La situación para los migrantes provenientes de Venezuela se ha tornado complicada en muchos países, incluso en aquellos donde fueron recibidos de brazos abiertos. Instituciones internacionales, así como de firmas de consultoría, se han encargado de medir cómo ha cambiado, para bien o para mal, la aceptación de los más de 4 millones de venezolanos -cifra calculada por la ONU para los Refugiados (Acnur), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)- que han salido del país.
De acuerdo con la más reciente actualización de Gallup de su Índice de Aceptación de Migrantes, las personas que han tenido que abandonar sus países tienen cada vez menos aceptación en el mundo, es decir, ha aumentado el rechazo hacia los migrantes en las naciones receptoras.
La encuesta, publicada el pasado miércoles, revela que los índices de tolerancia hacia los migrantes en 2019 cayeron en todo el mundo con respecto a 2016. La empresa de análisis y asesoría estadounidense destaca además que Colombia, Ecuador y Perú lideran la lista de países donde más rechazo provoca el migrante, y esto se debe a la acogida masiva de venezolanos.
Efectivamente, en aquellos lugares que reciben venezolanos, las puntuaciones bajaron hasta dos dígitos. Los problemas propios de esas tres naciones, en cuanto a salud, economía, educación y asistencia social, están entre las causas de que la aceptación hacia los migrantes mermara de forma significativa.
Según la actualización de los datos de Gallup, la aprobación de los colombianos a que migrantes vivieran en su país bajó de 61% en 2016 a 29% en 2019. Asimismo, en 2016 para 61% de los colombianos era positivo tener de vecino a un migrante, esa cifra cayó a 45% en 2019.
Solamente en Colombia, según las últimas cifras entregadas por Migración Colombia con corte al 29 de febrero, había más de 1 millón 825 mil venezolanos.
Aunque los estudios de Gallup también siembran la esperanza en el corazón de algunos migrantes, como es el caso de los miles de venezolanos que decidieron radicarse en Chile, donde han sido bien recibidos. La empresa reconoce que no se trata de un país limítrofe e incluso un poco más distante de Venezuela que los mencionados anteriormente.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración del Gobierno de Chile, informaron en marzo de este año que calculan 455.494 venezolanos residen en ese país, lo que representa 30% del total de extranjeros.
Migración + delincuencia
El Instituto de Políticas Migratorias publicó un estudio esta semana, en el que relaciona la caída de la aceptación hacia el migrante venezolano con el aumento de la delincuencia en países como Colombia, Perú y Chile. Aunque la institución reconoce que ese tipo de vínculo (migración + delincuencia) se ha examinado poco en la región.
De acuerdo con el instituto esta relación se ha estudiado poco, ya que el fenómeno de la migración a gran escala, y aún más dentro de América Latina, es relativamente nuevo. No obstante, se estima que en los tres países mencionados anteriormente estén residenciados no menos de dos millones de venezolanos.
El análisis, usando datos de 2019, sugiere que los inmigrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos que la población nativa con respecto a su proporción dentro de la población en general, lo que indica que las percepciones públicas sobre un alza en criminalidad causada por los inmigrantes son erróneas, reseña el informe.
Además, se detalla que los venezolanos migrantes incurrieron en un mayor número de delitos solo en los países donde es mayor la tasa de desempleo. Otorgar a los migrantes y refugiados acceso formal al mercado laboral puede reducir la incidencia del crimen entre la población migrante, advierte.
La migración venezolana no conduce a un aumento de la delincuencia en los países de acogida, concluye el instituto en su estudio, luego de analizar la data de criminalidad de naciones altamente receptores de migrantes venezolanos.
Pandemia sin xenofobia
La oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó un nuevo informe en el mes de septiembre, en el que se reseña que muchos de los venezolanos migrantes han buscado de volver a su país debido a la pandemia del COVID-19.
Amparada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 13 numeral 2, la ONU señala que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Por lo tanto, le recuerdan al Estado venezolano la necesidad de permitir el libre retorno a los ciudadanos que desean regresar al país.
Que cesen de manera inmediata todos los impedimentos impuestos por el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y sean abiertas las fronteras venezolanas para garantizar el libre ejercicio de tan fundamental derecho humano, expone la oficina de la Secretaría General en el informe.
El gobierno de Colombia habilitó en marzo un corredor humanitario para permitir el retorno de los venezolanos, que se calcula ha sido usado por unas 27.000 personas; y en abril se habilitaron otros tres más. El informe de la ONU detalla que, según cifras oficiales, 105.000 venezolanos han retornado desde Colombia y otros 6.000 han hecho lo propio desde Brasil.
Previendo las dificultades que se podía presentar por la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución No. 01/2020, artículo 61, hizo un llamado a los Estados de la región a implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
Desde la oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la ONU se solicita a los Estados, en el caso de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país debido a la pandemia por el COVID-19:
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1) Que cese la discriminación, estigmatización y criminalización de los venezolanos retornados, garantizando su libre entrada al territorio venezolano y su libre desplazamiento dentro del territorio nacional.
2) Que se declare la nulidad de todos los actos administrativos que han sido dictados en violación de la Constitución, los tratados internacionales y de los derechos humanos en ellos garantizados.
3) Que se sometan a investigación por delitos de lesa humanidad a todos los funcionarios públicos que hayan ordenado y ejecutado dichos actos.
4) Que se proceda a indemnizar a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos y se establezcan políticas de inclusión para revertir el daño causado por los actos criminales del régimen de Nicolás Maduro.
5) Que la comunidad internacional ayude a visibilizar la situación en que se encuentran los venezolanos varados.
6) Que la comunidad internacional se una para ayudar a explorar distintas vías humanitarias para la protección de los venezolanos que están intentando ejercer el derecho a regresar a su país.