A propósito del indulto presidencial dictado en días pasados por la administración de Nicolás Maduro, un grupo de esposas de presos políticos militares venezolanos manifestaron su alegría por la libertad de 50 presos políticos y el fin de la persecución contra un grupo de dirigentes políticos que se mantenían en la clandestinidad y el exilio. Al mismo tiempo lamentaron que los oficiales detenidos no fueran incluidos en la medida del Ejecutivo.
Yocelyn Carrizales de Marín, esposa del comandante del Ejército Igber Marín Chaparro, reiteró que abraza con gran alegría a todas esas familias que hoy reciben en sus casas a padres, madres, hijos y hermanos que nunca han debido estar presos. Precisó que, al igual que sus dos pequeños hijos: Rodrigo y Manuela, sueñan con el día de poder abrazar a su padre en libertad.
«Han sido años muy duros, de incertidumbre, angustia y dolor. Hemos vivido un verdadero calvario y no hemos obtenido una respuesta esperanzadora», lamentó la cónyuge de este oficial detenido por razones políticas.
Por su parte, Leonela Difurt, esposa del comandante del Ejército Henry Medina Gutiérrez, abogó porque los militares sean tomados en cuenta como lo hacía el fallecido presidente Hugo Chávez, quien incluso puso a votar al sector castrense. «Pedimos que el ejecutivo considere darnos algún beneficio para que todos los niños puedan tener de regreso a sus padres en casa».
Entre tanto, Keyla Flores de Molina, esposa del teniente coronel de la Aviación Ruperto Molina Ramirez, tras saludar estas liberaciones, planteó que su esposo lleva dos años y cuatro meses privado de su libertad sin pruebas ni juicio que lo condene. «Mi esposo ha padecido fuertes deterioros de salud debido en consecuencias de las torturas (…) él no merece estar en las condiciones en las que se encuentra. Sus hijos merecen abrazarlos en libertad y crecer junto a su padre», subrayó.
Medidas humanitarias
Estas voceras del grupo de familiares de presos políticos militares coincidieron en hacer un llamado al Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, y a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para que en el proceso de reconciliación que han anunciado al país sean incluidos estos oficiales que han entregado la mitad de sus vidas al servicio de la defensa de la República.
A este último llamado se sumó Lilia Camejo Gutiérrez, abogada y directora de la ONG Justicia Venezolana, quien subrayó la necesidad de que se revisen las causas de 260 militares que permanecen en prisión sin haber cometido delito, muchos de ellos con fuertes complicaciones de salud y ahora en grave riesgo por la pandemia del COVID-19.
«Basta de la inclemencia con los presos políticos militares que siempre son dejados de lado con medidas procesales dictadas desde el Poder, estos 260 uniformados, cifra más alta entre los presos políticos del país, merecen medidas humanitarias que les permita poner a resguardo sus vidas», detalló la jurista.
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