La ONG Espacio Público registró en el mes de marzo 59 casos que se tradujeron en 120 violaciones a la libertad de expresión, donde la intimidación, la censura y las restricciones administrativas repuntaron el registro como las más frecuentes, en su mayoría relacionadas con la cobertura de la cuarentena, detenciones arbitrarias y censura a través de la prohibición de la difusión de información. De los 71 afectados(as), el 52% son periodistas y reporteros, el 12 % son medios de comunicación y el 15% son trabajadores de la salud y ciudadanos.
Destacan que en el contexto de la pandemia se registraron al menos 18 detenciones a personas que realizaban labores de búsqueda, recepción y transmisión de información, un derecho consagrado constitucionalmente. Una de estas fue la del periodista Darvinson Rojas, quien fue aprehendido por funcionarios de las FAES en su residencia el 21 de marzo.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Rojas logró denunciar que los funcionarios llegaron a su casa alegando que debía acompañarlos pues habrían recibido una llamada anónima que informaba que supuestamente estaba contagiado de Covid-19 y que de no acatar la orden, sería detenido, precisó la ONG,.
Destacan que la detención se llevó a cabo sin una orden, siendo un procedimiento completamente arbitrario en el que también se llevaron detenidos a los padres de Darvinson; Miriam Sánchez y Jesús Rojas, este último agredido en la cabeza durante el procedimiento. Siendo liberados horas más tarde.
Dos días después, el Ministerio Público (MP) imputó a Rojas por instigación al odio e instigación pública; delitos contemplados en la inconstitucional «ley» contra el odio, en una audiencia realizada el 23 de marzo.
También en Caracas, la periodista del portal digital Caraota Digital, Rosalí Hernández, fue detenida por funcionarios de las FAES cuando realizaba un recorrido por las calles de Catia, municipio Libertador haciendo cobertura a las jornadas de esterilización el gobierno local realizaba en las haciendo en las calles, el 24 de marzo.
Las trabajadoras del portal Crónica Uno, Tairy Gamboa (fotógrafa) y Ariadna García (periodista), también fueron hostigadas por cuatro funcionarios de PoliCaracas, quienes las obligaron a borrar el material que habían grabado tras realizar un recorrido por el mercado de Catia, parroquia Sucre, en donde las personas acudieron para abastecerse de algunos alimentos tras el decreto.
Después de hacer una foto, se me acerca un PoliCaracas sin identificarse y me pidió mi cédula y mi carnet como también a la periodista y a los dos motorizados que estaban con nosotras. Nos amenazaron con llevarnos al comando si no borrábamos las fotos. Uno de los policías me pidió que las eliminara allí mismo para evitar llevarme hasta el comando. No puse ninguna resistencia, indicó Gamboa.
Finalmente, Espacio Público indicó que también registraron bloqueos en Internet y expresaron además que las fallas en el suministro de electricidad también afectaron el servicio.
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