Elecciones del 6-D son las más restrictivas en los últimos 20 años

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“Es evidente que ningún sistema de votación por si solo puede garantizar la confianza de la población y de la comunidad internacional en el proceso electoral y en sus resultados. La confianza en los procesos electorales comienza con una serie de factores, como el arbitraje imparcial institucional, seguridad jurídica y un marco regulatorio con reglas claras de competitividad”, manifestó el periodista y analista electoral Eugenio Martínez, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en nombre de académicos y organizaciones de monitoreo electoral de Venezuela. 

Aseguró que “Venezuela, en su sistema político electoral, carece de estos factores, convirtiendo las elecciones convocadas para el 6 de diciembre en el evento con las peores condiciones políticas y técnicas a las que ahora se unen el riesgo sanitario por el COVID- 19”. 

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El especialista recordó que para este evento comicial se cuenta con una nueva autoridad electoral, un nuevo sistema de adjudicación de cargos, un nuevo ecosistema de partidos políticos y un nuevo sistema automatizado de votación que, hasta la fecha, es desconocido para la población venezolana. 

“Tenemos cuatro nuevos elementos; sin embargo, ninguno de esos factores garantiza la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. La autoridad electoral venezolana fue renovada parcialmente y fue impuesta por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo las facultades exclusivas e influyentes que tiene la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Entre las nuevas autoridades electorales se incluyen a dos magistradas del referido tribunal”, explicó. 

Recordó que la actual presidenta del Poder Electoral Venezolano, Indira Alfonso, fue la ponente y quien dictó la sentencia que impidió incorporarse a la Asamblea Nacional a los tres diputados por el estado Amazonas y el representante indígena por la región sur Amazonas-Apure. 

“A pesar que la nueva presidenta del CNE siendo presidenta de la sala electoral del TSJ dictó ese amparo el 30 de diciembre de 2015, casi 5 años después no dio respuesta a la resolución de ese juicio. De hecho, la magistrada Indira Alfonso, hoy presidenta del CNE, es también la responsable de imponer el desacato del actual Parlamento. A partir de su decisión, se han generado en los últimos 5 años más de 100 sentencias para quitar las competencias del Parlamento electo el año 2015, entre esas competencias está la designación de las autoridades del Poder Electoral”, detalló. 

Martínez afirmó que el nuevo esquema de adjudicación de cargos tampoco se ajusta a lo establecido en la ley electoral y mucho menos a la Constitución. 

“La usurpación de las competencias legislativas por parte de la sala Constitucional del TSJ provocó que se asignara al directorio impuesto por el Consejo Nacional la potestad de modificar 15 artículos de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) y esto es importante tenerlo en cuenta, porque uno de los principales argumentos para decir que no se puede posponer la elección del 6 de diciembre es que se violaría la Constitución”, sostuvo Martínez. 

“Pues bien, para convocar el proceso electoral de diciembre se ha violado la Constitución reiteradamente y, entre otros aspectos, con el nuevo sistema de adjudicación de cargos se desconoce la base poblacional del 1,1% y se amplía el Parlamento a un tamaño de 277 parlamentarios, manteniendo un sistema de sobrerrepresentación de mayorías, aunque taxativamente la Constitución venezolana exige tener un sistema de representación proporcional”, señaló. 

En cuanto a la intervención de las organizaciones políticas por parte del Poder Judicial, Martínez recordó que es una práctica que comenzó en el año 2012 y hasta la fecha son 20 los partidos políticos que han sufrido algún tipo de intervención judicial. 

Sistema automatizado de votación

Martínez se refirió al sistema automatizado de votación, y señaló que una de las principales fortalezas de los procesos electorales en Venezuela se ha convertido en una de sus principales debilidades. 

“El sistema automatizado que tenía Venezuela fue implementado exitosamente durante 10 o 12 años, fue utilizado en más de 16 elecciones nacionales, regionales y locales. En el año 2017, la empresa proveedora del sistema automatizado, Smartmatic, decidió abandonar el país después denunciar que la entonces presidenta del CNE (Tibisay Lucena) manipuló los resultados de participación de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, celebrada en julio de ese año”, dijo. 

Indicó que en marzo de este año no solo se perdió 98% de los equipos de votación, “sino que se destruyó toda la infraestructura física y tecnológica instalada, líneas de producción de auditoria y las máquinas de votación”. “Smartmatic como proveedor del software venezolano ha dicho que su programa no puede correr en equipos que no sean homologados por esta empresa y aquí comienza las dudas que se tienen sobre el sistema automatizado del 6 de diciembre”, señaló. 

Añadió que a 78 días de la elección se desconocen las principales características del software y el hardware que se utilizará el 6-D. “Los técnicos electorales que participaron en las anteriores auditorías calculan que se necesita en un escenario ideal, 6 meses, para tener plena conciencia y respeto para los resultados que se van a anunciar”. 

Reveló que el CNE no ha tomado ningún tipo de recomendación sanitaria para las elecciones del 6 de diciembre, con el fin de evitar que el proceso electoral se convierta en un brote importante de coronavirus. 

Eugenio Martínez aseguró que para lograr elecciones, justas, transparentes y libres se necesita “completar un arbitraje electoral institucional e imparcial”, y esto podría lograrse mediante la reinstitucionalización de los poderes públicos.

“Se necesita observación electoral internacional calificada. También se necesita dar solución al secuestro judicial de los partidos políticos, acceso equilibrado a los medios de comunicación y, especialmente, que exista garantía de cumplimiento a ese compromiso.  Se necesitan unas auditorías técnicas del proceso para poder comprobar que los programas de escrutinio, transmisión y totalización de resultados funcionan como se espera que deban hacerlo”, apuntó. 

También considera necesario la suspensión de las inhabilitaciones, así como “la suspensión de los llamados puntos rojos que son estructuras partidistas”. “Es necesaria la suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente, se necesita la actualización del Registro Electoral, se necesita garantizar el cese de medios públicos como aparatos de propaganda del gobierno y garantizar normas sanitarias que eviten que una elección se convierta un foco de contagio de COVID-19”, explicó.

Seguimos con mucha incertidumbre 

Por su parte, el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Caleca, advirtió que a menos de 90 días para celebrarse las elecciones parlamentarias sigue sin conocerse con cuáles equipos y con qué plataforma se realizará el proceso.

Aseguró que según fuentes de “altísimo poder” dentro del Consejo Nacional Electoral, el proceso de votación se encuentra actualmente paralizado por falta de recursos financieros, ya que el Ejecutivo nacional no ha desembolsado el dinero que se necesita para pagar toda la logística del proceso electoral.

Enfatizó que para esta fecha ya tendría que haberse hecho público el proceso de licitación, así como las características de las máquinas.

Destacó que, a pesar de la renovación de las autoridades del CNE, el mayor del ejército Carlos Quintero es quién está a cargo del proceso de adquisición del hardware y eso, lamentablemente, hace que el proceso no sea confiable. “Estamos frente a un factor más que suma a la necesidad de suspender el proceso”. 

Caleca señaló que el TSJ  no ha dado respuesta al recurso de amparo interpuesto por su persona y otros especialistas para solicitar la nulidad de la convocatoria a elecciones.

Alegan que los comicios estarían viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad por la manera en la que el máximo órgano comicial ha modificado los reglamentos.

“Tratándose de una acción de amparo tuvieron que haber dictado una acción cautelar y suspender el proceso mientras analizaban”, dijo.

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