El resultado de las próximas elecciones parlamentarias está cantado. El chavismo obtendrá la mayoría parlamentaria. Tales elecciones son una completa farsa. Ante la ausencia de garantías electorales la alternativa democrática decidió no participar. No podía convalidar semejante fraude. El intento de Henrique Capriles al margen de la estrategia unitaria- de obtener condiciones medianamente competitivas se estrelló contra un muro.
El chavismo está consciente que una Asamblea Nacional (AN) en manos de la alternativa democrática, sería el comienzo del fin de esa perversión bautizada como revolución bolivariana. Poseer dominio sobre la AN es un asunto de supervivencia política. Por tal razón, no acató el resultado de la última elección parlamentaria, ni tampoco está dispuesto a correr ningún riesgo en esta nueva convocatoria.
Sabe perfectamente que dejó de ser mayoría hace mucho tiempo. Cuenta con el muy merecido rechazo de la mayoría de los venezolanos. Sufriría una humillante derrota si las elecciones fuesen libres, justas y transparentes como exige la sociedad venezolana y la comunidad internacional. En consecuencia, ha optado por la celebración de elecciones bajo su estricto control. No quiere sorpresas esta vez.
Desde su óptica política, la independencia entre poderes públicos pese a estar consagrada en la CNRBV de inspiración chavista- es un vicio de la democracia representativa o burguesa, que no tiene cabida en la autodenominada democracia participativa. No es compatible con el modelo político chavista, donde todos los poderes públicos deben estar subordinados al Ejecutivo. Una AN autónoma impide el ejercicio omnímodo del poder.
Es que incluso, una AN bajo su propio dominio pareciera también estorbar el ejercicio del poder. De otra manera, no encuentra explicación la larga lista de leyes dictadas por el Ejecutivo Nacional, al amparo de Leyes Habilitantes y Estados de Emergencia y Excepción aprobados por la AN con mayoría chavista. No es casual que, desde el 2016 han sido autorizadas por el TSJ, sustentadas en un presunto desacato cometido por la legítima AN con mayoría democrática.
En la concepción chavista del poder la AN funge como simple Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República. Limitándose a ejecutar al pie de la letra las órdenes de un supuesto órgano superior. Pierde por completo su propósito. Plantea, ni más ni menos, que los parlamentarios de los distintos partidos políticos dejen de representar a los ciudadanos. En su lugar, son sustituidos por diputados afectos al régimen incluye diputados que simulan ser de oposición- que obedecen sin chistar los lineamientos del Poder Ejecutivo. La libertad de consciencia desaparece siendo calificada de traición. El estereotipo es el diputado foca que aplaude cualquier iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo.
Para el chavismo es totalmente inaceptable una AN en manos de la alternativa democrática. En pleno uso de sus funciones. Sería como colocar una camisa de fuerza a la revolución que terminaría asfixiándola.
Basta revisar algunas facultades de la AN, establecidas en el Artículo 187 de la CNRBV: legislar en materia de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, ejercer funciones de control sobre el Gobierno Nacional, designar la directiva de los demás poderes (Moral, Electoral y Judicial), discutir y aprobar el presupuesto nacional, autorizar créditos adicionales, autorizar contratos internacionales, aprobar convenios o tratados internacionales e interpelar al Vicepresidente de la Republica y ministros.
Ha preferido cargar con el estigma de la ilegitimidad y sus consecuencias, antes que compartir el poder. Pero ya no solo se trata de ilegitimidad en el ejercicio del poder, sino que se suma la ilegitimidad de origen y por partida doble. Primero, fue la fraudulenta elección presidencial de mayo de 2018 y ahora, muy probablemente, ocurra lo mismo con las elecciones parlamentarias.
