El «odio» de Nicmer

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La reciente detención de Nicmer Evans bajo la acusación de haber incurrido supuestamente en el delito de incitación al odio, ha sido condenada por diferentes sectores y personalidades tanto a nivel nacional como internacional,  ante la firme presunción que se trata más bien de una medida de retaliación política, en vez de un acto de administración de justicia, por parte de un régimen enemigo de la libertad de pensamiento y de opinión.

En principio la detención de Nicmer Evans como la de otros venezolanos –entre ellas la de dos bomberos por mofarse de Nicolás Maduro utilizando un burro- bajo la acusación de haber cometido supuestos  delitos contemplados en la  “Ley Constitucional contra el odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, mejor conocida bajo el nombre de “Ley Contra el Odio”, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y  publicada en Gaceta Oficial No. 41.274 del 08/11/2017, es a juicio de connotados abogados un hecho muy cuestionable por el carácter inconstitucional de la referida ley.

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Los juristas con base en la CNRBV fundamentan la supuesta inconstitucionalidad de la Ley Contra el Odio, en los siguientes argumentos: (1) el derecho venezolano no admite la figura de leyes “constitucionales” (2) el único Poder Público facultado para dictar leyes es la Asamblea Nacional (3) el carácter ilegitimo de la ANC determinado por todos los vicios que rodearon su “elección”, hace que todos sus actos sean nulos  y (4) la ANC solo tiene mandato para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Carta Magna.

Pese a su cuestionada constitucionalidad la Ley Contra el Odio sigue cobrando victimas dentro de la disidencia política, lo cual no debe ser  motivo de sorpresa para todo aquel familiarizado con su contenido, y es que como han señalado organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios de comunicadores sociales, academias,  intelectuales e instancias internacionales más allá de sus nobles enunciados la Ley Contra el Odio va dirigida a penalizar a todo aquel que se rebele contra el régimen, realmente busca silenciar las pocas voces y espacios disidentes que aún sobreviven al cerco comunicacional.

La Ley Contra el Odio contempla la imposición de sanciones penales de hasta 20 años para quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una o un grupo de personas (Art. N°20), revocatoria de concesiones a emisoras de radio y televisión  por la difusión de mensajes de odio o propaganda de guerra (Art. N° 22), las personas que difundan mensajes de odio a través de las redes sociales serán multadas con montos que oscilan entre 50.000 y 100.000 unidades tributarias (Art. N° 22), autoriza el bloqueo de portales de información (Art. N° 22) y ordena al Consejo Nacional Electoral revocar  la inscripción de partidos políticos que promueven el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza  (Art. N° 11).

¿Qué hizo Nicmer Evans para ser acusado de infringir la Ley Contra el Odio? La respuesta es haber abandonado las filas del chavismo y, hacer causa común con la oposición por la restitución de la democracia en Venezuela. Él forma parte de esa gran mayoría de venezolanos que una vez fueron cautivados por el discurso reivindicador de Hugo Chávez, pero que después se decepcionaron ante el proceder y catastróficos resultados  de la revolución bolivariana. En efecto, siendo muy joven Nicmer Evans se incorpora como militante de  base al Movimiento V República, posteriormente se une al Partido Socialista de Venezuela (Psuv), ocupa cargos de dirección en diferentes dependencias oficiales (Alcaldía de Caracas, Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y Universidad Bolivariana de Venezuela) durante los mandatos de Hugo Chávez, en el año 2009 junto a otros miembros del Frente Francisco de Miranda formula críticas  –algo inusual en el Psuv-  al hiperliderazgo de Hugo Chávez y advierte de ciertos desvíos del proceso revolucionario, previamente a la elección presidencial de 2013 publica la carta abierta “Sumas, que no suman” que marca su rompimiento con el Psuv, se incorpora a Marea Socialista organización revolucionaria  disidente donde permanece  hasta el 2015 y finalmente en el 2017 funda el Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) que se opone abiertamente al régimen de Nicolás Maduro.

Aparte de su activismo político-partidista Nicmer Evans se ha desempeñado como profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y Universidad Bolivariana de Venezuela, también se ha destacado como articulista con marcado acento crítico en distintos medios impresos y portales de información, lo cual  hace presumir que sus cambios de posición política son el resultado de una  profunda reflexión, ese franco proceso que consiste en la reconciliación entre lo que se cree y aquello por lo que se lucha.

El llamado de  Nicmer Evans siempre ha sido a buscar salidas a la crisis en el marco constitucional, es decir, por la vía pacífica, electoral y democrática en ningún momento se ha inclinado por la intervención extranjera, muy por el contrario ha condenado  tal alternativa, a través del MDI ha intentado aglutinar voluntades a favor del ansiado cambio político, como única solución a la desgarradora crisis que atraviesa el país.

Sin embargo, la detención de Nicmer Evans extrañamente ha generado una solapada complacencia, tal vez en razón a su pasado chavista, entre algunos que dicen estar ubicados del lado correcto de la historia,  afortunadamente han sido muy pocos, lo cual no deja  de ser preocupante, tanto desde el punto de vista de las propias convicciones democráticas que se dice defender, así como en términos  de estrategia política.

Todavía hay minorías que  no han comprendido  que el rescate la democracia exige la participación de todos, que no hay lugar para la exclusión, que hay que seguir sumando fuerzas a toda costa y  que el  principio de la unidad debe privar sobre cualquier otro.

Supongamos por un momento que a Hugo Chávez se le hubiese ocurrido la ”brillante” idea, de rechazar a  todo aquel simpatizante con pasado adeco o copeyano, seguramente no habría alcanzado nunca la Presidencia de la República por falta de caudal político. La mayoría de los venezolanos que votaron por Hugo Chávez son los mismos que antes eligieron a Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Herrera, Jaime Lusinchi,  Carlos Andrés Pérez l y ll y Rafael Caldera l y ll.

Los venezolanos estamos acostumbrados a colocar y quitar gobernantes mediante el libre ejercicio del voto, no bajo las actuales condiciones que se pretenden imponer, ni tampoco con el subterfugio de la reelección indefinida, que atenta contra el principio de la alternabilidad en el poder.

 Somos muy pocos los que guardamos fidelidad hacia una determinada organización política, hoy votamos por el candidato de un partido y mañana por el candidato de su adversario, de acuerdo a nuestra apreciación de la gestión del gobernante de turno, oferta electoral  y hasta de aspectos tan subjetivos como  la simpatía o no que despierte  un candidato.

Así pues, no nos debe sorprender en lo absoluto esos transitorios cambios de preferencias electorales, es más se podría afirmar que forma parte de la idiosincrasia política del venezolano, hay una simpática anécdota –desconozco su veracidad- que ilustra perfectamente esa apreciación, se cuenta que a finales de los años noventa  cuando el dirigente adeco Humberto Celli vio por televisión,  el sensual  baile de unas  garotas en medio de una multitudinaria concentración convocada por Hugo Chávez, puso el grito al cielo exclamando: ¡Pero chico, esas son las mismas garotas de la romería blanca!.

En consecuencia,  todos  los venezolanos comprometidos con el rescate de la democracia  debemos ser solidarios con Nicmar Evans, porque él definitivamente es uno de los nuestros sin importar su pasado, hagamos borrón y cuenta nueva.

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