevar un juicio en los tribunales de Nueva York o Londres; la complejidad de lograr la ejecución forzosa de la eventual sentencia que condene a Venezuela a pagar lo adeudado; la dificultad de poner de acuerdo a los diferentes tenedores de una emisión para acelerar el bono y demandar; y/o la preferencia por esperar un acuerdo de reestructuración de la deuda, indica el estudio.
El Bono PDVSA 2020
La investigación también se refiere al bono PDVSA 2020, el cual tiene como garantía acciones de Citgo Holding, filial de PDVSA en Estados Unidos. Además, se cuestiona la validez jurídica de su emisión, porque el endeudamiento no habría sido aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela.
Este bono se origina en una oferta que realizó PDVSA en octubre de 2016 a los tenedores del bono PDVSA 2017, para canjear ese título por uno a vencerse en el 2020 (PDVSA 2020). Esta operación no contó con la autorización de la Asamblea Nacional y actualmente la ejecución del colateral cuenta con un obstáculo: el régimen de sanciones de los Estados Unidos de América, precisa el Observatorio del Gasto Público.
El 28 de octubre de 2019 PDVSA debía pagar la cantidad de 914 millones de dólares por amortización de parte del capital y pago de intereses, lo cual no hizo.
El 29 de octubre de 2019 la junta administradora ad-hoc de PDVSA demandó ante tribunales de EUA la nulidad de los contratos suscritos en 2016 por PDVSA para la emisión del PDVSA 2020, argumentando, entre otras razones, que la operación no fue autorizada por la Asamblea Nacional. Por su lado, los tenedores de este bono argumentan, entre otras defensas, que no era razonable exigirles el conocimiento del Derecho venezolano y que, en todo caso, aplica la teoría del estoppel, conforme a la cual PDVSA no puede realizar un acto (i.e. demandar la nulidad) que supondría una posición contradictoria con una asumida con anterioridad, expresan.
Deuda externa por arbitraje
Hasta la fecha de culminación de esta investigación, han sido planteadas 38 disputas contra Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esta cantidad se divide entre 29 procedimientos concluidos y 9 causas pendientes.
La República ha sido condenada a pagar un 32% de los montos demandados por los inversionistas; lo cual implica que el porcentaje de descuento promedio ha sido de 68%.Ello se debe, en gran medida, a las dificultades que plantea: determinar los casos en donde medidas gubernamentales implican una expropiación; y en los casos de que se llegue a dicha conclusión, calcular una indemnización justa para el inversionista reclamante, según los estándares desarrollados en el Derecho Internacional de las Inversiones. Por otro lado, la diferencia en los montos demandados y montos condenados puede deberse a la forma en que han sido planteados los reclamos por los inversionistas, agrega el estudio.
Restructuración de la deuda
El Observatorio de Gasto Público de Cedice sugiere que Venezuela y sus acreedores necesitan acordar una reestructuración de la deuda pública externa.
Ni Venezuela tiene la capacidad para pagar los compromisos asumidos ni los acreedores pueden lograr obtener el pago de lo que se les adeuda. Los dos gobiernos que se disputan la representación de Venezuela (el régimen de Maduro y el gobierno interino de Guaidó) convergen en la necesidad de llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda. La reestructuración consiste en la modificación de los términos y condiciones de los bonos, especialmente los referidos al pago de la deuda (capital e intereses), sostienen.
Tradicionalmente, ello implicaría reducir el monto adeudado y/o extender los plazos para pagar. Su materialización usualmente se hace a través de la emisión de nuevos bonos que sustituyen a los anteriores. En el caso de Venezuela, se están proponiendo otras opciones, como, por ejemplo, la sustitución de deuda por acciones en compañías del sector petrolero, precisan.
Explican que una herramienta muy útil para cualquier proceso de reestructuración de deuda soberana es la cláusula de acción colectiva (collective action clause) que está incluida en los términos y condiciones de varios bonos.
Conforme a esta cláusula, la modificación del bono debe ser aprobada por una mayoría calificada de tenedores. Si ello ocurre, esta modificación es vinculante para el cien por ciento de los tenedores de esa emisión, aún para los que no consintieron a la modificación. Este tipo de cláusula elimina el riesgo de los acreedores holdouts, que son aquellos tenedores que no aprobaron la propuesta de reestructuración y que usualmente proceden a interponer demandas judiciales para obtener el cobro de la totalidad de lo adeudado, indican.
El reconocimiento del gobierno interino en Venezuela también tiene efectos determinantes sobre una eventual reestructuración. Más de cincuenta países reconocen al gobierno interino de Guaidó y no al régimen de Maduro. Entre estos países se encuentran los EUA y el Reino Unido, cuyos tribunales son los que tienen jurisdicción para conocer de las demandas por cobro de los bonos, los cuales además se rigen por el Derecho de Nueva York. Ahora bien, la realidad es que el régimen de Maduro tiene el control efectivo del territorio en la actualidad, por lo que sería el que efectivamente podría llevar a cabo los cambios necesarios a nivel de políticas públicas para lograr reestablecer la sostenibilidad de la deuda soberana. Como ejemplo de este problema, recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) se negó a otorgar una ayuda solicitada por el régimen de Maduro para Venezuela con motivo del COVID-19. La razón que dio el FMI fue que no existe claridad sobre cuál es el gobierno que representa Venezuela.
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