Tal ilegitimidad representa un obstáculo insalvable para el chavismo. Eso está más que comprobado. Quiere librarse de esa pesada carga en cuanto al Poder Legislativo nada más- que tanto le incomoda, pero sin ofrecer concesiones políticas sustanciales. Esa misma incomodidad lo ha llevado a comportarse con extrema torpeza. Prueba de ello, son los estrepitosos fracasos de la Asamblea Nacional Constituyente, la ilegítima Asamblea Nacional surgida de la operación Alacrán y seguramente las próximas elecciones parlamentarias.
Sin duda, el trasfondo de esa incomodidad es de tipo económico. El ingreso de divisas se redujo al mínimo tras la destrucción de Pdvsa y del aparato productivo nacional. No hay recursos para cubrir el presupuesto nacional ni la importación de bienes esenciales. La crisis humanitaria se torna inmanejable y el malestar social se apodera del país. Comprometiendo muy seriamente su aspiración de perpetuarse en el poder.
EL chavismo apuesta por el ingreso de dinero fresco para mitigar la crisis económica, proveniente de países considerados como aliados políticos. Espera recibir nuevos préstamos e inversiones internacionales, una vez que pueda cumplir con la autorización de una AN reconocida.
Por tanto, al chavismo le es inútil una AN que no cuente con reconocimiento internacional. Aunque, el resultado electoral le sea favorable, a la postre se traducirá en una derrota. Lo cual, no deja de ser paradójico, ya que en el plano electoral, está acostumbrado a transformar en victorias las derrotas recibidas. En esta oportunidad la jugada le saldrá a la inversa. Un auténtico autogol.
El rechazo de la comunidad internacional y de la alternativa democrática a la farsa electoral, atenta contra la entrada de dinero fresco. La nueva AN podrá autorizar contratos y aprobar convenios internacionales, pero carecerá de la necesaria confianza que brinda la legitimidad.
En previsión de ese escenario el chavismo aprobó la Ley Antibloqueo, cuyo principal objetivo parece ser captar dinero fresco. La Ley Antibloqueo es un plan B ante el inminente fracaso de la farsa electoral. Es otro intento desesperado por proporcionar algo de seguridad jurídica a inversionistas extranjeros. Especialmente dirigido a los aliados políticos, en vista de las sanciones financieras impuestas por la Administración de EE. UU. Poco importa apelar a los demonizados procesos de privatización y devastar el medio ambiente, si alivia la pavorosa situación económica que amenaza la supervivencia de la revolución.
El gran inconveniente es que la Ley Antibloqueo tropieza con la misma piedra convertida en gigantesca roca- de la ilegitimidad, igual como lo hizo la ANC, la AN fruto de la operación Alacrán y seguramente la próxima AN. Ya hay numerosos pronunciamientos alertando del carácter inconstitucional de la Ley Antibloqueo, que esparcen serias dudas acerca de la pretendida seguridad jurídica que ofrece a la inversión extranjera. No logrará contrarrestar el temor que esas inversiones o préstamos, sean desconocidas al retorno de la democracia.
Aparte la decisión de invertir no solo depende de la seguridad jurídica, sino que también intervienen otros elementos como estabilidad macroeconómica, capital humano e infraestructura física con los cuales Venezuela no cuenta en la actualidad.
Un elemento particularmente sensible en el plano macroeconómico es el tipo de cambio, ya que cobra especial relevancia al momento de repatriar capitales. Se sabe de fricciones suscitadas entre los gobiernos de China y Venezuela, alrededor de este punto en el curso de los últimos años.
Otros condicionantes son la descapitalización del recurso humano calificado producto de la diáspora y, el pésimo estado de la infraestructura que no garantiza normalidad del servicio eléctrico, agua potable, gas, telecomunicaciones ni vías de comunicación transitables.
En el mejor de los casos, cabe esperar, alguna inversión muy puntual proveniente de los aliados políticos. Enfocada básicamente en el área petrolera y minera, que difícilmente satisfaga los requerimientos de inversión necesarios para recuperar la economía.
Así, la Ley Antibloqueo solo le servirá al chavismo para justificar sus desvaríos en el poder, pero no para recuperar la anhelada legitimidad.