El Observatorio de Conflictividad Laboral y Sindical del Instituto
de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) registró un total de 1.029 conflictos
laborales durante 2019 en Venezuela. Principalmente fueron protagonizados por
trabajadores del sector salud y de las empresas básicas, quienes entre otras
exigencias reclamaron mejoras salariales y condiciones de trabajo óptimas.
La acelerada inflación, la devaluación del bolívar, así como
el complicado panorama político, junto a la violación reiterada de Derechos
Humanos, ha provocado la segunda crisis migratoria del mundo, según cifras del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estas condiciones
se mantienen o empeoran cada día.
Los trabajadores señalan que no pueden cubrir sus
necesidades básicas con los salarios que devengan actualmente. Y trabajadores de
distintos sectores han reclamado por las pésimas condiciones en las cuales se
encuentran colegios, hospitales, empresas básicas, que también dificultan el
desempeño de sus labores.
Destacan igualmente que los reiterados apagones nacionales
ocurridos durante el mes de marzo de 2019 son el reflejo de una crisis de
servicios básicos que afecta no solo a los trabajadores, sino a la sociedad en
general.
Precisan además que el sector educativo se ha visto mermado
por la deserción escolar, la renuncia de docentes y las precarias condiciones
de infraestructura en las cuales se encuentran las escuelas y los liceos
venezolanos. 60% de la población estudiantil se ha ido, según palabras de la
diputada Bolivia Suárez, quien preside la subcomisión de Educación de la Asamblea
Nacional. Los docentes han convocado a 68 paros, cuatro de estos a nivel
nacional, para reclamar sobre su situación, la cual consideran insostenible.
Advierten que la libertad sindical también se ha visto
seriamente afectada. El caso de Rubén González, dirigente sindical de CVG
Ferrominera del Orinoco, a quien le fue injusta e irregularmente dictada
sentencia de condena de cinco años y nueve meses de prisión, por liderar
protestas laborales, resultó emblemático durante 2019 como un grave atropello a
tal derecho laboral.
Respecto a los conflictos laborales de 2018, durante 2019 se
mantuvieron la toma de calles (13%), las huelgas (35%) y las denuncias (35%)
como los principales medios empleados por los trabajadores para mostrar su
descontento por bajos salarios (43%), condiciones de trabajo (24%), acoso
laboral (7%).
La mayor participación en los reclamos fue de los
trabajadores de Distrito Capital (27%) y los estados Bolívar (18%) y Lara
(10%).
Esto fue constatado por la Comisión de Encuesta establecida
por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para examinar una queja presentada contra el gobierno de Venezuela, en un
histórico informe adoptado durante 2019. En este se señala que existen
prácticas que atentan contra los derechos de trabajadores y empleadores, y se
pide el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución,
estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u
organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o
sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos
no se repitan en el futuro.
Además, en el informe se exhorta a la liberación inmediata
de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación
con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones.
Desde el Inaesin esperan que 2020 represente un cambio
favorable para los trabajadores, en el cual cesen los atropellos a sus
derechos, y las condiciones de trabajo comiencen a ser óptimas para el
desarrollo de labores de vital importancia para la sociedad, mediante políticas
de Estado que les beneficien, así como la participación ciudadana en la
discusión y reclamo de cada uno de los temas relacionados al ámbito laboral.
El trabajo, que es fundamental para el crecimiento y
funcionamiento económico del país, requiere respeto y este debe comenzar en el
respeto a los trabajadores. Que la crisis sirva como motor para impulsar la
institucionalidad y los valores que el trabajo y la sociedad necesitan.
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