Al prófugo, guarecido en Miami, Andrés Felipe Arias, en Colombia lo conocemos como «Uribito» por la manera como, siendo ministro de Agricultura, se convirtió en el principal cortesano palaciego de su jefe, el entonces Presidente, Álvaro Uribe. Progresivamente, fue adoptando sus mismos gestos, frases características y ademanes corporales, lo cual causaba risas y comentarios secretos en los pasillos más estrechos del gobierno. Como si pasara sus horas libres ensayando, aprendió a remedar sus arrebatos y a minimizar el tono de su voz para alcanzar el de Uribe. Llegó a imitarle perfectamente la manera de caminar, así como el modo de dirigirse a los demás, apuntándoles con el dedo índice de la mano derecha y usando diminutivos por regla general. En los eventos públicos lucía trajes, camisas y corbatas idénticos a los de Uribe, de manera que se convirtió en su doble. Inclusive, se mandó a hacer una banda presidencial, según dicen, y dejó el ministerio para postularse a la Presidencia de la República, pero perdió en la convención del partido Conservador que no quiso escogerlo.
Por orden de un juez federal, en el transcurso de enero de 2017, el gobierno de Estados Unidos debe extraditar a Colombia a Arias, de 44 años de edad, quien huyó de la justicia para eludir una condena a 17 años y cuatro meses de cárcel, dictada por la Corte Suprema de Justicia en un proceso que estuvo lleno de garantías procesales y beneficios de defensa. No obstante, el prófugo y convicto se ha empeñado en difundir desde su escondite de Miami que la decisión judicial en su contra es obra de una «persecución política» y ha llegado al extremo de amenazar (con lágrimas chorreando por sus mejillas y tomado de la mano de su esposa) con que la paz nacional pactada con las FARC no será posible si él es llevado a prisión a purgar la pena que le corresponde por inmoral.
En respuesta a un pedido de extradición hecho por Bogotá, Arias fue arrestado en Miami y recluido en una cárcel de migrantes de La Florida, en la que permaneció hasta cuando un juez federal ordenó que sea enviado a Colombia, de donde huyó, y le concedió libertad con una fianza de US$ 100 mil mientras se surten los trámites necesarios para conducirlo a la prisión que le señalen las autoridades.
Como parte de su desesperada y extemporánea defensa frente a una condena inapelable, Arias alega que fueron las FARC y no la Corte Suprema de Justicia las que lo condenaron y pidieron a Estados Unidos su extradición por intermedio de la mesa de negociación de paz que deliberó en La Habana (instalada cando él ya estaba condenado, dicho sea de paso). Arias dice, además, que tiene «pruebas muy fuertes», que no muestra, según las cuales el Presidente Juan Manuel Santos está presionando de manera directa a su colega Barak Obama para que se lo entregue a la justicia colombiana.
En el proceso de defensa de Arias, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (su mentor y cómplice) declaró ante la justicia estadounidense, sin ruborizarse, que no existe tratado de extradición de ninguna especie entre Colombia y Estados Unidos, a pesar de que durante sus dos gobiernos consecutivos (2002-2010) extraditó a miles de colombianos y pidió a Washington a más de diez, que le fueron entregados.
En su declaración defensiva, Uribe no contó que está comprometido a amparar a Arias, entre otras cosas, porque con dineros públicos del ministerio de Agricultura el actual prófugo financió un distrito de riego de última generación para el servicio de la gigantesca hacienda El Ubérrimo, del expresidente, situada en el departamento de Córdoba, quien no pagó un centavo de su bolsillo por la obra y el beneficio que le presta sigue siendo gratuito.
También, dineros públicos destinados a financiar a los campesinos más pobres del país, Arias los desvió para «donarlos», en algunos casos a través de testaferros, a financistas de la primera campaña presidencial de Uribe, incluidos banqueros, delincuentes y grandes empresarios, de acuerdo con pormenorizadas e incuestionables denuncias hechas por el periodista Daniel Coronell, que luego fueron la base para el juicio en el que se produjo la condena, contra la que, reitero, ya no existe ninguna apelación.
El fondo público para redimir a los campesinos pobres de Colombia saqueado por Arias, con la venia de Uribe, se llamaba «Agro, Ingreso Seguro» y es por este crimen que está condenado y debe ir a la cárcel.
Cuando Uribe extraditaba personas por millares solicitadas por Estados Unidos, usaba el constante argumento de que «Colombia no puede ser refugio de criminales». Ahora, sin que haya de por medio ni el más mínimo cambio en las leyes que él usó, sostiene todo lo contrario, aún bajo la gravedad del juramento, siempre que se trate de un protegido o compinche suyo. Plantea, en síntesis, que Estados Unidos en este momento debe ser refugio un de criminales si estos criminales son sus amigos y pertenecen a la categoría de lo que él llama, en su particular saber y entender, «gente decente».
