La Fundación Redes (Fundaredes), organización que se encarga del monitoreo y defensa de los derechos humanos y organización social, denunció en un informe que la guerrilla colombiana capta a niños venezolanos para ingresarlos a sus filas.
En su boletín número 13, la organización publica; En Venezuela actúan diversos frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que en Táchira se han dado a conocer como Colectivos de seguridad fronteriza, el Ejército Popular de Liberación (EPL), además de grupos paramilitares y bandas criminales con alto poder de fuego vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.
El director de Fundaredes, Javier Tarazona, aseguró a HispanoPost que las autoridades venezolanas los protegen, los resguardan, los custodian, hacen el trabajo acompañados, son la misma gente. Es triste decirlo, hay una sociedad de cómplices entre la Fuerza Armada Nacional y quienes ostentan el poder y estos grupos irregulares.
En el boletín Fundaredes detalla que la crisis económica en Venezuela ha sido aprovechada por estas organizaciones criminales para intentar calar más fácilmente en niños y jóvenes, a quienes les ofrecen útiles escolares y regalos, e incluso dinero para convencerlos de que formen parte de sus filas, a sabiendas de que los padres cuentan cada vez con menos recursos para proveer a sus hijos una alimentación adecuada, mucho menos de útiles escolares o juguetes.
Tarazona señaló que desde el año 2016 la evolución de la presencia de estos grupos irregulares se ha acentuado. Hay un ambiente de mayor penetración, estamos hablando que no es solo Táchira y Apure sino otros estados como Bolívar y Amazonas con presencia en las escuelas con el objetivo de reclutamiento, afirmó.
Destacó que recibieron denuncias de habitantes de comunidades rurales de los estados Táchira, Bolívar, Apure, Zulia y Amazonas que indican que durante el receso escolar (julio y agosto) el Ejército de Liberación Nacional aplicó un censo en sus casas para precisar el número de niños y niñas de cada comunidad que asiste a clases, su rango etario, su nivel de escolaridad e identificar sus necesidades con miras a una entrega masiva de útiles escolares.
El informe subraya que hay un alarmante número de estudiantes que estarían en situación de vulnerabilidad debido a este censo: En Táchira unos 6.076 de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Rafael Urdaneta, Capacho Nuevo y Capacho Viejo, Libertador, Fernández Feo; en Zulia 3.949 niños de los municipios Catatumbo, Guajira, Jesús María Semprún, Jesús Enrique Lossada y Machiques; en Apure 4.129 niños de los municipios Páez, Achaguas, Muñoz, y otras zonas de difícil acceso y desprotegidas por los organismos de seguridad venezolanos; en Amazonas 2.233 niños de los municipios Autana, Atabapo, Alto Orinoco y Atures, que son presa fácil en aldeas, barriadas, zonas vulneradas y sin protección de las Fuerzas Armadas; en Bolívar 4.237 de los municipios Cedeño, Sucre, Sifontes, Padre Chien, Roscio y Piar. Esto suma 20.624 estudiantes que habrían sido censados por la guerrilla colombiana para recibir útiles escolares e influencia directa de este grupo armado.
Tarazona alertó que pese a que la actuación de estos grupos irregularidades se realiza hasta el momento en los estados fronterizos, estas prácticas podrían extenderse debido a que las guerrillas tienen presencia en 17 estados del país.
En nuestro último mapeo presentado a la fiscalía colombiana denunciamos que la guerrilla colombiana está presente en 17 estados de Venezuela. Tenemos constancia de ello.
Al ser consultado acerca de cómo ve la población a estos grupos irregulares, Tarazona respondió: Hay miedo, pero también habituación. Es lamentable que la población conoce, valida y aprueba la actuación de estos grupos.
Fundaredes informó que han agotado todos los recursos en instancias nacionales, como el Ministerio Público, quienes a juicio de Tarazona se han negado a reconocer el problema. Acudieron también a la CIDH y a la Corte Penal Internacional, donde ya se abrió una investigación contra el Estado venezolano y entregaron un informe a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, con todos los detalles de esta denuncia.
El equipo de la ONG informó que trabajará en conjunto con la Asamblea Nacional para seguir visibilizando lo que denominan como una tragedia para los niños y la población venezolana.