Impunidad y ausencia de políticas públicas potencian maltrato infantil

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El maltrato y abuso infantil ha sido otro flagelo que se ha potenciado durante los días de cuarentena por el coronavirus. De acuerdo con los expertos, tiene que ver con la poca preparación que poseen los padres y representantes para convivir 24/7 con sus hijos, ayudarles en sus labores escolares y responder a sus necesidades básicas de la infancia; además de cumplir con las obligaciones típicas del hogar y el trabajo.

Y como ha sucedido con los casos de violencia de género o crímenes de odio, en Venezuela no existe data oficial de los casos de agresión contra el niño, niña y adolescente. “Yo siento que a veces no es fácil hablarles a los medios porque no tenemos la data precisa. Todo el mundo sabe que ha pasado, que ha empeorado porque los casos están ahí, pero no hay números”, explicó a HispanoPost José Gregorio Fernández, sociólogo y director general de Proadopción.

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No obstante, Nelson Villasmil, consejero de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Sucre, explicó que las instituciones del Estado se han mantenido prestas a responder a las denuncias. Sin embargo, admitió que en la mayoría de los casos predomina la impunidad. “La ley dice que los niños, niñas y adolescentes son sujeto de protección, por lo que deben ser atendidos por los cuerpos de seguridad como un individuo pleno de derechos”.

El abuso o maltrato al menor de edad puede ser infligido por un familiar, docente o un vecino, incluso por otros niños. También el Estado tiene su cuota de responsabilidad en el aumento de violencia al infante o al adolescente. La más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019- 2020 (Encovi) reflejó que al menos 166.000 niños menores de 5 años se encuentran en estado de desnutrición. Asimismo, 30% de los niños en Venezuela registran desnutrición crónica.

La emergencia humanitaria por la que atraviesa Venezuela es, en gran medida, la causante de que al menos 4 millones de venezolanos hayan abandonado su tierra y su hogar, lo que ha generado el fenómeno de los “niños dejados atrás”.  “Migraron, dejando a sus hijos con un encargado, con la intención de producir y poderlos rescatar posteriormente”, explicó Fernández, también miembro del Consejo Consultivo de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) y consultor especialista en proyectos sociales, infancia y adolescencia.

En el caso del embarazo adolescente en relaciones con gran diferencia de edad, Villasmil aseguró que también se habla de abuso al menor. “Las adolescentes de 15 años que establecen relaciones de pareja con mayores de 60 años las dejan embarazadas, le vulneran los derechos a ese niño recién nacido. La adolescente no tiene la madurez necesaria y el señor ya cumplió su ciclo, no está en edad de ofrecerle oportunidades a su hijo recién nacido. Además, si a los 15 años ya parió, estamos halando de que esa relación empezó cuando tenía 13 o 12 años, ahí no hay consentimiento”.


Violencia en el hogar


“Niños en casa con un papá o una familia que no le podía proveer los recursos básicos, imagínalos ahora sin empleo, con la familia en casa, encerrada, que no los dejan salir a buscar el sustento. A lo interno de los hogares eso está generando muchísima violencia. La rabia se drena dentro de la familia y se agreden entre ellos”, explicó Fernández. “Los niños en Caracas están llegando a los consejos de protección a denunciar de lo que son víctimas”.

Aseguró que, a pesar de la ausencia de cifras oficiales, las fundaciones suelen conocer los casos de maltrato infantil de primera mano, es decir, de la fuente que generalmente denuncia el hecho ante el consejo de protección o a través del boca a boca. “Hemos tenido que abordar casos de abuso sexual, niños que fueron agredidos. Hace poco a un niñito su papá le cortó 3 deditos, porque quería comer. El papá estaba picando unas verduras y en un arrebato de rabia se llevó los dedos del niño”.

Fernández añadió que estos casos de violencia dentro del hogar se ven incluso en las familias de más alto nivel socioeconómico y educativo. Aunque para el consejero del municipio Sucre, barriadas como Petare son, lo que llaman coloquialmente, territorios sin ley. “En Petare no hay reglas claras, hay poco control de esos casos. Últimamente se han presentado más casos, no es que no se presenten con frecuencia, pero con el confinamiento se han conocido de muchos más casos, sobre todo de abuso sexual entre niños y adolescentes o de un familiar hacia el menor”.  