Colombia y Estados Unidos firmaron su tratado de extradición en 1980. Lo ratificaron dos años después mediante sendas leyes promulgadas por los congresos en Washington y Bogotá. Así, el acuerdo fue incorporado a las legislaciones de los dos países. No obstante, en 1988 la ley proclamada en Colombia fue anulada en una corte por vicios de trámite doméstico y el tratado, aunque vigente todavía entre los dos países, quedó sin efecto interno, a la espera de una nueva ley que todavía no ha sido promulgada. La correspondiente ley estadounidense, en cambio, goza de plena vigencia.
Así las cosas, las extradiciones que concede Colombia son tramitadas al amparo del Código Penal, lo que permite que sean más fáciles y rápidas y en esas circunstancias Uribe concedió más de dos mil, de lo que estuvo orgulloso hasta hoy, cuando su lugarteniente «Uribito» se encuentra, merecidamente, a un paso de ser enviado a pagar la pena inapelable que debe por delitos de inmoralidad pública.
Estados Unidos, por su parte, ha solicitado y concedido extradiciones a Colombia con fundamento en el tratado bilateral, pues en su derecho interno, repito, sí está vigente, en ningún momento lo ha dudado y se ha opuesto con éxito a los cientos de delincuentes que han invocado su inexistencia. Es completamente falsa la tesis de «Uribito» en el sentido de que es él el primero que esgrime ese argumento, repetidamente derrotado.
No obstante, la extradición de Arias y quienes quieren mantenerlo prófugo, como Uribe, no es para ellos un tema de naturaleza jurídica propiamente dicha. Lo saben tan bien que usan otros argumentos, tales como que es un «perseguido de las FARC» (que nunca antes lo persiguieron) y víctima del Presidente Santos porque no comparte sus ideas. Plantean el asunto como un desquite político sin explicar cuáles puedan ser las razones.
Ante la inminencia de su extradición por delitos concretos, «Uribito» se ha entregado a difundir por las redes sociales mensajes lastimeros en los que le pide clemencia a Santos, a sabiendas de que quien lo reclama por corrupto es la justicia de Colombia y no el gobierno.
En uno de sus mensajes al presidente de Colombia, dice: «Usted sabe que a mí me condenaron injustamente y sin pruebas. Según su gobierno, no hay tratado de extradición para que no esté obligado a extraditar a EE. UU. a los jefes de las FARC, pero sí hay tratado para que a mí me extraditen nuevamente hacia Colombia». No obstante, esta falsedad se cae por su propio peso si tenemos en cuenta hechos tales como que la última extradición a Estados Unidos fue concedida, sin objeciones, hace 15 días y hay en curso decenas de ellas.
Es muy diciente que «Uribito» no se refiere nunca, ni por equivocación, a la condena disciplinaria que, por los mismos delitos, le impuso en 2011 el entonces Procurador General, Alejandro Ordóñez, conservador de extrema derecha y abiertamente correligionario y militante de las causas y las ideas de Uribe y suyas. Al hallarlo culpable, le aplicó el castigo de destitución y otro más que le impide desempeñar cargos públicos durante 16 años. De los cuatro cargos que le hizo, tres los calificó de «falta gravísima». Debería salir hoy a decir si considera que esto también fue determinado por las FARC.
En actitud abiertamente cobarde, «Uribito» utiliza a su esposa y a sus propios hijos menores de edad para inspirar lástima y alegar que separarlo de ellos será doloroso. Y debe serlo, como les ocurre prácticamente a todos los delincuentes del mundo que son enviados a prisión. No obstante, fue antes de delinquir cuando debió haber reflexionado sobre el daño que su comportamiento criminal le causaría a su familia. Y al país.
«No despedace más a mi familia. No me vuelva a separar de mis hijos», sostiene «Uribito». Si el Presidente de verdad debiera obedecer a ese clamor, tendría entonces que desocupar todas las cárceles de Colombia por las mismas razones.
Carlos Arturo Toro López, el abogado penalista que más casos de extradición ha llevado en Colombia, me explicó que no le encuentra peso, razón ni salida a ninguno de los disparates con los que Uribe y «Uribito» quieren torcerle el cuello a una sentencia en firme de la Corte Suprema de Justicia.
Los infortunados argumentos de ambos en busca de impunidad para un delincuente que ya fue condenado en un juicio público y lleno de garantías, no se compadecen con las injusticias infrahumanas cometidas durante su gobierno con personas humildes, inocentes e indefensas que fueron extraditadas arbitraria e injustamente y devueltas completamente arruinadas, deshonradas, enfermas y humilladas, cuando la justicia de Estados Unidos encontró que no podía enjuiciarlas por falta absoluta de pruebas contra ellas y porque simplemente no eran los colombianos a los que se referían las acusaciones.
El mejor compendio de las infames injusticias cometidas contra esos colombianos, casi todas ellas obra de Álvaro Uribe, está en el reciente libro Extraditados por error (editorial Planeta) del periodista José Guarnizo, que recomiendo.
Son historias de colombianos misérrimos y sin dolientes, a quienes los derechos que los asisten no les alcanzaron ni para haber hecho de sus casos telenovelas de mala muerte. Como esta zarzuela de lágrimas y traiciones inventada por «Uribito» con una caja de resonancia descomunal. Propongo que la llamen El prófugo que llora.