Ex guerrillas colombianas y guatemaltecas: Democracia o Narcotráfico

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    El asesinato de tres militares a manos de supuestos campesinos en el nor-oriente de Guatemala, ha provocado el establecimiento del Estado de Sitio en casi 17 mil kilómetros cuadrado del territorio nacional, o sea, casi la sexta parte de ese país centroamericano.

    La versión del ejército indica que la patrulla militar visitaba una de las comunidades en una misión ordinaria de vigilancia, y fueron detenidos, desarmados y agredidos con armas de fuego de alta potencia por una turba. La razón, aparentemente, fue la obstrucción de un operativo de vigilancia rutinaria en una zona agrícola donde hay poca presencia del Estado y alta evidencia de narcotráfico, con pistas clandestinas, carreteras que cruzan el país desde Honduras y hacia México, y con cercanía de puertos nacionales y hondureños.

    Un exlíder guerrillero guatemalteco aparece en la trama de este desagradable incidente. Es un excombatiente y asesino confeso, a quien en los primeros días posteriores al ataque se atribuyen declaraciones indicando que si las fuerzas armadas regresaban, él mismo las combatiría hasta su exterminio, pues él “representa la seguridad del pueblo en esa zona”.

    La declaración de Estado de Sitio –uno de los órdenes legales que restringe las garantías individuales y colectivas y que permite el uso de la fuerza gubernamental para salvaguardar el orden público- generó una serie de contradicciones entre los políticos locales, pues a poco menos de cuatro meses para completar su mandato, el presidente Jimmy Morales está sometido a crítica de todos los sectores de la opinión púbica.

    Una cosa es cierta: la constitución política del país ordena al gobierno preservar el orden público y garantizar la seguridad del territorio nacional, por lo que un ataque contra una unidad militar en una zona donde hay indicios de narcoactividad, constituye una razón para ejercer las medidas necesarias para establecer y mantener el control del área.

    Los principales críticos del Estado de sitio son los sectores de la izquierda. Coinciden en sus puntos de vista con los expresados por el exlíder guerrillero involucrado en el tema y sobre quien ya pesa una orden de captura a nivel nacional. Tanto esos políticos como el exguerrillero rechazan al ejército y ahora, con el incidente en una zona de narcotráfico, no es tan aventurado suponer que puede existir una inconfesable e incómoda vinculación entre quienes producen procesan, venden y trafican drogas, con los opositores a las medidas de control.

    La experiencia no es nueva a nivel continental. En Colombia se experimenta desde hace varios días, la división entre las guerrillas, pues mientras una facción optó por incorporarse al proceso democrático y activa como partido político, otra ha anunciado el reinicio del conflicto armado y se supone se ha vinculado con narcotraficantes de Venezuela y de la misma Colombia. Obvio: es mejor negocio cortoplacista y sin escrúpulo alguno vincularse con el narco que con la democracia.

    Ante esta realidad, los ojos de Estados Unidos seguramente ya están poniendo especial atención en el incidente guatemalteco. Así como los zetas, los templarios y otras organizaciones armadas surgieron en México para defender primero y participar luego del narcotráfico, patrones similares crecen en los países de producción y tránsito de drogas.

    Pero la pregunta que se harán congresistas y senadores norteamericanos es, que ha pasado con las decenas de millones de dólares que se le invirtieron al experimento llamado CICIG cuyo mandato primigenio era combatir las organizaciones paralelas al Estado y el crimen organizado, al día de hoy luego de 13 años, CICIG no reporto ni actuó en contra de los traficantes de migrantes, de armas o de drogas, con el comisionado Iván Velázquez, se limito a montar shows mediáticos, detener a unos cuantos funcionarios señalados de corruptos, cuya mayoría al día de hoy no tienen sentencia y muchos casos fueron sustentados con dudosas pruebas testimoniales o pruebas materiales falsas

    El legado y resultado es que Guatemala se enfrenta ahora a la probabilidad de una nueva guerra donde la nación centroamericana pondrá de nuevo los muertos y otros llevaran las armas.

    Que penoso