Cuando la pregunta es qué pasa con esos niños que denuncian maltrato de parte de su cuidador, Villasmil dijo que el funcionario policial que recibe la denuncia está obligado a hacer un trabajo de investigación posterior. “Lo primero es ubicar a los padres y luego investigar cuál es la realidad dentro del hogar, si no hay nada que ponga en entredicho a los padres, el niño debe volver a su hogar”.

A preguntarle sobre el caso hipotético de que el niño o adolescente solo conviva con uno de los padres o un cuidador asignado y sea este el agresor, cuál es la medida de protección para el menor de edad, Villasmil se refirió a la impunidad en estos casos.

“Cuando esto pasa, se hace el enlace con el Consejo de Protección y la Fiscalía. Si no han pasado 24 horas del hecho, PoliSucre apresa al agresor. Lo que pasa es que en estos casos hay mucha impunidad porque no ocurre en flagrancia. Cuando se le pregunta a la víctima ya han pasado días de lo sucedido, así que el caso se investiga, pero sin detención del agresor”, dijo.

Infractores de la ley


Villasmil agregó que la decisión de devolver a la víctima a su casa, una vez que se consulten fuentes cercanas sobre la situación, responde a que “siempre se va a privilegiar que el niño esté con su familia, la separación del núcleo familiar es el último recurso”. Aseguró que últimamente ha habido un “cambio de paradigma”, ya que, en muchas ocasiones, son los mismos menores de edad los que acuden al Consejo de Protección a denunciar la situación violenta o de vulnerabilidad por la que están atravesando.  

Explicó que cuando un niño menor de 14 años comete un delito en defensa o porque “a eso es que está acostumbrado a ver en su hogar”, no es sancionado por la ley ni responde por sus actos ante un penal, sino que es tratado a través de psicoterapias para su reeducación. Sin embargo, cuando el agresor es un adolescente mayor a los 14 años debe responder a un procedimiento penal especial, donde el último castigo aplicable es la privación de su libertad.

“La ley dice que el adolescente se equivocó y entra en conflicto con el adolescente. Así que este adolescente mayor de 14 años que cometió algún delito entra en un proceso socioeducativo, porque se considera que puede redimirse de sus actos. La privación de libertad es el último recurso y va a depender de la gravedad de sus actos”, aseveró Villasmil.

Algo similar explicó Fernández, quien aseguró que desde Proadopción siempre buscan la reinserción de estos niños al entorno del hogar, además de luchar contra la segregación que se aplica por parte de la sociedad contra los menores infractores o agresores. “Suelen ser excepcionales estos casos, que normalmente la sociedad no quiere ni ver, pero la realidad es que efectivamente en un momento dado se defienden”.  

“Están los niños dejados atrás, los que se están criando en orfandad, los maltratados, desnutridos, los que están perdiendo clases y acumulamos todo eso. Pero, además, no sabemos abordar el caso de los niños que están vulnerando la ley. No hay medidas para aplicar a estos niños, lo único que hay son retenes para adolescentes, pero como la sociedad no está preparada para esto,los están metiendo en cualquier parte a pagar su pena”.

Para el sociólogo, la vulnerabilidad a la que se expone un menor de edad, o cualquier otro individuo, de vivir en condición de calle en plena pandemia, genera una situación de violencia en su entorno, que solo se acrecienta desmedidamente. “El niño o adolescente que no puede ser educado adecuadamente, cuando se cría lo hace con vocación de pran porque es lo que ve como normal. La lógica que está manejando la sociedad en estos casos es la pena de muerte, no es casualidad que exista el exterminio”.  

Se mostró descontento porque, a su juicio, en Venezuela no hay políticas públicas que sumen a la reinserción del niño, niña y adolescente que haya cometido algún delito. “Vemos los esfuerzos que se están haciendo en otros países y están impactando a las sociedades. Cuando la familia está bien, sus miembros están bien. Es un factor de protección extraordinario a tener una familia”.

“A lo mejor yo lo veo de anteojito, porque me dedico a conseguirle familia a estos niños en situación de vulnerabilidad, pero es necesario que también la sociedad lo vea así. Por eso, mi mejor etiqueta es la de papá de corazón, mis dos hijos son adoptados. Vivir la experiencia es lo que te hace abrir los ojos”, acotó Fernández.

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